?Todos a la c¨¢rcel!

La situaci¨®n pol¨ªtica espa?ola contin¨²a dominada por la confusi¨®n. Como en las malas series, que estiran las historias hasta hacerlas inveros¨ªmiles, las derechas han exagerado el guion original y ahora presentan sus pulsiones nacionalpopulistas como principios democr¨¢ticos. Su rechazo visceral de los partidos independentistas (Bildu, Junts, Esquerra) y su terror ante cualquier indicio de interpretaci¨®n plurinacional de nuestra Constituci¨®n se convierten, casi por arte de magia, en un intento de impedir la ruptura del Estado de derecho y la eliminaci¨®n de la divisi¨®n de poderes. Precisamente po...

La situaci¨®n pol¨ªtica espa?ola contin¨²a dominada por la confusi¨®n. Como en las malas series, que estiran las historias hasta hacerlas inveros¨ªmiles, las derechas han exagerado el guion original y ahora presentan sus pulsiones nacionalpopulistas como principios democr¨¢ticos. Su rechazo visceral de los partidos independentistas (Bildu, Junts, Esquerra) y su terror ante cualquier indicio de interpretaci¨®n plurinacional de nuestra Constituci¨®n se convierten, casi por arte de magia, en un intento de impedir la ruptura del Estado de derecho y la eliminaci¨®n de la divisi¨®n de poderes. Precisamente porque utilizan un lenguaje supuestamente democr¨¢tico, llaman ¡°dictador¡± al presidente del Gobierno, califican de ¡°golpe de Estado¡± al proyecto de ley de amnist¨ªa y piden ayuda a las instituciones europeas para salvaguardar nuestro orden constitucional.

Semejante impostura intelectual solo se sostiene gracias al s¨®lido apoyo medi¨¢tico que reciben. Sin la legi¨®n de editorialistas, columnistas, expertos en Derecho Constitucional y dem¨¢s opinadores que subrayan insistentemente la tesis de que la democracia espa?ola corre peligro con el actual Gobierno de coalici¨®n, la cosa no tendr¨ªa credibilidad alguna. Sin embargo, gracias a la repetici¨®n del mensaje, este va calando, hasta el punto de que los exaltados que acuden a las concentraciones frente a la sede del PSOE en Madrid utilizan el lenguaje de los derechos y procedimientos democr¨¢ticos entre banderas franquistas, rezos marianos y llamadas a meter en prisi¨®n, o directamente a matar, a los pol¨ªticos electos de las izquierdas. Gracias a estos manifestantes, podemos ver de la forma m¨¢s descarnada la gran contradicci¨®n que luego pol¨ªticos y opinadores se encargan de disimular: la contradicci¨®n entre un discurso pretendidamente democr¨¢tico y una deriva autoritaria y excluyente innegables.

No quiero decir con ello que no haya razones para criticar la pol¨ªtica de alianzas del PSOE. Mencionar¨¦ tres para dejarlo claro. La primera consiste en se?alar la incoherencia de los dirigentes socialistas, que en su d¨ªa se pusieron unas l¨ªneas rojas que han terminado cruzando. Adem¨¢s, Pedro S¨¢nchez ha pasado de comprometerse a traer a Puigdemont a Espa?a para que rinda cuentas ante la Justicia y de asegurar que lo ocurrido en Catalu?a en oto?o de 2017 fue una rebeli¨®n, a promover una ley de amnist¨ªa para todas las personas afectadas judicialmente por sucesos relacionados con el proc¨¦s. La segunda cr¨ªtica echa en cara al PSOE que su acuerdo con Junts solo obedezca a una ambici¨®n de poder: todo se hace por siete votos. La tercera cr¨ªtica se basa en la idea de que el protagonismo concedido a los grupos independentistas pone en marcha una din¨¢mica pol¨ªtica de vaciamiento del Estado central que, en ¨²ltimo t¨¦rmino, hace peligrar la unidad nacional (el ¡°Espa?a se rompe¡±).

Cada cual pensar¨¢ lo que quiera sobre este tipo de cr¨ªticas. Muchos estar¨¢n de acuerdo y otros cuantos no. Todo esto es completamente natural y entra dentro de los par¨¢metros normales del debate pol¨ªtico en una democracia liberal. Es l¨®gico, pues, que haya votantes enfadados en la izquierda y en la derecha que crean que el PSOE ha virado sin ofrecer razones convincentes para ello.

