El relato espa?olista hace crisis

El debate sobre la amnist¨ªa se ha desbordado. Aunque en estos momentos es Alberto N¨²?ez Feij¨®o quien ha recibido el encargo del Rey para formar Gobierno, la conversaci¨®n p¨²blica ya ha descontado su fracaso y va un paso por delante, centrada en el complejo asunto de la amnist¨ªa, que ser¨¢ un elemento clave en la votaci¨®n de investidura de Pedro S¨¢nchez. Los ¨¢nimos se han encrespado r¨¢pidamente y se han podido leer en estas mismas p¨¢ginas afirmaciones lapidarias. Juan Luis Cebri¨¢n ha escrito que ¡°si el Gobierno y el PSOE consuman la deslealtad a la Constituci¨®n que supone el olvido de los delitos del separatismo, este 11 de septiembre puede marcar el principio del fin de nuestra democracia¡±. En la misma l¨ªnea, Javier Cercas afirma que la amnist¨ªa ¡°ser¨ªa una condena de la democracia entera¡±.

Si se recurre a este lenguaje exaltado es por el temor de que el relato sobre el problema catal¨¢n que ha sido dominante hasta el momento en el nacionalismo espa?ol se resquebraje. Ya sucedi¨® en parte durante la anterior legislatura con los indultos y la reforma del delito de sedici¨®n; una amnist¨ªa ahora ser¨ªa el remate final. Salvo que se produzca un improbable cambio de voto de cuatro diputados, Feij¨®o no conseguir¨¢ la investidura y a continuaci¨®n lo intentar¨¢ Pedro S¨¢nchez. Si entonces las izquierdas formadas por PSOE y Sumar no llegan a un acuerdo con los nacionalistas vascos y catalanes, el relato hegem¨®nico se mantendr¨¢ inc¨®lume e iremos a nuevas elecciones. Pero si se alcanza un acuerdo, el relato alternativo acabar¨¢ prevaleciendo.

Seg¨²n el relato dominante, en septiembre y octubre de 2017 los pol¨ªticos independentistas cometieron graves delitos contra el Estado y la democracia. Quer¨ªan destruir la democracia espa?ola y acabar con la soberan¨ªa nacional. Fue un golpe de Estado fallido y, por eso, adem¨¢s de delincuentes, los l¨ªderes independentistas deben ser calificados de golpistas. Hubo violencia y enfrentamientos con la Polic¨ªa, se acos¨® a las fuerzas de seguridad y se impidi¨® el trabajo de la justicia en el registro de la Consejer¨ªa de Hacienda de la Generalitat. Un desaf¨ªo como aquel no puede quedar impune y, por eso mismo, debe aplicarse el Estado de derecho hasta sus ¨²ltimas consecuencias. En un Estado de derecho, el que la hace la paga. Nadie puede ponerse al margen del orden constitucional, eso no est¨¢ justificado en ning¨²n caso. Aunque finalmente el Tribunal Supremo dictamin¨® que no hubo rebeli¨®n, s¨ª qued¨® acreditado que fue una sedici¨®n. Si se cancela el delito, se cuestiona el principio de legalidad y se da v¨ªa libre a los separatistas para que lo vuelvan a hacer. Que haya que negociar o no con los representantes de Catalu?a el encaje de su comunidad aut¨®noma en el Estado es otra cuesti¨®n que no debe tapar lo fundamental: se intent¨® dar un golpe de Estado y eso merece un castigo penal.

Seg¨²n el relato alternativo, la crisis de 2017, marcada por una ruptura total entre las instituciones de Catalu?a y las del resto del Estado, fue una crisis constitucional y un fracaso colectivo como pa¨ªs. Espa?a, incluyendo Catalu?a, no estuvo a la altura de lo que cab¨ªa esperar. No se dialog¨®, no se negoci¨®, unos desobedecieron gravemente y los otros buscaron una soluci¨®n represiva y punitiva en lugar de una salida pol¨ªtica. Fue un momento del que no nos podemos sentir orgullosos. Veamos las principales razones para pensar as¨ª.

En primer lugar, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no quiso hacerse cargo en ning¨²n momento de las demandas que proced¨ªan de Catalu?a y que contaban con un nivel muy elevado de apoyo popular. Cerca de un 75% de los catalanes eran partidarios de un refer¨¦ndum de independencia. El Ejecutivo neg¨® la petici¨®n de negociar un pacto fiscal, no quiso hablar de una consulta o un refer¨¦ndum y se desentendi¨® del malestar creado por la sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto catal¨¢n.

