¡®Libert¨¦, egalit¨¦ et sororit¨¦': aborto y democracia

¡°Francia est¨¢ demostrando que el derecho al aborto ya no es una opci¨®n, sino una condici¨®n de nuestra democracia¡±, fueron las palabras de M¨¦lanie Vogel, del Partido Verde, y una de las voces m¨¢s activas detr¨¢s de la reforma que incorpora este derecho a la Constituci¨®n. ?Pero, cu¨¢l es esa conexi¨®n que no parece obvia entre la autonom¨ªa reproductiva de las mujeres y la democracia? ?O, lo que es lo mismo, entre esa autonom¨ªa y su condici¨®n de ciudadanas?

Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos al origen del constitucionalismo moderno y a la tesis de que dicho constitucionalismo sencillamente hered¨® una concepci¨®n de ciudadan¨ªa republicana que esperaba que los ciudadanos contribuyeran al bien com¨²n, aunque esto significaba cosas diferentes para hombres y mujeres. Mientras que la expectativa era que los hombres se centraran en el servicio militar y el desempe?o del gobierno, las mujeres habr¨ªan de canalizar su contribuci¨®n a trav¨¦s de la maternidad, custodiando las virtudes y la moral republicanas. Es decir que el consabido contrato social que marcaba las nuevas condiciones del ejercicio del poder leg¨ªtimo descansar¨ªa no solo sobre el reconocimiento de la libertad y de la igualdad (aunque limitado, desde luego, por renta y raza) sino tambi¨¦n sobre un contrato sexual previo (teorizado por Carole Pateman en 1988) que delimitar¨ªa esferas separadas y sexuadas. Reproducci¨®n y cuidados quedaban relegados a la esfera privada y se sellaba as¨ª para la mujer una condici¨®n de encargada de la dependencia y dependiente a su vez, incompatible con su libertad e igualdad.

El voto disidente de los magistrados Mahrenholz y Sommer en la sentencia del Tribunal Federal Constitucional alem¨¢n del a?o 1993, reconoc¨ªa que el problema de base es que una caracter¨ªstica b¨¢sica de la condici¨®n humana es que la sexualidad y el deseo de tener hijos no necesariamente coinciden, y que las consecuencias de tal divergencia hasta ahora han reca¨ªdo principalmente en las mujeres. A ello habr¨ªa que a?adir que ning¨²n m¨¦todo anticonceptivo es plenamente seguro y, sobre todo, algo que hoy estamos en mejores condiciones de reconocer: que el problema tiene ra¨ªces a¨²n m¨¢s profundas, pues si de algo ha servido el acalorado debate social del solo s¨ª es s¨ª es para invitar a una reflexi¨®n m¨¢s profunda acerca de las condiciones estructurales que una sexualidad verdaderamente libre de la mujer requiere.

El problema se agrava por la constataci¨®n de que unos cuidados a los que no se les reconoce una dimensi¨®n de contribuci¨®n ciudadana siguen recayendo de forma prioritaria sobre las mujeres y, de esta forma, condicionando y limitando sus opciones en otros ¨¢mbitos, estos s¨ª, reconocidos como ¨¢mbitos de desempe?o ciudadano, como el trabajo remunerado o los cargos p¨²blicos y representativos. La cuesti¨®n de la desigualdad se complica a¨²n m¨¢s si tenemos en cuenta que, diga lo que diga la ley, las mujeres han reclamado desde siempre un ¡°derecho natural¡± a disponer de sus cuerpos, es decir, que cuando han querido abortar han abortado con la diferencia de que aquellas sin recursos o condiciones legales lo han hecho de forma clandestina, pagando con salud y vida.

De ah¨ª la relevancia de que la cl¨¢usula incorporada a la Constituci¨®n de Francia, la primera en el mundo en su especie, hable de ¡°libertad garantizada¡±, y no solo de libertad o autonom¨ªa reproductivas. A nadie se le escapa que lo sucedido en Francia est¨¢ conectado con la involuci¨®n democr¨¢tica que observamos en un contexto de auge de nacionalismos autoritarios hermanados por una clara agenda antig¨¦nero y, en particular, con la muerte en junio de 2022 del precedente del Tribunal Supremo de EE UU (conocido como Roe v. Wade) que en el a?o 1973 reconoci¨® por v¨ªa jurisprudencial la libertad de abortar. Pero lo cierto es que Roe v Wade nunca fue suficiente, porque su articulaci¨®n en clave meramente negativa siempre supuso dejar por fuera del disfrute de la justicia reproductiva a quienes carec¨ªan de recursos para acceder a la prestaci¨®n (mujeres pobres y racializadas).

En esto, la tradici¨®n constitucional europea en la materia siempre ha ido un paso por delante, reconociendo por regla general que, al menos en aquellos supuestos en los que se reconociera la legalidad de la pr¨¢ctica, esta deb¨ªa tambi¨¦n contar con cobertura social. Como por delante ha ido en reconocer que este reconocimiento del derecho de la mujer a la interrupci¨®n voluntaria de su embarazo no implica una desatenci¨®n total o un desprecio constitucional de la vida humana en formaci¨®n sino un reconocimiento de que la ¨²nica forma de conciliar la igualdad ciudadana de la mujer, su autonom¨ªa reproductiva y el valor objetivo de la vida humana en formaci¨®n pasa por pensar en formas de desincentivar el aborto que vayan de la mano de la mujer y no contra ellas. Educaci¨®n sexual para prevenir embarazos no deseados. Alternativas reales para que las mujeres embarazadas puedan escoger otras v¨ªas. Y, sobre todo, sociedades igualitarias en las que la reproducci¨®n social reciba el reconocimiento de la importancia que merece, pero deje de ser un ¡°deber ciudadano normalizado¡±, a la vez que infravalorado, de la mitad femenina de la poblaci¨®n. En definitiva, sororit¨¦ y no solo fraternit¨¦, a?adido al lema revolucionario.