Per¨²: alto precio de la corrupci¨®n y autocracia en el poder

Destaca el Gobierno de Dina Boluarte en Per¨², y m¨¢s a¨²n el desprestigiado Congreso, por contar con una de las popularidades m¨¢s bajas en toda Am¨¦rica. Con un lastimoso 5% de aprobaci¨®n y una desaprobaci¨®n que supera el 90%, la inmensa impopularidad se expresa en uno de los momentos m¨¢s graves de colapso de legitimidad del poder pol¨ªtico. En el sur peruano, la situaci¨®n es a¨²n m¨¢s cr¨ªtica: el apoyo a Boluarte se ha reducido a 3%, mientras que su desaprobaci¨®n ha escalado hasta 95%.

No es este dato, sin embargo, indicativo de una ¡°tendencia regional¡±. No necesariamente por la variable popularidad/impopularidad de quien gobierna, sino porque el ritmo pol¨ªtico latinoamericano reciente ha estado signado por uno de los m¨¢s intensos rallies electorales en la regi¨®n. Salvo Per¨². Por todos los medios, Boluarte y el Congreso se han resistido a impulsar un adelanto de elecciones generales, las que regularmente se deber¨ªan llevar a cabo reci¨¦n el 2026.

El 2024, en efecto, est¨¢ siendo el punto culminante del super ciclo electoral 2021-2024. Con once elecciones presidenciales: Ecuador, Per¨², Chile, Honduras, Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Guatemala, Ecuador (por la salida adelantada del presidente Guillermo Lasso) y Argentina. Dentro de ello, el agudo analista Daniel Zovatto no soslaya algunas irregularidades graves. Por ejemplo, calific¨® como farsa electoral el proceso en Nicaragua el 2021 y la grosera inconstitucionalidad de la reelecci¨®n de Bukele en El Salvador el 2024.

?En perspectiva, qu¨¦? Las elecciones generales que deber¨ªan producirse en Per¨² en el 2026, encuentran un pa¨ªs polarizado. Y con todas las expresiones de poder pol¨ªtico en los s¨®tanos de su legitimidad. El Gobierno de Boluarte, guiado por una l¨®gica autoritaria, es muy d¨¦bil. No solo internamente, sino internacionalmente: confronta sistem¨¢ticamente al sistema interamericano de derechos humanos como solo lo hace un r¨¦gimen autoritario.

No es casualidad, por ello, que el Per¨² de Boluarte comparta ahora con la Nicaragua de Ortega una poco honrosa calificaci¨®n por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ser uno de los dos pa¨ªses de Am¨¦rica considerados judicialmente en desacato por el tribunal interamericano. Junto con Nicaragua y Venezuela. Grave calificaci¨®n como esa. Por hacer caso omiso y confrontar las decisiones vinculantes (obligatorias) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las que por el tratado del que son Estados parte son de obligatorio cumplimiento.

Por ejemplo, en el caso de Per¨² el r¨¦gimen desconoci¨® -y viol¨®- la decisi¨®n del tribunal interamericano contra un indulto a Fujimori, condenado por graves violaciones a derechos humanos y corrupci¨®n. Boluarte lo indult¨® igual. Aunque irregularmente, por cierto. Su canciller anunci¨® en diciembre del 2023 que no acatar¨ªan la decisi¨®n de la Corte Interamericana. As¨ª de simple, en ostensible e innegable desacato. Sin fundamento jur¨ªdico alguno, por cierto.

La ¡°caja de sorpresas¡±

En Per¨² ya se empez¨® a abrir una ¡°caja de sorpresas¡± a prop¨®sito de las elecciones generales (ejecutivo y legislativo) a llevarse a cabo el 2026. Empezando por el reciente anuncio del aut¨®crata Alberto Fujimori, de intentar postularse nada menos que a la presidencia de la rep¨²blica del Per¨².

Condenado Fujimori por la justicia por graves violaciones a derechos humanos y corrupci¨®n cometidos durante su presidencia (1992-2000) y no por delitos menores. Con una larga lista de sentencias por hechos grav¨ªsimos de los que la justicia lo hizo responsable penal, la mera pretensi¨®n de esa postulaci¨®n presidencial choca, Y frontalmente. No solo contra el ordenamiento jur¨ªdico, sino contra el sentido com¨²n.

