La pregunta de la ministra Robles

En su comparecencia en la sesi¨®n de control del Congreso el pasado 27 de abril, la ministra de Defensa, Margarita Robles, plante¨® esta cuesti¨®n: ¡°?Qu¨¦ tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constituci¨®n, cuando alguien declara la independencia, corta las v¨ªas p¨²blicas, cuando realiza des¨®rdenes p¨²blicos, cuando alguien est¨¢ teniendo relaciones con dirigentes pol¨ªticos de un pa¨ªs que est¨¢ invadiendo Ucrania?¡±.

Estas palabras se pronunciaron en medio de la refriega parlamentaria sobre el espionaje a los l¨ªderes independentistas de Catalu?a. La ministra dijo muchas m¨¢s cosas, pero me gustar¨ªa centrarme en su pregunta. Tengo la impresi¨®n de que Robles, al lanzar esta cuesti¨®n, pens¨® que estaba empleando la figura de la ¡°interrogaci¨®n ret¨®rica¡±, es decir, una presunta interrogaci¨®n que, por la forma misma en que se plantea, descarta una de las opciones de respuesta. Robles dio a entender que si se produce un ¡°desaf¨ªo¡± secesionista, la respuesta m¨¢s l¨®gica consiste en poner en marcha todos los recursos del Estado para impedirlo, incluyendo el espionaje de los l¨ªderes ¡°sediciosos¡± que quieren acabar con el orden constitucional.

Esta forma de entender la crisis catalana de 2017 es deudora de una tesis que se hizo muy popular en su d¨ªa, sobre todo en la derecha, seg¨²n la cual lo sucedido en aquel a?o fue un intento golpe de Estado. Ante un intento de golpe, nada m¨¢s adecuado que utilizar los servicios de inteligencia para identificar la trama golpista, los miembros que la componen y los planes de la operaci¨®n. Lo mismo se hizo en los a?os setenta y ochenta cuando el peligro de golpe era bien real en la incipiente democracia espa?ola. Todav¨ªa en 1985, el Centro Superior de Informaci¨®n de la defensa (CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia, CNI) desmantel¨® una trama golpista que pretend¨ªa crear un vac¨ªo de poder (que ser¨ªa aprovechado por el Ej¨¦rcito) asesinando a las principales autoridades del Estado mediante la explosi¨®n de una bomba debajo de la tribuna de autoridades en el desfile del D¨ªa de las Fuerzas Armadas.

En realidad, la crisis constitucional catalana no tuvo nada que ver con un golpe de Estado; de ah¨ª que resulte tan cuestionable el espionaje masivo a rivales pol¨ªticos independentistas. Los golpes del Estado los protagoniza el Ej¨¦rcito, o se realizan con el apoyo t¨¢cito o expl¨ªcito del Ej¨¦rcito, y siempre se llevan a cabo en secreto, no se anuncian. En el caso de Catalu?a, sin embargo, lo sucedido a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2017 fueron actos pol¨ªticos que se anunciaron con antelaci¨®n (y en los que nunca hubo ni violencia ni amenaza de la misma). Los l¨ªderes hablaron largo y tendido de sus objetivos y de la manera en que iban a actuar para lograrlos. No hubo enga?o de ning¨²n tipo. El refer¨¦ndum del 1 de octubre era un compromiso electoral de la coalici¨®n Junts pel S¨ª en las elecciones auton¨®micas de 2015. Recu¨¦rdese que la coalici¨®n se autoimpuso un plazo de 18 meses para llevar a cabo el refer¨¦ndum. Para darle una apariencia de legalidad al mismo, el Parlamento catal¨¢n aprob¨® en el mes de septiembre de 2017 las leyes de refer¨¦ndum y de transici¨®n a la Rep¨²blica. Todo lo que sucedi¨® en el tiempo transcurrido entre el 1-O y la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 suspendiendo la autonom¨ªa catalana fue tambi¨¦n p¨²blico. No hubo un componente secreto (salvo la ocultaci¨®n de las urnas, que, por cierto, los esp¨ªas no consiguieron encontrar).

