Nueva etapa en Catalu?a

A falta de cerrar el acuerdo con el PNV, Pedro S¨¢nchez ha asegurado su mayor¨ªa de investidura, cuyo debate se celebrar¨¢ la semana pr¨®xima. No ha sido f¨¢cil para el PSOE obtener los votos de los siete diputados de Junts, controlados por alguien tan personalista como Carles Puigdemont, el expresidente catal¨¢n y ahora eurodiputado huido a B¨¦lgica. El pacto no se limita a garantizar los votos necesarios para la investidura, sino que pretende dar estabilidad a la legislatura, condicionado al cumplimiento de los compromisos adoptados.

Los dos documentos firmados por el PSOE con ERC y Junts no sirven solo para asegurar la continuidad del Gobierno de coalici¨®n, sino que constituyen sendos acuerdos para la convivencia con las fuerzas independentistas catalanas que protagonizaron la intentona secesionista de 2017. El suscrito con Esquerra supone una prolongaci¨®n del di¨¢logo que presidi¨® la anterior legislatura y permiti¨® apaciguar el clima pol¨ªtico en Catalu?a gracias a los indultos y el respeto a la legalidad. En cambio, el alcanzado por los socialistas con Junts ¡ªuna formaci¨®n empe?ada en su particular subasta con Esquerra¡ª consiste b¨¢sicamente en la descripci¨®n de los desacuerdos entre ambas formaciones, pero con el compromiso de negociarlos dentro del marco legal vigente. Esa convivencia de los dos relatos permite a Junts subrayar una ret¨®rica que se compadece mal con la realidad del independentismo hoy.

El combate por el relato es la especialidad de Puigdemont, que, en una evidente concesi¨®n del PSOE, ha conseguido dejar su huella personal en dos sentidos. Por un lado, la identificaci¨®n de Catalu?a exclusivamente con su parte nacionalista. Por otro, una muy discutible narraci¨®n hist¨®rica llena de tics esencialistas sobre las relaciones entre Catalu?a y Espa?a y, sobre todo, su presentaci¨®n del actual conflicto como una querella bilateral hist¨®rica necesitada de una mediaci¨®n internacional. Es la mejor munici¨®n con la que pod¨ªan contar el PP y Vox para reaccionar con un torrente de palabrer¨ªa apocal¨ªptica sobre el futuro de Espa?a e incluso de la democracia, de la que no est¨¢ ausente la habitual estrategia de deslegitimaci¨®n del Gobierno. Hablar de humillaci¨®n, de atentados a la dignidad y de vulneraci¨®n de la divisi¨®n de poderes y del Estado de derecho no es solo una mentirosa hip¨¦rbole, sino tambi¨¦n un abuso irresponsable del lenguaje que polariza y degrada peligrosamente la vida pol¨ªtica, llev¨¢ndola incluso al acoso sostenido de los rivales pol¨ªticos.

La ¨²nica realidad tangible es que Junts est¨¢ regresando con enorme desconfianza a los cauces legales que nunca debi¨® abandonar, siguiendo as¨ª la misma pista que ya marc¨® Esquerra, y que no sabe o no puede hacerlo sin ocultarlo ni acompa?arlo de gran alharaca victimista y reivindicativa. En ninguno de los dos acuerdos se recoge compromiso alguno del PSOE que desborde la Constituci¨®n. En ambos se subraya que todo se har¨¢ atendiendo escrupulosamente al marco legal. El resto es, de nuevo, la enumeraci¨®n de una discrepancia. Respecto al pasado reciente, Junts considera leg¨ªtimo el refer¨¦ndum ilegal del 1-O y la declaraci¨®n de independencia, y el PSOE les niega toda legalidad y validez. Respecto al futuro, los independentistas reclaman un nuevo refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n ¡ªesta vez pactado¡ª y la cesi¨®n del 100% de los impuestos, mientras los socialistas defienden el desarrollo del Estatut y apuestan por un di¨¢logo ¡°singular¡± sobre el modelo de financiaci¨®n de Catalu?a.

Sin embargo, la alarmante alusi¨®n al lawfare ¡ªel uso ileg¨ªtimo de la justicia para combatir a los rivales pol¨ªticos que constituye una de las obsesiones de Puigdemont¡ª est¨¢ redactada con tal ambig¨¹edad que da pie a interpretar que se podr¨ªa dictaminar una prevaricaci¨®n judicial desde el Congreso, algo inconcebible en un r¨¦gimen de separaci¨®n de poderes. En un comunicado posterior al acuerdo, el Partido Socialista tuvo que aclarar que este no prev¨¦ la creaci¨®n de comisiones de investigaci¨®n para detectar casos de supuesta judicializaci¨®n de la pol¨ªtica y que el Parlamento no revisar¨¢ ninguna sentencia o resoluci¨®n judicial.

No se conoce todav¨ªa el detalle del elemento decisivo del pacto ¡ªel texto de la ley de amnist¨ªa¡ª ni la justificaci¨®n de la medida, que se incluir¨¢ en el pre¨¢mbulo, pero est¨¢ claro que no colmar¨¢ las aspiraciones m¨¢s genuinas del independentismo porque no conduce a un refer¨¦ndum unilateral, al que Junts y Esquerra han renunciado en los hechos. Buen ejemplo de ello es la votaci¨®n de ambos, ayer mismo en el Parlamento de Catalu?a, contra la propuesta de la CUP de impulsar ahora una consulta en ese sentido. Se demuestra as¨ª que el marco t¨¢citamente aceptado por ambas formaciones es el de la Constituci¨®n espa?ola, invocada incluso en su art¨ªculo 92 por Junts a la hora de recoger su prop¨®sito de celebrar legalmente un refer¨¦ndum, que solo podr¨ªa ser consultivo y exigir¨ªa el acuerdo del Gobierno y la autorizaci¨®n del Congreso.

Estos pactos para la convivencia reci¨¦n firmados contienen concesiones por ambas partes, por mucho que quienes vienen de la excitaci¨®n del pasado pretendan disimularlo. Pero conviene que los acompa?e la pedagog¨ªa pol¨ªtica, no la exageraci¨®n de la propaganda. Todo lo que se proponen puede tener sentido, sobre todo si se hace bien, se explica mejor y recibe luego la ratificaci¨®n de los resultados. Se trata de habilitar de nuevo la pol¨ªtica y el di¨¢logo como ¨²nicas armas para la resoluci¨®n de los conflictos. Tambi¨¦n de recuperar la senda de los grandes acuerdos auton¨®micos con los nacionalistas catalanes ¡ªes el caso de las Rodalies, las lenguas en el Congreso o la quita de parte de la deuda¡ª que todos los presidentes han practicado y a los que luego se han acogido el resto de las autonom¨ªas. Es el camino plenamente constitucional y acorde con la mejor tradici¨®n pactista de la Transici¨®n el que se abre de nuevo, despu¨¦s de que, desgraciadamente, llevara clausurado m¨¢s de una d¨¦cada.