Urgencia contra los pisos tur¨ªsticos

El turismo es un sector fundamental para el crecimiento y el empleo en la econom¨ªa espa?ola (m¨¢s del 13% del PIB), pero al tiempo se ha convertido en una fuente de tensiones, sobre todo en la forma en que afecta a la vivienda. Empiezan a ser habituales las manifestaciones contra el turismo masivo, como la que este s¨¢bado reuni¨® a m¨¢s de 10.000 personas en Mallorca o la de hace un mes en Canarias. Con 85 millones de visitantes en 2023 y la previsi¨®n de alcanzar los 100 millones, los problemas que acarrea esta actividad no van a mejorar y hay que atajarlos antes de morir de ¨¦xito. Una parte importante de esas tensiones viene de la explosi¨®n de las viviendas tur¨ªsticas en las ciudades. Sus efectos son conocidos: reducen la oferta de pisos disponibles para los residentes y encarecen considerablemente los precios, especialmente del alquiler. Pero cada vez est¨¢n m¨¢s claras las cifras de un problema, la relaci¨®n entre pisos tur¨ªsticos y crisis habitacional, que hasta ahora era difuso.

El Ministerio de Vivienda ha informado de que entre 2010 y 2018, coincidiendo con el auge de las plataformas por internet, los alojamientos tur¨ªsticos se dispararon un 80%. Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), en febrero hab¨ªa un total de 351.389 apartamentos destinados a vivienda tur¨ªstica a escala nacional, lo que supone un aumento interanual del 9,2%. Esas viviendas representan 1,7 millones de plazas tur¨ªsticas, con un aumento del 13,3% respecto al a?o anterior. Al mismo tiempo, la Federaci¨®n Nacional de Asociaciones Inmobiliarias calcula que el parque de alquiler ha sufrido un retroceso del 30% y un alza de precios del 12%.

La regulaci¨®n de vivienda y turismo es principalmente auton¨®mica y local. El Gobierno convoc¨® el pasado viernes a las comunidades aut¨®nomas para abordar el problema. El resultado fue decepcionante. El Ejecutivo se comprometi¨® a poner en marcha una plataforma para unificar datos, estudios y normativas en materia de pisos tur¨ªsticos para un mejor diagn¨®stico de la situaci¨®n y la persecuci¨®n del fraude. Se trata del desarrollo de un reglamento europeo. Pero el compromiso es para finales de 2025. Dado el peso del turismo en Espa?a y las perspectivas de crecimiento, se antoja una fecha demasiado lejana para adoptar medidas a escala estatal. En el ¨¢mbito local y auton¨®mico, la regulaci¨®n es dispersa, confusa y de dif¨ªcil aplicaci¨®n por falta de recursos ante la magnitud que ha alcanzado el problema, lo que favorece que sea ignorada.

En el centro de Madrid, casi una de cada 10 viviendas est¨¢ destinada al turismo. En el centro de M¨¢laga, una de cada cuatro. Muchas ciudades han suspendido la aprobaci¨®n de nuevas licencias. Algunos alcaldes piden una norma estatal para clausurar viviendas ilegales con m¨¢s contundencia. Las actuales normativas permiten a los propietarios, especialmente si son empresas, eludir sanciones con mara?as de recursos. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento calcula que el 92% de estos pisos operan sin licencia.

Al vaciar masivamente viviendas en las ciudades para ofrecerlas al turismo es mucho lo que se pone en riesgo. El malestar afecta a la habitabilidad misma de algunos lugares y trasciende competencias e ideolog¨ªas. La implicaci¨®n del Gobierno es bienvenida, pero ciudades como Nueva York han sido capaces de adoptar medidas radicales, lo que demuestra que en buena medida es una cuesti¨®n de voluntad a escala local. Las distintas administraciones deben buscar ya soluciones conjuntas de acuerdo con la urgencia del problema.