La tortura franquista, por fin, ante la justicia

Despu¨¦s de 48 a?os desde el fallecimiento del dictador, un ciudadano, que sufri¨® grav¨ªsimas torturas durante su detenci¨®n policial en 1975, comparece para denunciarlas ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 50 de Madrid. Constituye un acontecimiento hist¨®rico en cuanto desvela ante un ¨®rgano judicial los m¨¦todos crueles y deshumanizadores empleados por la Brigada Pol¨ªtico-Social. Hecho que no puede separarse d...

Despu¨¦s de 48 a?os desde el fallecimiento del dictador, un ciudadano, que sufri¨® grav¨ªsimas torturas durante su detenci¨®n policial en 1975, comparece para denunciarlas ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 50 de Madrid. Constituye un acontecimiento hist¨®rico en cuanto desvela ante un ¨®rgano judicial los m¨¦todos crueles y deshumanizadores empleados por la Brigada Pol¨ªtico-Social. Hecho que no puede separarse de la aprobaci¨®n y vigencia de la Ley 20/2022 de Memoria Democr¨¢tica, de 19 de octubre, que, por fin, declara que los delitos de tortura, como otros muchos, son ¡°imprescriptibles y no amnistiables¡±. Ley que, a su vez, crea, como ¨®rgano investigador de dichos delitos la Fiscal¨ªa de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica, presente en dicha diligencia judicial.

La trascendencia de dicho acontecimiento, y de los que, masivamente, se sucedieron, resulta muy relevante, cuando se conocen los or¨ªgenes de la Brigada Social, en 1941, hasta que, muy tard¨ªamente, es suprimida el 9 de diciembre de 1978. Su fin es el siguiente: ¡°As¨ª podr¨¢ la nueva Polic¨ªa espa?ola llevar a cabo la vigilancia permanente y total, indispensable para la vida de la Naci¨®n, que en los Estados totalitarios se logra merced a una acertada combinaci¨®n de t¨¦cnica perfecta y de lealtad que permita [...] la polic¨ªa pol¨ªtica como ¨®rgano m¨¢s eficiente para la defensa del Estado¡±. Lo que la condujo, de forma sistem¨¢tica, a detenciones arbitrarias e indefinidas y a la pr¨¢ctica sistem¨¢tica de malos tratos y de la tortura, siempre bajo la cobertura de una absoluta impunidad. M¨¦todos que se aplicaron de forma sistem¨¢tica hasta su muy tard¨ªa disoluci¨®n, coincidiendo con la entrada en vigor de la Constituci¨®n. M¨¦todos, ya en democracia, amparados por una general e ilegal interpretaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa de 1977. El descrito hostigamiento policial a millares de dem¨®cratas alcanz¨® a miles y miles de personas. Basta una puntual referencia: ¡±Las detenciones pol¨ªticas en Espa?a en 1961 fueron 1.335 y en 1962, 2.438¡å. Personas que, seg¨²n el testimonio de un destacado dirigente comunista, como Miguel N¨²?ez, tambi¨¦n cruelmente torturado, ¡°quedaron destrozadas f¨ªsica y moralmente¡±.

Actuaciones claramente delictivas, no solo por el delito de tortura, sino por los de coacciones y lesiones, que fueron cometidos masivamente durante la dictadura y hasta 1978, ante la pasividad y hasta complicidad de la magistratura ¡ªincluido el ministerio fiscal¡ª, que, finalmente, fueron ilegalmente amparados por la amnist¨ªa de 1977.

Tortura, siempre impune, como se evidenci¨® con la aplicaci¨®n de la Ley de Amnistia de 1977. Como lo acredit¨® Rodolfo Mart¨ªn Villa, quien, cuando la oposici¨®n democr¨¢tica solicit¨® reiteradamente su persecuci¨®n, se neg¨® rotundamente a ello. Es mas, lleg¨® a afirmar: ¡°Era injusto, radicalmente injusto, pol¨ªtica y moralmente, que un proceso pol¨ªtico como el que nosotros conduc¨ªamos permitiera la m¨¢s m¨ªnima depuraci¨®n¡±. No en vano, afirm¨® que dichas brigadas ¡ªresponsables penalmente de grav¨ªsimos delitos¡ª ¡±dispon¨ªan de un plantel profesional muy importante, quiz¨¢s el mejor de nuestra polic¨ªa¡±, llegando a citar como ¡°excelentes profesionales¡± a individuos como el comisario Roberto Conesa. Policia pol¨ªtica que cont¨® desde siempre con colaboradores externos para vigilar, informar y, sobre todo, delatar, lo que mostraba los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde su inicio. Apoyos denunciados, abierta y p¨²blicamente, en los manifiestos, tan relevantes, de 1963 ¡ª sobre la tortura en Asturias¡ª, de diciembre de 1968 (suscrito por 1.500 intelectuales) y el de la primavera de 1976.

Es dram¨¢tico constatar, en cuanto se refiere al delito de tortura, que este era masivamente cometido dos siglos despu¨¦s de que Beccaria clamara en 1764 contra ¡°el tormento; una crueldad consagrada por el uso entre la mayor parte de las naciones es la tortura del reo mientras se forma el proceso¡­¡± As¨ª lo constat¨® hace muchos a?os el profesor Francisco Tom¨¢s y Valiente, asesinado por ETA. Dec¨ªa en 1969: ¡°Por otra parte, no es hoy la tortura un recurso empleado por la polic¨ªa de ¡®Estados civilizados¡¯ y occidentales o libres, aunque naturalmente no se reconozca as¨ª ante la opini¨®n p¨²blica¡±. Palabras que reiteraba en 1971 cuando afirmaba que ¡°en el mundo actual se tortura y no solo en los Estados totalitarios o a los prisioneros de guerra; tambi¨¦n en los Estados democr¨¢ticos, anteponiendo el inter¨¦s o raz¨®n de Estado a las garant¨ªas o derechos individuales de los ciudadanos¡±.

Ante esta realidad, de responsabilidad penal inexcusable, es necesario citar el pronunciamiento del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, cuando se refiri¨® a la tortura como uno de los rasgos definitorios de las dictaduras, fundamentando as¨ª su condena internacional: ¡±Las brutalidades de la polic¨ªa y el recurso sistem¨¢tico a la tortura eran la norma; estas pr¨¢cticas eran producto de un clima de impunidad y de pol¨ªticas deliberadas¡±.

Ante estas exigencias, debe hacerse constar que, m¨¢s all¨¢ de la actual tipificaci¨®n del delito de tortura, el Comit¨¦ contra la Tortura de Naciones Unidas, el 15 de mayo de 2015, exigi¨® al Estado espa?ol que a las v¨ªctimas de tortura se les garantice ¡°una indemnizaci¨®n justa y adecuada¡± y ¡°una rehabilitaci¨®n lo m¨¢s completa posible¡±. ?Est¨¢ cumpli¨¦ndose? Es una exigencia que, confiamos, el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones, est¨¦ contribuyendo a hacer realidad.