Anomal¨ªa episcopal

La publicaci¨®n de dos informes diferentes por parte de la Conferencia Episcopal sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia cat¨®lica ¡ªpr¨¢cticamente un mes despu¨¦s de que lo hiciera el Defensor del Pueblo por encargo del Congreso de los Diputados¡ª refleja la anomal¨ªa que supone la gesti¨®n que la jerarqu¨ªa espa?ola ha hecho del mayor esc¨¢ndalo vivido por su instituci¨®n en las ¨²ltimas d¨¦cadas.

En el mismo d¨ªa, el jueves pasado, los obispos espa?oles difundieron la auditor¨ªa que hab¨ªan encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y otro informe, de procedencia desconocida y metodolog¨ªa ignota, titulado Para dar luz, cuyo adelanto ya fue hecho p¨²blico en junio, que no coincide con las cifras de la auditor¨ªa ¡ªtampoco con las del Defensor del Pueblo¡ª y que culmina un desatinado desempe?o por parte de la Conferencia Episcopal en su obligaci¨®n de dar, adem¨¢s de luz, explicaciones sobre delitos muy graves, y de reconocer y reparar a sus v¨ªctimas.

Desde el primer momento, los miembros de la jerarqu¨ªa espa?ola han tomado un camino an¨®malo y muy diferente respecto a sus hom¨®logos de pa¨ªses como Estados Unidos, Alemania, Francia o Portugal, entre otros, que, conscientes de la magnitud del problema, tomaron la iniciativa para esclarecer los hechos, encargaron motu proprio exhaustivas investigaciones independientes y asumieron su responsabilidad.

Inexplicablemente, en Espa?a los obispos primero optaron por intentar desacreditar las investigaciones period¨ªsticas que dieron a conocer a la opini¨®n p¨²blica el esc¨¢ndalo, y especialmente la labor de EL PA?S, cuyo trabajo ha sido fundamental tanto para el Defensor del Pueblo como para la propia auditor¨ªa interna de la Conferencia Episcopal, seg¨²n recoge esta en su memor¨¢ndum. A continuaci¨®n, quitaron importancia al hecho de que EL PA?S hiciera llegar directamente al papa Francisco su trabajo. Posteriormente, encargaron una investigaci¨®n solo cuando ya estaba tomada en el Congreso la decisi¨®n de encargar a una instituci¨®n oficial un informe sobre los abusos.

Presentado este informe, rechazaron las cifras recogidas por el Defensor del Pueblo y la extrapolaci¨®n de estas ¡ªuna f¨®rmula matem¨¢tica empleada habitualmente en sociolog¨ªa¡ª, que estimaba el n¨²mero real de v¨ªctimas en 440.000 personas. Adem¨¢s, pusieron condiciones a la hora de asumir la parte de las indemnizaciones que inexcusablemente les corresponden.

Tampoco la investigaci¨®n paralela que ellos mismos encargaron ha estado libre de accidentes. Uno de los coordinadores de la auditor¨ªa fue apartado de los trabajos por expresar sus discrepancias sobre los resultados que empezaban a arrojar, peores de lo que esperaban los prelados. Hace unos d¨ªas dicha persona fue puesta al frente de un alto cargo administrativo en la Conferencia Episcopal, cuyo presidente, el cardenal Juan Jos¨¦ Omella, minusvalor¨® en p¨²blico el trabajo de la auditor¨ªa el d¨ªa de su presentaci¨®n. No caben m¨¢s paradojas.

Lo peor de esta grotesca situaci¨®n es que gira en torno a miles de personas que han sufrido un grav¨ªsimo da?o, y da cuenta de la impunidad con la que sus agresores y sus encubridores han actuado durante d¨¦cadas. La sociedad espa?ola sigue mereciendo respuestas y, adem¨¢s, un modo coherente de conducirse por parte de los obispos.