Una respuesta de izquierda ante la actual crisis social

Ante la crisis laboral y social que estamos viviendo (cierre de empresas, despidos masivos, temporalidad del trabajo, salarios bajos e injustos, la vuelta a las barracas y la grave irrupci¨®n de la pobreza, etc¨¦tera) y las cesiones del Gobierno ante la presi¨®n empresarial, resulta necesario citar dos preceptos de la Constituci¨®n:

Art¨ªculo 128.2: ¡°Mediante ley se podr¨¢ reservar al sector p¨²blico recursos o servicios esenciales y acordar la intervenci¨®n de empresas cuando as¨ª lo exigiere el inter¨¦s general¡±.

Art¨ªculo 129.2: ¡°Los poderes p¨²blicos (¡­) establecer¨¢n los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producci¨®n¡±.

Dos normas que est¨¢n olvidadas, si no quebrantadas, por los responsables, especialmente pol¨ªticos, de una econom¨ªa que est¨¢ al servicio muy prioritario de los patronos o empresarios. ?Qu¨¦ lejos est¨¢ el actual Gobierno ¡ªy, especialmente, Podemos¡ª de aquellos preceptos constitucionales!

Y resulta tambi¨¦n sorprendente e insultante que, tan recientemente, se aprobara la Ley 11/2018 sobre lo que llaman ¡°responsabilidad social corporativa¡± de las grandes empresas y, en ella, se derogara una norma del C¨®digo de Comercio de 1885. El capitalismo espa?ol ¡ªy, por supuesto, el catal¨¢n¡ª a¨²n funciona sobre el derecho vigente a finales del siglo XIX. Lo que acredita la pervivencia no solo del r¨¦gimen capitalista, sino de una democracia de clase, de las clases dominantes, contra la que hoy se alzan tantos miles y miles de personas, trabajadores, campesinos, mujeres y una gran parte de una sociedad que clama por una democracia para todos. Ah¨ª est¨¢n los Papeles de Pandora para acreditarlo.

El incumplimiento de dichos preceptos constitucionales ha fortalecido al capitalismo en nuestro pa¨ªs y los principios que lo inspiran. El prestigioso jurista Stefano Rodot¨¤ ya lo dijo. El ¡°evangelio del mercado¡± conduce a una ¡°mercantilizaci¨®n del derecho¡± que abre la v¨ªa a mercadear incluso con los derechos fundamentales, dado que ¡°la l¨®gica mercantilista¡± es ¡°radicalmente contradictoria con la centralidad de la libertad y la dignidad¡±.

Las obligadas consecuencias de un sistema basado en el enunciado de ¡°enriquecerse¡± no se han hecho esperar. As¨ª lo resum¨ªa el analista alem¨¢n Michael R. Kr?tke: ¡°Corrupci¨®n, dinero negro, segundas cajas, enga?o organizado y manipulaciones contables son pr¨¢cticas corrientes en el mundo de los negocios¡±. Y continuaba: ¡°La doctrina de fe neoliberal no precisa de religi¨®n ninguna, porque ha elevado el capitalismo mismo a rango de religi¨®n convirtiendo los imperativos de la econom¨ªa capitalista en normas morales universales¡±, recordando las conclusiones de Walter Benjamin sobre la elevaci¨®n del capitalismo ¡°a religi¨®n de culto universal¡±. En esta fase ahora agudizada del capitalismo, mantiene el analista que ¡°queda socavada la fe en el Estado como poder protector de los pobres y explotados¡±.

Evidentemente, un sistema sustentado en la ¡°codicia humana¡± es capaz de destruir los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de que ese sistema est¨¦ basado en el consenso del respeto a la legalidad democr¨¢tica y a los derechos humanos. Porque, como imperativo de la conducta humana, conduce al individualismo dominante, en definitiva, a un ¡°individualismo posesivo¡± en el que ¡°el individuo, es humano en su calidad de propietario de su persona¡±, como expres¨® con tanta lucidez C. B. Macpherson en 1962. En este contexto ideol¨®gico, cultural y pol¨ªtico, las barreras morales y legales caen y la corrupci¨®n se extiende sin l¨ªmites.

