El Poder Judicial advierte de que ¡°se mantendr¨¢ vigilante¡± con las comisiones del Congreso del ¡®lawfare¡¯

La comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caduc¨® hace cinco a?os, se ha reunido este martes de forma extraordinaria con un ¨²nico punto en el orden del d¨ªa: responder a la tramitaci¨®n de las comisiones de investigaci¨®n en el Congreso pactadas entre el PSOE y los partidos independentistas, en las que Junts y ERC pretenden que se clarifique si hubo casos de lawfare (persecuci¨®n judicial con fines pol¨ªticos). Pero la reuni¨®n ha derivado en una nueva bronca interna en la que el voto de calidad del presidente suplente, Vicente Guilarte, ha servido, junto al voto de dos vocales progresistas, para sacar adelante una declaraci¨®n que rebaja considerablemente la carga pol¨ªtica del texto que pretend¨ªan aprobar los conservadores, que fueron quienes reclamaron que la permanente se pronunciara. En el texto aprobado, el Consejo reitera su rechazo a las referencias al lawfare y advierte de que se mantendr¨¢ ¡°vigilante¡± en relaci¨®n con el desarrollo de las comisiones parlamentarias de investigaci¨®n en defensa de la independencia judicial

La comisi¨®n permanente, el principal ¨®rgano de decisi¨®n del Consejo tras el pleno, ya se pronunci¨® sobre el lawfare horas despu¨¦s de que se conociera el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts, que abre la puerta a que en las comisiones de investigaci¨®n sobre el caso Pegasus, sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils y sobre la llamada Operaci¨®n Catalu?a (el presunto uso de la polic¨ªa por parte del Gobierno del PP para desacreditar a pol¨ªticos independentistas catalanes) se examine si hubo casos de lawfare. Ese texto sali¨® adelante con el apoyo de seis de los siete miembros de la permanente del Consejo, incluidas las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Solo vot¨® en contra la tambi¨¦n progresista Pilar Sep¨²lveda. En aquel primer comunicado, el Consejo calific¨® de ¡°inadmisible¡± esa referencia a una supuesta persecuci¨®n judicial a pol¨ªticos independentistas.

Pero, seg¨²n explican fuentes del ¨®rgano, en el pleno del pasado jueves, algunos vocales conservadores reclamaron que se diera una respuesta m¨¢s dura, aprovechando que la Mesa del Congreso ya hab¨ªa dado el visto bueno a la tramitaci¨®n de las comisiones. De ah¨ª surgi¨® la reuni¨®n extraordinaria de la comisi¨®n permanente celebrada este martes, a petici¨®n de tres de los cuatro vocales conservadores que integran ese ¨®rgano (Jos¨¦ Antonio Ballestero, Mar¨ªa ?ngeles Carmona y Carmen Llombart). Estos tres consejeros han llegado a la reuni¨®n con un texto en el que se reprochaban expl¨ªcitamente declaraciones sobre la supuesta existencia de lawfare realizadas en los ¨²ltimos d¨ªas por el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, el ministro de Transporte, ?scar Puente, y el l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont.

Ese texto se ha sometido a votaci¨®n, pero solo ha recibido el apoyo de los tres vocales que lo propon¨ªan, mientras que los progresistas y Guilarte han votado en contra y han propuesto uno alternativo que reproduce ¨ªntegramente el del 9 de noviembre, aunque incluye la determinaci¨®n a mantenerse ¡°vigilante, en defensa de la independencia judicial¡±, sobre esas comisiones de investigaci¨®n. Este es el acuerdo que finalmente se ha aprobado, gracias al voto de calidad que tiene Guilarte como presidente del ¨®rgano, que ha deshecho el empate de tres votos a favor y tres votos en contra. La progresista Sep¨²lveda ha votado en blanco.

El texto reproduce el contenido del acuerdo anterior: ¡°Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto sem¨¢ntica como sustantivamente, al lawfare ¡ªjudicializaci¨®n de la pol¨ªtica¡ª contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constituci¨®n de comisiones parlamentarias de investigaci¨®n que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan ¡°responsabilidades¡± derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de lawfare, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en l¨ªnea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales¡±, se?ala el comunicado. El texto recoge tambi¨¦n el ¡°repudio¡± del CGPJ hacia esas comisiones de investigaci¨®n ¡°en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisi¨®n parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ¨¢mbito competencial¡± de los tribunales, y a?ade: ¡°Por todo ello, la iniciativa apuntada implicar¨ªa una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separaci¨®n de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinar¨ªa nuestra m¨¢s frontal oposici¨®n a trav¨¦s de los cauces legalmente establecidos¡±.

Los tres conservadores que pidieron la convocatoria de la reuni¨®n han emitido un voto particular que recoge la propuesta que la comisi¨®n permanente ha rechazado. Este texto sostiene que la creaci¨®n de estas comisiones de investigaci¨®n en el Congreso pretende ¡°generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no ser¨ªa solo la legal ¡ªpenal, civil o disciplinaria¡ª sino tambi¨¦n la responsabilidad pol¨ªtica, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido ¨²nicamente al imperio de la Ley¡±. ¡°La creaci¨®n de las comisiones de investigaci¨®n en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitaci¨®n y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garant¨ªas propias de un juicio justo seg¨²n los m¨¢s altos est¨¢ndares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente C¨®digo Penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constituci¨®n Espa?ola¡±, a?ade el texto.