Da?ar las instituciones Constitucionales

Le¨ª, sin sorpresa, el recorrido que un fiscal en activo, l¨ªder de una muy minoritaria asociaci¨®n de fiscales hizo por varios peri¨®dicos para poner en entredicho a la Instituci¨®n Constitucional del Ministerio Fiscal, minando su credibilidad, y causando grave da?o al Estado de Derecho.

Argumenta sobre los principios de legalidad e imparcialidad y sobre la dependencia jer¨¢rquica que rige la Instituci¨®n, pero olvida algo fundamental como es el mandato constitucional de defender el inter¨¦s p¨²blico y promover ante los Tribunales el inter¨¦s social, y no son los funcionarios, por importantes que se consideren, los que ha de interpretar el inter¨¦s social ni el inter¨¦s p¨²blico que ha de tener en consideraci¨®n la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal. Eso corresponde al Fiscal General propuesto por un Gobierno que nace de un Parlamento votado por los ciudadanos. No de la voluntad corporativa de los funcionarios. Es de la voluntad derivada del proceso electoral.

Siempre ocurre lo mismo. Cuando es el Gobierno del partido que ahora est¨¢ en la oposici¨®n el que, leg¨ªtima y legalmente, propone al Fiscal General del Estado, y ¨¦ste determina los criterios de actuaci¨®n de la Instituci¨®n de acuerdo con las leyes, y nombra a los fiscales de Sala y Fiscales Jefes que han de llevar a cabo los criterios antes dichos, todo es correcto y normal, pero si con la misma legitimidad y legalidad lo hace un Fiscal General propuesto por un Gobierno progresista todo es incorrecto, todo es un fraude al Estado de derecho, todo son nombramientos inadecuados. En definitiva, parece que definir el inter¨¦s social y el inter¨¦s p¨²blico y el derecho a dirigir la Instituci¨®n es patrimonio s¨®lo de unos, tal vez por creer que les corresponde a ellos, con sus criterios, por siempre.

Pero el discurso que se ha hecho en la prensa alcanza su mayor gravedad cuando se insin¨²a que se est¨¢n tergiversando y retorciendo las leyes para favorecer determinados intereses pol¨ªticos. Y se pone en duda la honestidad de los profesionales responsables de la Fiscal¨ªa que tienen el deber constitucional y legal de fijar sus criterios de actuaci¨®n en los procesos, como se ha hecho y se ha de hacer siempre, tras el debate correspondiente, con todos los datos para su estudio, en el marco legal que rige la Instituci¨®n.

Y junto a todo esto, los consabidos ataques personales a la anterior Fiscal General lo mismo que al actual. Si se desea conocer en que quedan todas estas acusaciones, as¨ª como el contenido del informe aprobado por una mayor¨ªa significada pol¨ªticamente dentro del desprestigiado y caducado CGPJ, se deber¨ªa ver y escuchar la comparecencia del actual Fiscal General ante la Comisi¨®n de Justicia del Congreso de los Diputados, donde es su deber hablar y exponer sus criterios de direcci¨®n, y donde los representantes del pueblo le declararon id¨®neo para el cargo. Ah¨ª, el Fiscal tuvo oportunidad de defender su profesionalidad e integridad jur¨ªdica y personal ante todos los grupos parlamentarios, algo que no puede hacer desde las mismas tribunas y condiciones que otros utilizan para hacer da?o irresponsablemente, y desde las que alientan operaciones pol¨ªtico/judiciales encaminadas a tratar de limitar el leg¨ªtimo y obligado ejercicio de promover el inter¨¦s social ante los Tribunales. Tal vez, porque ese inter¨¦s social no sea el que no gusta a los sectores que pretenden detentar el poder a toda costa.

Creo que los ciudadanos no merecen el trato que algunos dan a las Instituciones Constitucionales, da?ando grav¨ªsimamente la credibilidad ciudadana en las mismas.

F¨¦lix Pantoja Garc¨ªa es Fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado. Ex vocal del CGPJ.