Frenar el acoso pol¨ªtico

El acoso a un partido pol¨ªtico, sea del signo que sea, es una l¨ªnea roja clar¨ªsima para cualquier dem¨®crata. Sobre todo cuando ese acoso lo agita otro partido y, por supuesto, cuando deriva en tensi¨®n violenta, como ha ocurrido esta semana ante la sede madrile?a del PSOE. El leg¨ªtimo derecho a la libre expresi¨®n y a la manifestaci¨®n acaba ah¨ª. Cuestionables en todas las ciudades espa?olas en las que se producen, las manifestaciones en la calle de Ferraz de Madrid han contado con la participaci¨®n de individuos ¡°con el rostro cubierto y est¨¦tica ultra¡± empe?ados en romper el cerco de seguridad, seg¨²n el atestado redactado por la Polic¨ªa.

Lo que se est¨¢ viviendo a las puertas de las sedes socialistas es un acto sostenido de acoso a un partido democr¨¢tico. Alentado por Vox, recuerda a la persecuci¨®n sufrida por las formaciones constitucionalistas en el Pa¨ªs Vasco y a los escraches m¨¢s recientes a cargos p¨²blicos. Algunos dirigentes del Partido Popular compararon este martes la actuaci¨®n policial con la respuesta a la violencia de los CDR independentistas, lo cual solo revela la conexi¨®n mental que hicieron al ver el lunes las im¨¢genes de Ferraz.

La formaci¨®n que gobernaba en Espa?a en 2017 y, por lo tanto, mandaba en la Polic¨ªa cuando reprimi¨®, en un error hist¨®rico, el refer¨¦ndum ilegal de Catalu?a, aparece ahora preocupada por el uso de la fuerza cuando se manifiestan sus socios y los agentes detectan la presencia de individuos potencialmente peligrosos. Pedir explicaciones no tiene credibilidad cuando es a la carta.

De hecho, la primera reacci¨®n del PP este martes fue un comunicado en el que no expresaba condena alguna, sino que recordaba las protestas frente a sus sedes tras los atentados del 11-M, lo que habla de sus propios traumas. El partido liderado por Alberto N¨²?ez Feij¨®o tuvo este martes verdaderas dificultades para desmarcarse de los actos de acoso. Esa condena lleg¨® con matices que revelan una cierta indulgencia hacia los radicales.

No se puede ocultar c¨®mo hemos llegado hasta aqu¨ª. Desde que las negociaciones entre el PSOE y el independentismo catal¨¢n para la investidura de Pedro S¨¢nchez ocupan el escenario pol¨ªtico, las derechas est¨¢n utilizando la calle para elevar la presi¨®n. La estrategia no es muy diferente de la que us¨® el propio independentismo durante los momentos m¨¢s tensos del proc¨¦s. Se intenta dar la sensaci¨®n de que las calles est¨¢n incendiadas contra decisiones supuestamente antidemocr¨¢ticas para as¨ª desestabilizar al adversario. Es imposible que ignoren los riesgos de relativizar las consecuencias de esta estrategia irresponsable. Toda violencia pol¨ªtica, por embrionaria que sea, merece condena por igual. Contemporizar con ella solo favorece su propagaci¨®n.

Aunque la portavoz de Vox afirm¨® que no amparan los actos violentos, por la ma?ana el l¨ªder de su partido, convocante junto a otras organizaciones ultras del acoso a las sedes de sus rivales, lleg¨® a pedir a la Polic¨ªa que incumpla las ¡°¨®rdenes ilegales¡±, ignorando que las ¨²nicas ¨®rdenes que recibe la Polic¨ªa proceden del Gobierno leg¨ªtimo. Hay momentos que ofrecen la oportunidad de distinguir qui¨¦n se mueve dentro del sistema, cualesquiera que sean sus posiciones, y qui¨¦n no. Este es uno de ellos. Los ciudadanos tienen derecho constitucional a la manifestaci¨®n y a la expresi¨®n de la cr¨ªtica pol¨ªtica, pero los partidos responsables tienen la obligaci¨®n de evitar la tensi¨®n callejera y el acoso a las formaciones democr¨¢ticas. Volcar as¨ª la frustraci¨®n por la incapacidad para formar Gobierno es iniciar una peligrosa deriva hacia la deslegitimaci¨®n del resultado electoral, un veneno pol¨ªtico cuyas consecuencias hemos visto en otros pa¨ªses.