Catalu?a: explicaciones pendientes

Si es grave que un Gobierno utilice los aparatos del Estado, la polic¨ªa fundamentalmente, para combatir a los enemigos pol¨ªticos y obstaculizar las investigaciones judiciales por los asuntos y procesos por corrupci¨®n que afectan a algunos de sus miembros y al partido al que pertenecen, todav¨ªa es m¨¢s grave que la utilizaci¨®n de tales medios ilegales e inmorales haya sido la respuesta al proyecto secesionista que pusieron en marcha los partidos independentistas en Catalu?a a partir de 2012. Eso es ...

Si es grave que un Gobierno utilice los aparatos del Estado, la polic¨ªa fundamentalmente, para combatir a los enemigos pol¨ªticos y obstaculizar las investigaciones judiciales por los asuntos y procesos por corrupci¨®n que afectan a algunos de sus miembros y al partido al que pertenecen, todav¨ªa es m¨¢s grave que la utilizaci¨®n de tales medios ilegales e inmorales haya sido la respuesta al proyecto secesionista que pusieron en marcha los partidos independentistas en Catalu?a a partir de 2012. Eso es lo que acreditan las numerosas informaciones, perfectamente contrastadas, sobre la actuaci¨®n de una llamada polic¨ªa patri¨®tica al servicio del Gobierno del Partido Popular, y espec¨ªficamente en la denominada Operaci¨®n Catalu?a, un c¨²mulo de torpes actuaciones policiales, dirigidas desde el Ministerio del Interior a las ¨®rdenes de la presidencia del Gobierno, con el pretendido y descabellado prop¨®sito de desacreditar el independentismo mediante acusaciones fabricadas contra sus dirigentes.

No se combate con la ilegalidad a quienes quieren romper la legalidad. Trat¨¢ndose de la vulneraci¨®n de la Constituci¨®n que se propon¨ªa el independentismo, tal como lleg¨® a refrendar el Parlamento de Catalu?a en su anticonstitucional Declaraci¨®n de Soberan¨ªa (23 de enero de 2013), lo ¨²ltimo que cab¨ªa esperar es que la ¨²nica iniciativa efectiva consistiera en vulnerar la propia Constituci¨®n, en el cap¨ªtulo de los derechos fundamentales, por supuesto, pero tambi¨¦n en su esp¨ªritu m¨¢s profundo como base de la democracia y del pluralismo. El Gobierno de Mariano Rajoy se rindi¨® desde el primer d¨ªa a cualquier forma de di¨¢logo y actuaci¨®n pol¨ªtica en favor de la que debiera ser siempre la ¨²ltima salvaguarda como es la apelaci¨®n al C¨®digo Penal. Todo lo subarrend¨® a la actuaci¨®n p¨²blica de los tribunales, y especialmente del Constitucional, y a la clandestina de los funcionarios policiales a los que encarg¨® la campa?a calumniosa conocida despu¨¦s, contada por este peri¨®dico y que ha regresado a la actualidad ahora con nuevos detalles, abandonando en definitiva el campo de las instituciones pol¨ªticas y del combate de las ideas.

De la boca del presidente del Gobierno no surgi¨® ni una sola iniciativa o contrapropuesta que sirviera al menos para arrebatar el calendario y la agenda del control que el independentismo mantuvo desde el primer d¨ªa. No fue una judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, tal como explica la narrativa independentista, sino el m¨¢s absoluto vac¨ªo creado por la dejadez pol¨ªtica del Gobierno, que abandon¨® en manos de los jueces la resoluci¨®n de la dificultad que los gobernantes no supieron o quisieron abordar. Desde 2012 hasta 2017 la iniciativa y el relato pol¨ªticos siempre estuvieron en manos de los independentistas, que solo empezaron a retroceder a partir de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n gracias a la actitud responsable de la oposici¨®n socialista que aport¨® sus votos en el Senado.

Rajoy fue estrepitosamente derrotado en la escena internacional, donde el independentismo desbord¨® a la diplomacia espa?ola en todos los ¨¢mbitos, incluida la opini¨®n p¨²blica y los principales medios de comunicaci¨®n. Solo obtuvo como consuelo la solidaridad habitual entre gobiernos contra el desmembramiento territorial de un pa¨ªs, cuando ya en los d¨ªas cruciales la reclam¨® a los ejecutivos amigos. Sus servicios policiales y de inteligencia fueron incapaces de actuar preventivamente. No localizaron las urnas, permitieron la ocupaci¨®n de los locales de propiedad p¨²blica donde se instalaron las urnas y finalmente, para culminar su disparatada y culpable torpeza, intentaron evitar la votaci¨®n lanzando a la polic¨ªa a una actuaci¨®n violenta y descabellada, que solo pod¨ªa redundar en unas im¨¢genes lamentables de ciudadanos apaleados, indignas de una democracia de calidad como es y era la espa?ola. Permitieron, finalmente, que el president y m¨¢ximo responsable de tal disparate huyera de Espa?a escondido en un coche conducido por agentes del orden p¨²blico.

En realidad, los dos principales actores de aquella desgraciada aventura, los partidos secesionistas y el Gobierno del PP, actuaron cada uno como le conven¨ªa al otro para sus intereses m¨¢s cortoplacistas. El PP present¨® la negaci¨®n de la pol¨ªtica y la pasividad perezosa de sus dirigentes como si fuera la resistencia intransigente ante quienes pretend¨ªan romper Espa?a, mientras que los secesionistas obtuvieron a cambio la imagen de cerraz¨®n y de regresi¨®n democr¨¢tica que conven¨ªa a sus planes. Si los principales actores de tantos desaguisados, empezando por el presidente Rajoy, han evitado cualquier explicaci¨®n sobre aquellos a?os y especialmente los d¨ªas dram¨¢ticos de 2017, sobre sus decisiones y sus omisiones, menos explicaciones han dado sobre la concentraci¨®n de sus esfuerzos en el uso de instrumentos ilegales para combatir el independentismo y de paso intentar librar a su partido de sus responsabilidades ante la justicia.

Los independentistas se han escudado en su grotesca amenaza de repetir la operaci¨®n secesionista para no dar explicaciones ni siquiera a sus partidarios. Y a Rajoy y a los populares les ha bastado el silencio y el olvido de sus desgraciadas ocurrencias pol¨ªticas. Est¨¢n a la vista los puntos de coincidencia entre ambos, el independentismo procesista y el Partido Popular que le combati¨® con tanta indolencia como torpeza, y no es la menor de ellas la utilizaci¨®n de medios ilegales y anticonstitucionales para perseguir sus objetivos pol¨ªticos. Lo peor del caso es que sigan coincidiendo ahora en su dificultad para someter a escrutinio sus decisiones, asumir sus responsabilidades y ofrecer las debidas explicaciones p¨²blicas e incluso las disculpas que siguen debiendo a todos los ciudadanos.