La desnaturalizaci¨®n de los partidos pol¨ªticos como lo que deb¨ªan ser, la m¨¢xima expresi¨®n de criterios ¨¦ticos en la vida p¨²blica, tiene su origen, por una parte, en el periodo dictatorial anterior y, luego en las leyes pseudodemocr¨¢ticas que los regularon a partir de 1978 y, sobre todo, en la Ley Org¨¢nica 6/2002, de Partidos Pol¨ªticos. Normas que no plantearon en absoluto que los partidos hubieran de regirse por principios y normas que asegurasen su funcionamiento y el de sus miembros con integridad moral ¡ªes decir, con honradez personal y servicio exclusivo al inter¨¦s p¨²blico¡ª. Exigencias que no pod¨ªan quedar resueltas con una vaga apelaci¨®n a ¡°ajustarse¡± a ¡°principios democr¨¢ticos¡±. Ya lo dec¨ªa el profesor Villoria: ¡°Un empleado p¨²blico que ocupa un cargo p¨²blico como miembro de un partido tiene que guardar tambi¨¦n fidelidad a ese partido que lo nombr¨®. En este caso, el conflicto est¨¢ servido¡±. La ¨¦tica p¨²blica es la gran ausente en la ley de partidos. Ausencia que ha generado, mucho m¨¢s de lo que pod¨ªa imaginarse, unos gobernantes para quienes la pol¨ªtica se ha convertido en ¡°el disfrutar del momento (el carpe diem de los cl¨¢sicos)¡± en lugar de una suma de decisiones prudentes y responsables presididas por un ¨²nico y exclusivo fin: el bien de los ciudadanos. Quehacer p¨²blico que, en t¨¦rminos de la profesora Cortina, debe realizarse desde una ¡°moral cr¨ªtica universal¡± que obliga a un comportamiento justo, transparente y honesto. Por una raz¨®n complementaria y fundamental, los gobernantes deben saber cu¨¢l es la raz¨®n por la que ejercen el poder, que no es otro que el gobierno de los seres humanos, que ¡°tienen derecho a ser respetados, tienen dignidad y no pueden ser tratados como simples mercanc¨ªas¡±. Sigue vigente la afirmaci¨®n de Kant: ¡°Los seres racionales son fines en s¨ª mismos, tienen un valor absoluto y no pueden ser tratados como simples medios¡±. Principios menospreciados y pisoteados por los gobernantes que aplican las pol¨ªticas neoliberales que privan a los ciudadanos de los derechos m¨¢s b¨¢sicos. Principios ya presentes en la Convenci¨®n de Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n de 2003, ratificada por el Estado espa?ol en 2006, que contin¨²a siendo abiertamente incumplida. Tratado que incorpora la exigencia de perseguir penalmente, por ser ¡°particularmente nocivo para las instituciones democr¨¢ticas¡±, el ¡°enriquecimiento personal il¨ªcito¡± de los gobernantes.

Para hacer frente a esta realidad tan compleja y dif¨ªcil de enderezar hacia el imperio de la ley y el respeto a los derechos, debe partirse del conocimiento real de quienes, como gobernantes, est¨¢n obligados a rechazar cualquier forma, por leve que fuese, de corrupci¨®n. Que se compone, esencialmente, de los siguientes elementos:

¡ªDesviaci¨®n de poder, es decir, no aplicar las normas al servicio del inter¨¦s general.

¡ªArbitrariedad, aplic¨¢ndolas en funci¨®n de criterios personales ajenos a la estricta legalidad.

¡ªFavoritismo, que consiste en hacer un uso del poder p¨²blico en beneficio propio o de terceros.

Todo ello, lo resumi¨® el profesor Calsamiglia, calificando la corrupci¨®n, en cualquiera de sus formas, como un gran acto de deslealtad a la legalidad y, sobre todo, al Estado democr¨¢tico. Como ciudadanos, como dem¨®cratas, tenemos un gran reto ante todos nosotros.