Ahora bien, ninguna de estas cr¨ªticas afecta ni a los valores democr¨¢ticos ni a las reglas constitucionales ni al Estado de derecho. Que el legislativo apruebe una ley org¨¢nica de amnist¨ªa no es una ofensa a la democracia. La constitucionalidad de esta ley, como la de cualquier otra, podr¨¢ someterse a la consideraci¨®n del Tribunal Constitucional. Mientras este no se pronuncie, la presunci¨®n de constitucionalidad prevalece. Ni la amnist¨ªa ni los indultos suponen una ruptura de la divisi¨®n de poderes; son instrumentos a los que se recurre en muchas democracias. Puede pensarse, por supuesto, que es una injusticia amnistiar al se?or Puigdemont, pero tanto ese punto de vista como su contrario son leg¨ªtimos en un sistema democr¨¢tico. De la misma manera, que una comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria debata sobre episodios de lawfare podr¨¢ gustar m¨¢s o menos, pero no es una violaci¨®n de la separaci¨®n de poderes ni una ruptura del Estado de derecho, se pongan como se pongan jueces y juristas.

En realidad, bajo la pretendida dignidad democr¨¢tica que quieren defender las derechas frente a un Gobierno ¡°iliberal¡± de las izquierdas, lo que se esconde es un nacionalismo primario y herido que no puede soportar que desde las instituciones se presente una idea de Espa?a diferente de la suya. Lo que est¨¢ en juego con las alianzas parlamentarias que han hecho posible el actual Gobierno no es la arquitectura institucional del sistema, sino un modelo de Espa?a, una de cuyas partes fundamentales es un relato sobre lo sucedido durante la crisis constitucional de 2017, que las derechas solo entienden como un intento fallido de ¡°golpe de Estado¡± contra la democracia espa?ola.

La mejor demostraci¨®n de que lo que late en el fondo de la campa?a brutal de la derecha no es sino nacionalismo excluyente consiste en la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular a la ley de amnist¨ªa, que abre la puerta a la ilegalizaci¨®n de los partidos independentistas. Se trata de una medida que atenta contra el principio m¨¢s b¨¢sico del pluralismo pol¨ªtico. Revela que el PP ya est¨¢ totalmente infectado del virus excluyente de la extrema derecha de Vox. Este partido, desde sus or¨ªgenes, viene propugnando la ilegalizaci¨®n de los partidos nacionalistas no espa?olistas. Por lo dem¨¢s, la enmienda presentada ahora por el Partido Popular no es sino la conclusi¨®n l¨®gica de la campa?a iniciada hace tiempo por la presidenta del PP madrile?o, Isabel D¨ªaz Ayuso, quien defiende la necesidad de ilegalizar Bildu entre la indiferencia o la aprobaci¨®n de tanto autoproclamado ¡°liberal¡±.

Las derechas se encontraron el 23-J con la inc¨®moda constataci¨®n de que es la pluralidad nacional lo que obstaculiza su acceso al poder. La soluci¨®n ¨²ltima parece consistir en encontrar el pretexto para ilegalizar a los partidos nacionalistas catalanes y vascos y, de esta manera, poder ajustar el pa¨ªs real a su ideal de pa¨ªs, basado en una concepci¨®n mononacional y homog¨¦nea de la sociedad espa?ola.

Meter en el debate p¨²blico la ilegalizaci¨®n de partidos pol¨ªticos porque no comparten una determinada visi¨®n de Espa?a (¡°deslealtad constitucional¡± lo llaman) supone una alteraci¨®n profunda de las bases democr¨¢ticas de nuestro sistema pol¨ªtico. Es la demostraci¨®n m¨¢s palpable de que nuestras derechas han emprendido una senda iliberal. Lo ir¨®nico es que lo hagan en nombre de la Constituci¨®n de 1978 y de la democracia y, encima, que el trampantojo funcione. Es el mundo al rev¨¦s, unas derechas que quieren cercenar el pluralismo pol¨ªtico envolvi¨¦ndose en consignas democr¨¢ticas, acusando a las izquierdas de quebrar el Estado de derecho por intentar aprobar una ley org¨¢nica de amnist¨ªa seg¨²n los procedimientos constitucionales.

Que, en estos momentos, el programa del PP consista en introducir nuevos tipos penales que permitan ilegalizar partidos inc¨®modos para su concepci¨®n estrecha de Espa?a muestra d¨®nde est¨¢n los verdaderos peligros en nuestra democracia. La amnist¨ªa de Puigdemont y otros muchos dirigentes independentistas podr¨¢ resultar insoportable para muchos y quiz¨¢ haga perder a las izquierdas las pr¨®ximas elecciones generales, pero no puede presentarse como un ataque a nuestro sistema pol¨ªtico. Lo que s¨ª cuestiona las bases de nuestra democracia es querer acabar con la pluralidad de opciones partidistas mediante el C¨®digo Penal.