Personajes turbios junto al poder

La investigaci¨®n en torno a la presunta corrupci¨®n en contratos de mascarillas promovidos desde el Ministerio de Transportes en plena pandemia, con Jos¨¦ Luis ?balos al frente, ha sumido la pol¨ªtica espa?ola en un torbellino de titulares reales y otros muchos de pura desinformaci¨®n, y acusaciones cruzadas. Diez d¨ªas despu¨¦s de la detenci¨®n de 20 personas, sin embargo, el frente judicial no ha avanzado mucho en lo esencial: dos empresarios lograron contratos multimillonarios de varias administraciones supuestamente a trav¨¦s de Koldo Garc¨ªa, un guardaespaldas, ch¨®fer y asesor personal del ministro ?balos con un acceso inexplicable a la gesti¨®n de determinados asuntos desde el ministerio. La Guardia Civil afirma que obtuvieron beneficios personales de unos 16 millones de euros. De ellos, 1,5 millones para Garc¨ªa, que trat¨® presuntamente de ocultarlos de forma burda en el mercado inmobiliario sin recurrir a la m¨¢s eficaz ingenier¨ªa financiera que algunos grandes corruptos conocen a la perfecci¨®n.

?balos niega toda irregularidad, no est¨¢ siendo formalmente investigado y su nombre no aparece en la querella de la Fiscal¨ªa. Su dimisi¨®n como diputado, sin embargo, sigue siendo necesaria. A la espera de las conclusiones de la investigaci¨®n emerge una cuesti¨®n desasosegante alrededor de Koldo Garc¨ªa que le interpela no solo a ¨¦l, sino al PSOE y a la estructura de gobernanza y fiscalizaci¨®n de nuestras instituciones. Siempre habr¨¢ personajes perif¨¦ricos del poder al acecho de oportunidades. Pero es necesario responder c¨®mo pudo un hombre sin preparaci¨®n ni experiencia de gesti¨®n, contratado como asesor para log¨ªstica personal de un ministro, acabar siendo el intermediario de empresas con el titular de una cartera responsable de miles de millones de dinero p¨²blico, ministro que adem¨¢s lo promocion¨® y protegi¨®. Garc¨ªa estuvo presente en dos empresas p¨²blicas: consejero de una filial de Renfe y vocal del consejo rector de Puertos del Estado. Y a la luz de lo conocido, se consideraba con suficiente poder para facilitar contratos de mascarillas en una situaci¨®n desesperada y llevarse presuntamente una mordida.

Una primera lecci¨®n pol¨ªtica de este caso es la falta de control institucional sobre el mundo de los cargos de confianza, para el que no existen protocolos u ¨®rganos fiscalizadores. Es necesario dar respuesta al ciudadano que se pregunta cu¨¢ntos Koldos hay en las administraciones espa?olas y por qu¨¦ no hay ning¨²n tipo de cortafuegos ante la sospecha de comportamientos impropios. Crear esos cortafuegos estructurales y funcionariales para que no dependan de la voluntad de una sola persona es una tarea que corresponde al Gobierno del PSOE porque es el primero que debe despejar en este momento la respuesta a la pregunta de cu¨¢ntos Koldos hay.

Sin que haya ning¨²n cargo p¨²blico investigado todav¨ªa, el PP se?ala a cualquiera que haya estado cerca de Garc¨ªa o de cualquier empresario investigado en la misma espiral de oposici¨®n salvaje que aplic¨® ayer a la ley de amnist¨ªa y no sabemos a qu¨¦ otro asunto de la actualidad ma?ana. Desde acusar directamente al presidente del Gobierno en la sesi¨®n de control hasta pedir la dimisi¨®n de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, presidenta de la comunidad balear cuando se compr¨® una partida de mascarillas a la empresa de la trama investigada, partida defectuosa cuya devoluci¨®n y reclamaci¨®n del dinero se tramit¨® tres a?os despu¨¦s en una peripecia administrativa que acaba cuando el actual Gobierno balear, en manos del PP, dej¨® pasar el plazo de esa reclamaci¨®n. Los contratos son p¨²blicos, es ahora mismo una tormenta pol¨ªtica, no judicial.

Pero la percepci¨®n de la ciudadan¨ªa juega en pol¨ªtica. EL PSOE ya ha anunciado que est¨¢n dispuestos a que la presidenta del Congreso comparezca en la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre las contrataciones sanitarias en la pandemia que los socialistas promueven en esta instituci¨®n. El perfil institucional de su cargo es perfectamente compatible con el ofrecimiento de explicaciones p¨²blicas en el marco parlamentario.