Condenas por actos muy graves

Hay que recordar que las condenas impuestas a Alberto Fujimori por corrupci¨®n son variadas. Entre otros hechos, la entrega al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos de 15 millones de d¨®lares que se apropi¨® del tesoro p¨²blico antes de su fuga, y al uso de aproximadamente otros 12 millones de d¨®lares destinados a sobornar due?os de medios de comunicaci¨®n y congresistas que cambiaron de bancada.

Por estos casos Fujimori fue condenado. Pero no solo por ellos. Y tambi¨¦n por las masacres a civiles (incluidos ni?os) en los hechos de La Cantuta, Barrios Altos y otros por las operaciones del escuadr¨®n de la muerte gubernamental conocido como ¡°Colina¡±.

?No es japon¨¦s?

Tanto por la prohibici¨®n constitucional -que proh¨ªbe postular a los condenados por delito doloso- como por la ley, Fujimori no puede aspirar a un cargo de elecci¨®n popular. La ley lo proh¨ªbe.

Que haya recibido del gobierno, irregularmente, el beneficio de un ¡°indulto¡± -violando la legalidad interamericana- no cambia los hechos ni elimina la responsabilidad penal establecida judicialmente con todas las garant¨ªas procesales. Con un agravante: Fujimori a¨²n debe 15 millones de d¨®lares al Estado y la sociedad para pagar lo establecido judicialmente como reparaci¨®n civil para las v¨ªctimas de los graves delitos de derechos humanos, incluidos menores de edad en el caso Barrios Altos.

El jurista y comunicador social C¨¦sar Azabache, ha destacado dos aspectos interesantes a prop¨®sito de la ¡°caja de sorpresas¡± de este sorprendente anuncio de postulaci¨®n del condenado anciano, que no es posible seg¨²n las normas vigentes.

Por un lado, perplejidad. De que la hija de Fujimori -Keiko, tres veces derrotada en elecciones presidenciales- pretenda que la presidencia de la rep¨²blica sea entregada ¡°a un hombre que ha sido reportado como gravemente enfermo para que la ejerza entre los 88 y los 93 a?os¡±. Azabache expresa: extra?a manera de ¡°acercarse¡± a la presidencia luego de sistem¨¢ticas derrotas electorales.

Recuerda Azabache un hecho importante, con posibles implicancias jur¨ªdicas: luego de su fuga a Jap¨®n el 2000, Alberto Fujimori postul¨® -mediados del 2017- a la Dieta (Legislativo) del Jap¨®n.

Perdi¨® Fujimori las elecciones en Jap¨®n porque no reuni¨® la votaci¨®n necesaria. Pero hizo el proceso electoral completo. Como lo recuerda Azabache, ello supon¨ªa renunciar a su nacionalidad peruana ante las autoridades japonesas a la nacionalidad peruana en alg¨²n momento. No existe, hasta donde entiendo, otra manera de postular a un cargo en el Jap¨®n teniendo dos nacionalidades¡±. Como anota Azabache. ¡°esa renuncia no se ha reportado. Cabe entonces la pregunta ?es en este momento un ciudadano japon¨¦s con una renuncia a la ciudadan¨ªa peruana no presentada a las autoridades locales?¡±.

El hecho es que m¨¢s all¨¢ de las calificaciones/descalificaciones ¡°etarias¡± de este Fujimori anciano, el hecho es que la apuesta pol¨ªtica de fondo, de acuerdo al an¨¢lisis de Azabache, ser¨ªa una fundamental: la preservaci¨®n del esquema de ejercicio del poder actual. En concreto, que la presidencia siga siendo ocupada por alguien -como Boluarte- sin capacidad para tomar decisiones p¨²blicas independientes. Un esquema decorativo ¡°semejante al que tenemos con la se?ora Boluarte¡± que dejar¨ªa el poder real en manos de los grupos que -como el fujimorismo-manejan el Congreso.

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