Un mediador en Bruselas

El Gobierno y el Partido Popular se vieron ayer para reactivar las negociaciones de cara a la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano constitucional que gobierna la justicia y que el pasado diciembre cumpli¨® cinco a?os con el mandato caducado, una situaci¨®n in¨¦dita en la democracia espa?ola. El ministro F¨¦lix Bola?os y el diputado del PP Esteban Gonz¨¢lez Pons se reunieron en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el papel de mediador. Esta escenificaci¨®n fue exigida por el PP, que tiene a Bola?os a su disposici¨®n todos los d¨ªas en Madrid, despu¨¦s de haber puesto el grito en el cielo porque los independentistas de Junts exigieran negociar la investidura de Pedro S¨¢nchez en el extranjero y con un mediador internacional.

La teatralidad, aceptada por el Gobierno con tal de avanzar en la renovaci¨®n, busca trasladar la imagen de una Espa?a presa de tal nivel de caos institucional que necesita de la UE para el funcionamiento del Estado de derecho. Es un relato irresponsable, que tiene muy poco recorrido tanto en Bruselas como en Espa?a, pero que aparentemente el PP necesita para justificarse a s¨ª mismo cumplir con sus obligaciones constitucionales despu¨¦s de cinco a?os de boicot a la renovaci¨®n del CGPJ. Llegados a este extremo, cualquier posibilidad de acabar con la situaci¨®n de degradaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces debe ser bienvenida.

Los votos del PP en las Cortes son imprescindibles para la renovaci¨®n, pues la Constituci¨®n exige la aprobaci¨®n por tres quintos de las C¨¢maras. La reiterada negativa popular al acuerdo mantiene una mayor¨ªa de vocales conservadores e impide que la voluntad popular expresada en las urnas se traslade al ¨®rgano: la actual composici¨®n corresponde a la mayor¨ªa absoluta de Rajoy de 2011. Hay 43 candidatos ya elegidos por la judicatura que llevan a?os esperando esa votaci¨®n parlamentaria. El PP ha disfrazado de excusas esta par¨¢lisis a lo largo de los a?os. La ¨²ltima, en octubre de 2022, fue la reforma del delito de sedici¨®n, un asunto sin ninguna relaci¨®n, pero que dinamit¨® un acuerdo ya cerrado entre Alberto N¨²?ez Feij¨®o y Pedro S¨¢nchez. El PP clama que el Gobierno no es un negociador fiable, pero los precedentes no dejan en buen lugar al partido de Feij¨®o.

El ¨²ltimo argumento de los populares es que junto a la renovaci¨®n se debe cambiar el sistema de elecci¨®n ¡ªBruselas ha dicho siempre que primero renovar y luego reformar¡ª para que sean las asociaciones judiciales directamente las que elijan a los vocales, sin que las Cortes ¡ªel ¨²nico poder soberano¡ª tengan ninguna participaci¨®n. Las asociaciones mayoritarias en la judicatura son conservadoras, luego este sistema tambi¨¦n favorecer¨ªa al PP. Desde 1985 no se ha cuestionado que sean las Cortes las que decidan entre las propuestas de los jueces. El PP, con mayor¨ªa absoluta, hizo modificaciones a la ley en 2013 y no incluy¨® estas reformas que, cuando gobierna el PSOE, resultan ser imprescindibles. No hay ninguna directriz europea que unifique c¨®mo se deben hacer estos nombramientos.

El CGPJ no puede hacer nombramientos mientras est¨¢ en funciones y hasta octubre se acumulaban 85 vacantes entre Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores de justicia, lo que provoca graves retrasos y perjudica a los ciudadanos. El Gobierno y el PSOE se han abierto a la posibilidad de cambiar el m¨¦todo de elecci¨®n, pero siempre que primero se haga la actual renovaci¨®n. Hay que aceptar que, mientras el PP disponga de minor¨ªa de bloqueo, el actual sistema de elecci¨®n no es operativo. Pero no se puede abordar su reforma bajo el chantaje de quien lo ha dinamitado.