El precedente

Julian Assange se ha declarado culpable de un solo cargo: conspirar para obtener y divulgar informaci¨®n relacionada con la defensa nacional de EE UU. Pero la Ley de Espionaje de 1917 estaba dise?ada para perseguir a funcionarios gubernamentales o contratistas del Estado: analistas de Inteligencia como Chelsea Manning, Edward Snowden o Daniel Ellsberg, que filtraron informaci¨®n clasificada mientras estaban contratados por Estados Unidos; gente como Mark Felt, subdirector del FBI, garganta profunda del Watergate. No est¨¢ pensada para perseguir a los periodistas que publicaron esos documentos. O no lo estaba hasta hoy.

Con este acuerdo, el presidente Joe Biden ha hecho lo que nadie hab¨ªa hecho antes. Lo que la administraci¨®n Obama pudo y no quiso hacer. Ha usado la Ley de Espionaje para procesar a un extranjero fuera del territorio que no tiene ning¨²n v¨ªnculo con el Gobierno por publicar documentos leg¨ªtimos. M¨¢s importante todav¨ªa: un editor. La administraci¨®n Trump hab¨ªa empezado ese proceso con la esperanza de obtener material ¨²til sobre el Partido Dem¨®crata antes de la campa?a de 2020. Pero Biden ha terminado el trabajo, con la ¨²nica intenci¨®n de vengar a Clinton y darnos a todos una lecci¨®n.

El precedente ha tenido varios actores secundarios. Algunos con papeles tan significativos como Suecia, que orden¨® la primera extradici¨®n por acusaciones de delitos sexuales. O Ecuador, que protegi¨® a Assange en su Embajada hasta abril de 2019. El Gobierno del Reino Unido, que mand¨® a Augusto Pinochet a casa mientras esperaba a ser extraditado por genocidio, cr¨ªmenes de guerra, terrorismo y tortura, encerr¨® a Assange sin cargos durante cinco a?os en una celda de seis metros cuadrados en r¨¦gimen de aislamiento en una prisi¨®n de m¨¢xima seguridad. Australia, el ¨²nico pa¨ªs donde tiene derechos civiles, olvid¨® defenderlos hasta que Anthony Albanese lleg¨® al Gobierno, en mayo de 2022.

Julian Assange public¨® los archivos de Irak y Afganist¨¢n que le entreg¨® Chelsea Manning siete a?os despu¨¦s de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un informe detallado con informaci¨®n falsa sobre la existencia de armas de destrucci¨®n masiva en Irak. Seis a?os despu¨¦s de que un soldado llamado Joseph Darby filtrara im¨¢genes de las torturas y cr¨ªmenes de guerra que el ej¨¦rcito estadounidense comet¨ªa en Abu Ghraib. Cinco a?os despu¨¦s de que el fiscal general Jay Bybee, titular de la Oficina de Asesor¨ªa Legal del Departamento de Justicia de EE UU, recomendara la implementaci¨®n de esas mismas t¨¢cticas de tortura para interrogar a detenidos en Guant¨¢namo. Tres a?os despu¨¦s de que un helic¨®ptero Apache matara deliberadamente a varias personas en Bagdad, incluyendo dos ni?os que iban al colegio y dos periodistas de Reuters, Namir Noor-Eldeen y su asistente Saeed Chmagh. EE UU no ha perseguido estos cr¨ªmenes de guerra. Le dio a Colin Powell la Medalla Presidencial de la Libertad, la m¨¢s alta condecoraci¨®n civil.

Una clave en este precedente ha sido la desacreditaci¨®n de Assange como editor, con la notable colaboraci¨®n de los medios dispuestos a repetir que Julian hab¨ªa sido ¡°solo una fuente¡±, sin hacerse responsables de su protecci¨®n. Con esa firma, el Gobierno de EE UU ha legitimado su derecho a detener periodistas de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo, por publicar documentos leg¨ªtimos que vayan en contra de sus intereses. Y, con el suyo, el de China, Venezuela, Rusia o Ir¨¢n.