Corresponsabilidad obligada

El Gobierno llevar¨¢ a mediados de julio a una conferencia sectorial con las comunidades el acuerdo que alcanz¨® hace dos semanas con el Ejecutivo canario para el reparto de los menores migrantes no acompa?ados. El acuerdo convierte en obligatorio el reparto de los menores en la Pen¨ªnsula cuando las islas, Ceuta o Melilla superen en un 150% su capacidad de acogida. Antes incluso de tener fuerza legal, el pacto afronta notables dificultades pol¨ªticas, con las reticencias del PP y de Junts, y ha expuesto la cara m¨¢s xen¨®foba de Vox. Canarias, gobernada en coalici¨®n por Coalici¨®n Canaria y el PP, vive una situaci¨®n de colapso con casi 6.000 menores tutelados y alg¨²n centro en p¨¦simas condiciones. La llegada de inmigrantes ha crecido en casi un 260% en lo que va de a?o y todo hace prever un nuevo r¨¦cord de llegadas a unas islas convertidas en una de las principales v¨ªas de inmigraci¨®n irregular a la UE.

Las tensiones que provoca la inmigraci¨®n deben abordarse con pol¨ªticas de Estado. El superior inter¨¦s de los menores y el derecho humanitario obligan a todas las partes a hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar acuerdos, una vez que los mecanismos de reparto voluntario se han mostrado insuficientes. El Gobierno debe trabajar en busca del consenso m¨¢s amplio, tanto para tramitar en las Cortes el correspondiente cambio de la Ley de Extranjer¨ªa como para informar y convencer a las comunidades. De nada servir¨¢ una modificaci¨®n legislativa, que el Ejecutivo por el momento no tiene garantizada, si luego las autonom¨ªas, de las que depende la tutela de los menores, no est¨¢n dispuestas a aplicarla, como acertadamente incid¨ªa el jueves en este peri¨®dico el presidente canario, Fernando Clavijo.

Las reclamaciones de las comunidades son v¨¢lidas y han de ser escuchadas, en especial en materia de financiaci¨®n de las plazas de acogida o la situaci¨®n en que quedan los menores cuando cumplen 18 a?os. Pero en el fondo los criterios que servir¨¢n para decidir los cupos de reparto son los mismos usados desde 2022 para la asignaci¨®n voluntaria. Con esos criterios, el mayor esfuerzo recaer¨ªa en tres comunidades del PP (La Rioja, Madrid y Andaluc¨ªa), adem¨¢s de Catalu?a, con un Govern pendiente de constituir y posiciones enfrentadas de ERC y Junts en esta cuesti¨®n.

Si Espa?a exige, con toda l¨®gica, recibir la corresponsabilidad de sus socios europeos para afrontar el creciente desaf¨ªo migratorio ¡ªy en ese sentido ha trabajado los ¨²ltimos a?os¡ª, un nivel similar de corresponsabilidad debe mantener de puertas adentro. El PP de Alberto N¨²?ez Feij¨®o tiene aqu¨ª una ocasi¨®n inmejorable de demostrar que hace pol¨ªtica de pa¨ªs por encima de los intereses de sus barones, a quienes por el momento ha endosado la decisi¨®n, aun asegurando que ser¨¢ solidario. Y, sobre todo, que en una materia tan sensible no est¨¢ preso de los planteamientos cercanos al racismo de Vox. El partido ultra ha convertido a estos menores en chivo expiatorio de sus obsesiones. Las amenazas ret¨®ricas de Vox al PP en las cinco comunidades que gobiernan para que no acepten el reparto evidencia una vez m¨¢s las contradicciones de estos pactos.

El primer paso hacia un sistema estable de acogida es evitar respuestas de populismo f¨¢cil a problemas complejos. Hay que sacar a los menores migrantes de este enfrentamiento pol¨ªtico y armar soluciones que sirvan tanto para las urgencias presentes como para las futuras.