Tribunal de garant¨ªas

La Junta de Andaluc¨ªa dedic¨® al menos 680 millones de euros a un programa de ayudas a empresas en crisis durante el Gobierno del PSOE que se extendi¨® entre 2000 y 2010. Un plan destinado a financiar las prejubilaciones de miles de trabajadores abocados al paro o a la nada. Muchos a?os despu¨¦s, con el PP al frente, la Junta andaluza mantiene activas esas ayudas. La ejecuci¨®n de ese programa ocasion¨® entonces, bajo mandato socialista, un colosal fraude. En aras de la flexibilidad, tantas veces invocada ahora para hacer m¨¢s ¨¢gil la Administraci¨®n, el instrumento legal utilizado para conceder las ayudas elud¨ªa controles previos y posteriores del gasto. Sin estos mecanismos de vigilancia, la corrupci¨®n coloniz¨® la Consejer¨ªa de Empleo, desde donde se decidi¨® y ejecut¨® el reparto de esos 680 millones.

La investigaci¨®n judicial acredit¨® todo un cat¨¢logo de corruptelas: las empresas que gestionaron los seguros para el pago de las prejubilaciones cobraron sobreprecios que sumaron 66 millones de euros, unos 141 trabajadores de los m¨¢s de 6.000 que recibieron las ayudas no pertenec¨ªan a las empresas afectadas por los ERE (con un fraude pr¨®ximo a los 12 millones) y se concedieron irregularmente ayudas por m¨¢s de 11 millones a empresas localizadas en municipios de Sevilla gobernados por el PSOE.

En 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla ¡ªen una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 2022¡ª conden¨® por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n no solo a los directivos de la Consejer¨ªa de Empleo, sino tambi¨¦n a buena parte del Gobierno andaluz, incluidos los expresidentes Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves (condenado solo por prevaricaci¨®n). Desde que se inici¨® la investigaci¨®n, numerosos juristas manifestaron sus dudas sobre la idea de que hubieran cometido malversaci¨®n dirigentes de la Junta que, seg¨²n todas las pruebas, no intervinieron en el reparto del dinero ni sab¨ªan que se estaba usando de forma il¨ªcita la herramienta legislativa que hab¨ªan impulsado.

Ahora el Tribunal Constitucional ha anulado, en esos casos, las condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla y ratificadas por el Supremo porque entiende que no puede existir prevaricaci¨®n en la aprobaci¨®n de una Ley de Presupuestos que se votaba cada a?o en el Parlamento andaluz sin que la oposici¨®n presentara objeciones. Las leyes, en efecto, pueden ser constitucionales o no, pero no delinquen. No son una actividad administrativa sino un acto pol¨ªtico. La posibilidad de perseguir penalmente cualquier iniciativa legislativa que modifique la legislaci¨®n vigente equivaldr¨ªa a impedir a todo Ejecutivo surgido leg¨ªtimamente de unas elecciones ¡ªgenerales, auton¨®micas o locales¡ª poner en pr¨¢ctica su programa de gobierno. Al entender que se han vulnerado los derechos constitucionales a la legalidad penal y a la presunci¨®n de inocencia, el Tribunal de Garant¨ªas ha restaurado la separaci¨®n de poderes quebrada cuando se estim¨® no solo que el uso ileg¨ªtimo de la ley andaluza fue delictivo sino tambi¨¦n que lo era la propia ley.

La derecha pol¨ªtica y judicial ataca estas sentencias por entender que el Constitucional se entromete en la funci¨®n del Poder Judicial. De atender a esta tesis, las resoluciones del Supremo, por mucho que sus interpretaciones desbordasen la ley o vulnerasen derechos fundamentales, no podr¨ªan ser corregidas por el Constitucional ¡ªque en el caso de los ERE se ha abstenido de inmiscuirse en cuestiones reservadas a los tribunales de justicia para centrarse en garantizar los derechos constitucionales¡ª ni, llegado el caso, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ser as¨ª, el Supremo actuar¨ªa de facto como verdadero Legislativo.

Los gobiernos presididos por Chaves y Gri?¨¢n no vigilaron como deb¨ªan un programa de ayudas y eso caus¨® un da?o gigantesco a las arcas p¨²blicas, pero ellos no prevaricaron ni malversaron. Su responsabilidad pol¨ªtica la pagaron con la dimisi¨®n. Las sentencias de estos d¨ªas reparan en parte el da?o causado a los dirigentes del PSOE condenados ¡ªy, en algunos casos, encarcelados¡ª por un delito que, seg¨²n establece el TC, no cometieron. Garantizar la separaci¨®n de poderes y distinguir entre ¨¢mbito penal y ¨¢mbito pol¨ªtico es una garant¨ªa para todos los ciudadanos, seas quienes sean. La decisi¨®n del Constitucional no borra el may¨²sculo caso de corrupci¨®n que desencaden¨® la gesti¨®n delictiva del citado programa de ayudas, pero coloca cada pieza en su sitio, delimita la responsabilidad, protege derechos constitucionales, y fija una doctrina que acaba con a?os de controversia jur¨ªdica y da?os personales.