Hagan pol¨ªtica

La presumible aprobaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en el pleno del Congreso del pr¨®ximo jueves deber¨ªa contribuir a marcar un tiempo nuevo en la pol¨ªtica espa?ola, tanto por lo que respecta al Gobierno como a la oposici¨®n. A nadie se le escapa que el largo ciclo electoral que desembocar¨¢ en las elecciones catalanas ¡ªsin fecha a¨²n¡ª despu¨¦s de pasar por ...

La presumible aprobaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en el pleno del Congreso del pr¨®ximo jueves deber¨ªa contribuir a marcar un tiempo nuevo en la pol¨ªtica espa?ola, tanto por lo que respecta al Gobierno como a la oposici¨®n. A nadie se le escapa que el largo ciclo electoral que desembocar¨¢ en las elecciones catalanas ¡ªsin fecha a¨²n¡ª despu¨¦s de pasar por las vascas de abril y las europeas de junio no hace albergar demasiadas esperanzas sobre la vuelta del sosiego al debate p¨²blico, pero el riesgo de desafecci¨®n ciudadana parece tener m¨¢s fundamento que el triunfalismo de unos y el catastrofismo de los otros.

Con la amnist¨ªa en manos de quienes deber¨¢n aplicarla ¡ªlos jueces¡ª, el Gobierno de coalici¨®n tendr¨¢ por delante una legislatura cuyo primer objetivo claro es la aprobaci¨®n de los Presupuestos, una tarea que depende ahora de una voluble mir¨ªada de socios parlamentarios que tienen sus propias agendas electorales y que, obviamente, marcar¨¢n la negociaci¨®n: a la larga disputa entre ERC y Junts, y entre Sumar y Podemos, podr¨ªa a?adirse la de PNV y Bildu, que se disputan la hegemon¨ªa en Euskadi. Negociar es parte intr¨ªnseca de la pol¨ªtica; hacerlo pensando en los intereses generales es responsabilidad del Ejecutivo.

El partido mayoritario del Gobierno, el PSOE, tiene adem¨¢s que seguir resolviendo con toda transparencia y celeridad el caso Koldo, que ya ha tenido su extravagante traducci¨®n en el pase al Grupo Mixto de un exministro y exsecretario de Organizaci¨®n del Partido Socialista, Jos¨¦ Luis ?balos. La rendici¨®n de cuentas es un deber b¨¢sico hacia la ciudadan¨ªa y no puede sustituirse con el recordatorio a la oposici¨®n de los casos de corrupci¨®n que le afectaron de forma estructural en el pasado, por graves que fueran.

El Partido Popular gobierna en la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas y es, por tanto, corresponsable de las pol¨ªticas que afectan a los ciudadanos, adem¨¢s de constituir un formidable contrapeso al Gobierno central, tambi¨¦n desde la mayor¨ªa absoluta de la que goza en el Senado. Se trata de un enorme poder con el que, sin renunciar a su leg¨ªtima labor opositora, asume la responsabilidad de comportarse dentro y fuera de Espa?a como un partido de Estado y no como una formaci¨®n desesperada por no haber conseguido La Moncloa para completar el puzle.

La estrategia desleal de presentar al Gobierno espa?ol como homologable al de pa¨ªses en los que el Estado de derecho tiene un fallo sist¨¦mico (Hungr¨ªa) y la negativa a cumplir el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial ¡ªcaducado desde hace cinco a?os¡ª para poder seguir control¨¢ndolo ponen al PP ante el espejo de las cr¨ªticas que hace a Pedro S¨¢nchez. Las intervenciones de los l¨ªderes conservadores espa?oles en la reuni¨®n del Partido Popular Europeo celebrada esta semana en Bucarest no hicieron m¨¢s que dejar en evidencia una estrategia que consiste en intentar llevar la disputa dom¨¦stica al ¨¢mbito comunitario. Aunque para ello se deba recurrir a hip¨¦rboles sobre la salud de una democracia consolidada que ¡ªm¨¢s all¨¢ de quien ocupe el Gobierno¡ª acostumbra a pasar con nota los ex¨¢menes de los observatorios globales.

Han pasado ocho meses desde las elecciones generales. La ciudadan¨ªa eligi¨® en julio un Parlamento que obliga a contrastar programas y a buscar acuerdos. El inter¨¦s general no puede supeditarse al inter¨¦s partidista. Es la hora de hacer pol¨ªtica.