En segundo lugar, desde el Estado se pusieron en marcha operaciones ilegales y clandestinas, en connivencia con algunos medios de comunicaci¨®n, para difamar a los l¨ªderes independentistas, en una quiebra innegable del Estado de derecho. Fue la llamada Operaci¨®n Catalu?a, protagonizada por la polic¨ªa patri¨®tica.

En tercer lugar, ni las elites ni la sociedad de Espa?a y de Catalu?a quisieron reconocer que se estaba produciendo un conflicto entre el principio de legalidad y el principio democr¨¢tico. En una lectura reduccionista del problema, el grueso de la sociedad espa?ola consider¨® que el problema era de orden p¨²blico y cumplimiento de la ley. En Catalu?a fue al rev¨¦s: se sostuvo que era meramente un problema democr¨¢tico, sin que importara la Constituci¨®n. Ninguna de las dos partes entendi¨® que la ¨²nica v¨ªa de soluci¨®n pasaba por buscar un equilibrio entre ambos principios, el legal y el democr¨¢tico.

En cuarto lugar, los l¨ªderes independentistas perdieron toda legitimidad democr¨¢tica al optar por la v¨ªa unilateral. Tras las elecciones catalanas de 2015, que plantearon como plebiscitarias, no obtuvieron el apoyo popular que buscaban para su causa. Aunque sumando los diputados de la CUP los partidarios de la independencia ten¨ªan mayor¨ªa absoluta en el Parlament, en voto se quedaron en un 48% (36% del censo). Con ese porcentaje no ten¨ªan base para hablar en nombre de la mayor¨ªa de los catalanes y menos a¨²n para romper el orden constitucional.

En quinto lugar, la justicia abus¨® de su poder, ante la complicidad de los grandes partidos y la mayor¨ªa de la sociedad espa?ola. Se lanzaron unas acusaciones atrabiliarias de rebeli¨®n cuando era evidente que, por muy grave que fuese la desobediencia constitucional, no hubo violencia en ning¨²n momento. Dichas acusaciones no fueron inocuas: sirvieron, entre otras cosas, para legitimar la tesis del ¡°golpe de Estado¡± y para interferir en el proceso electoral, pues los diputados electos que estaban acusados de rebeli¨®n no pudieron ocupar sus esca?os. Al final, se opt¨® por guardar las apariencias con una condena por sedici¨®n, encajando forzadamente lo sucedido en un ¡°alzamiento tumultuario¡±.

Nada de lo anterior resulta edificante. Todo se hizo mal. Hubo cortedad de miras y falta de sensibilidad democr¨¢tica. La imagen exterior de Espa?a se resinti¨®: pocos extranjeros entendieron que un conflicto de esta naturaleza no se resolviera dentro del cauce pol¨ªtico.

Si finalmente el Congreso aprueba una ley de amnist¨ªa, o el Gobierno encuentra alguna otra v¨ªa para acabar con el absurdo de que m¨¢s de 300 cargos p¨²blicos est¨¦n a¨²n a la espera de juicio, se habr¨¢ pasado p¨¢gina de un episodio de nuestro pasado reciente que, cuanto antes superemos, mejor. La amnist¨ªa, o cualquier otra medida similar, no niega la democracia. Al rev¨¦s, se trata de reafirmarla, asumiendo que, desde una perspectiva democr¨¢tica, las cosas no se hicieron bien. Una amnist¨ªa no supondr¨ªa, a mi juicio, admitir la impunidad, sino reconocer que todas las partes cometieron errores b¨¢sicos. Esto no quiere decir que Espa?a no sea una democracia, pero las democracias tambi¨¦n se equivocan y aqu¨ª se equivocaron todos, quienes hicieron tabla rasa de la Constituci¨®n y quienes pretendieron arreglarlo con el uso de la fuerza y la justicia penal. La amnist¨ªa (o similar) podr¨ªa ser la posibilidad de restablecer un esp¨ªritu de integraci¨®n e inclusi¨®n, basado en la convicci¨®n de que el enfrentamiento solo lleva a situaciones que no deber¨ªan haberse dado nunca.