En realidad, el espionaje y la guerra sucia fueron las ¨²nicas respuestas del Gobierno del Partido Popular a las demandas de las autoridades catalanas entre 2011 y 2017. Sendas comisiones de investigaci¨®n en el Congreso de los Diputados y el Parlamento catal¨¢n documentaron las operaciones clandestinas organizadas desde el Ministerio del Interior de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, financiadas con fondos reservados, para airear trapos sucios de los pol¨ªticos independentistas (Podemos fue objeto de una operaci¨®n similar con el Informe Pisa). A todo esto se le acab¨® llamando Operaci¨®n Catalu?a, y el comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo tuvo una participaci¨®n destacada en la misma. La informaci¨®n obtenida il¨ªcitamente por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy luego se distribu¨ªa entre periodistas afines para crear esc¨¢ndalo y destruir as¨ª la reputaci¨®n de los pol¨ªticos independentistas.

Todo esto, deber¨ªa recordar la ministra, ocurri¨® a?os antes de que los partidos independentistas desobedecieran la Constituci¨®n, declararan la independencia u organizaran disturbios p¨²blicos. Fue una de las p¨¢ginas m¨¢s negras del sistema democr¨¢tico y el Estado de derecho en Espa?a. El espionaje comenz¨® antes de la crisis del oto?o de 2017, con el Gobierno de Rajoy, y, al parecer, se mantuvo durante el Gobierno de la coalici¨®n de izquierdas al menos hasta 2020.

El independentismo creci¨® con fuerza durante los primeros a?os de la d¨¦cada anterior. Los representantes del independentismo pidieron en innumerables ocasiones negociar con el Gobierno de Espa?a. Demandaron un pacto fiscal, as¨ª como competencias para poder celebrar una consulta legal en Catalu?a. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, hizo o¨ªdos sordos y dej¨® pudrir el problema hasta que acab¨® estallando. No quiso darse por enterado del problema pol¨ªtico que supon¨ªa que m¨¢s de un 40% de la sociedad catalana optase por la independencia. En lugar de sentarse a debatir y negociar, el Ejecutivo de Rajoy puso en marcha operaciones ilegales contra los pol¨ªticos independentistas.

Todo esto deber¨ªa haber cambiado con la llegada de Pedro S¨¢nchez al poder en junio de 2018. Y, de hecho, la gesti¨®n de S¨¢nchez ha sido muy distinta a la de su antecesor. Ha procurado reducir la tensi¨®n territorial y evitar la confrontaci¨®n como ¨²nica soluci¨®n. Su medida m¨¢s valiente, que le ha supuesto un importante coste pol¨ªtico, fue el indulto de los l¨ªderes independentistas el 2 de junio de 2021. A continuaci¨®n, se constituy¨® la mesa de di¨¢logo y, en el seno de la misma, se produjo una reuni¨®n entre S¨¢nchez y el presidente de Catalu?a, Pere Aragon¨¨s. Es cierto que la mesa apenas ha avanzado, pero es el ¨²nico asidero institucional al que podemos agarrarnos en este momento para buscar alg¨²n tipo de salida negociada.

En este contexto, no tiene sentido ni la reacci¨®n ni el tono de la ministra Robles. Incluso si el espionaje practicado a lo largo del Gobierno de S¨¢nchez hubiera tenido cobertura legal, lo que ser¨¢ preciso que comprueben las fuerzas pol¨ªticas, resulta del todo contradictorio pretender una soluci¨®n negociada con pol¨ªticos a la vez que se les esp¨ªa de forma masiva. Por eso es tan importante que el Gobierno explique con detalle hasta cu¨¢ndo se prolong¨® el espionaje (iniciado en tiempos del PP) y c¨®mo se decidi¨® acabar con esta pr¨¢ctica que, al margen de los legalismos en los que le gusta arroparse a la ministra, ofende en lo m¨¢s profundo los principios democr¨¢ticos.

Volviendo a la pregunta original, qu¨¦ tiene que hacer un Estado ante una crisis territorial profunda, la respuesta no puede ser el espionaje masivo de los rivales pol¨ªticos, sea legal o no. As¨ª no resuelven los conflictos en una democracia. Es cierto que hubo disturbios graves tras la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019, pero la crisis catalana no ha sido un problema de seguridad u orden p¨²blico, sino una crisis constitucional. Se trata de un problema pol¨ªtico que debe resolverse pol¨ªticamente.