Venezuela y la emigraci¨®n forzada

El 28 de julio pasado, se celebraron en Venezuela elecciones generales, en condiciones muy alejadas de lo que podr¨ªa llamarse ¡°democr¨¢ticas¡±: potenciales candidatos inhibidos, incluida la l¨ªder opositora, Mar¨ªa Corina Machado; obst¨¢culos insalvables al voto de los venezolanos...

El 28 de julio pasado, se celebraron en Venezuela elecciones generales, en condiciones muy alejadas de lo que podr¨ªa llamarse ¡°democr¨¢ticas¡±: potenciales candidatos inhibidos, incluida la l¨ªder opositora, Mar¨ªa Corina Machado; obst¨¢culos insalvables al voto de los venezolanos que viven fuera del pa¨ªs; prohibici¨®n de entrada a los observadores internacionales no afectos al r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro, y, por supuesto, un recuento de votos en que la transparencia brill¨® por su ausencia. En estas circunstancias, mal pod¨ªan cumplirse las expectativas de triunfo de la oposici¨®n, por mucho que las previsiones apuntaran a una victoria holgada. Las protestas en la calle no se han hecho esperar y han desembocado en reyertas con v¨ªctimas mortales, pero tampoco han faltado las detenciones arbitrarias. Nada nuevo bajo el sol: las dictaduras no admiten la derrota en las urnas, menos a¨²n la aceptan las tiran¨ªas.

Las reacciones de la comunidad internacional han sido diversas y muy significativas, incluso en ocasiones dentro del mismo ¨¢mbito del espectro pol¨ªtico, desde el inmediato rechazo del presidente chileno Gabriel Boric, uno de los creadores en su pa¨ªs del Frente Amplio, convencido de que el socialismo democr¨¢tico no puede aceptar sin m¨¢s los resultados anunciados por Maduro sin un conocimiento completo de las actas que podr¨ªan verificar la elecci¨®n, hasta llegar al aplauso entusiasta de dictadores como los nicarag¨¹enses Daniel Ortega y Rosario Murillo, Vlad¨ªmir Putin o Xi Jinping. Varios l¨ªderes latinoamericanos comparten la posici¨®n de Boric, y Maduro reacciona expulsando a los representantes de sus pa¨ªses del territorio venezolano. No parece que un socialismo democr¨¢tico deber¨ªa actuar de ese modo, sea del siglo XXI o de cualquier otro tiempo.

El Gobierno de Espa?a, por su parte, se ha quedado en un limbo m¨¢s o menos cort¨¦s y descomprometido, cuando la situaci¨®n requiere un compromiso ineludible. Entre otras razones, si se quiere evitar toda suerte de atropellos y que de nuevo una buena cantidad de venezolanos se vea obligada a abandonar el pa¨ªs a su pesar, engrosando el doloroso contingente de la emigraci¨®n forzada, que es uno de los grandes desaf¨ªos de nuestro tiempo.

Sin duda, la migraci¨®n es un fen¨®meno tan antiguo como la humanidad. En todas las ¨¦pocas un gran n¨²mero de personas han abandonado sus lugares de origen buscando nuevos recursos que les permitan sobrevivir o vivir mejor. Sin embargo, en nuestro tiempo percibimos que la emigraci¨®n forzosa es uno de los mayores retos que nuestras sociedades complejas deben enfrentar, junto al cambio clim¨¢tico, las guerras, la pobreza, la inteligencia artificial o el declive de la democracia. Con el agravante de que se ha convertido, como bien dice Hein de Haas, en uno de los asuntos m¨¢s divisivos en el ¨¢mbito pol¨ªtico en distintos pa¨ªses y entre los pa¨ªses, que arrastra tambi¨¦n a los medios de comunicaci¨®n, de forma que parece imposible entablar debates serenos para intentar encontrar soluciones justas y eficaces, tan necesarias. Para llegar a ellas, el procedimiento no puede ser la disputa partidaria, empe?ada en recabar votos de un lado u otro de la ciudadan¨ªa, que se limita a sondear el sentir de los votantes desde la estrategia electoral y a dise?ar posiciones esquem¨¢ticas, polarizadas, en vez de abordar el asunto desde la preocupaci¨®n por la cosa misma. ¡°La cosa misma¡± en este caso son personas concretas de carne y hueso, y, por tanto, el camino no puede consistir sino en reconocer como punto de partida qu¨¦ es lo innegociable.

Ayudar a eliminar las causas de la migraci¨®n forzada es la primera exigencia de justicia que se plantea a los pa¨ªses que quieren acabar con ella. Que son al menos los que han aceptado la Declaraci¨®n de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 y, por supuesto, los que han suscrito el Pacto Mundial para la Migraci¨®n Segura, Ordenada y Regular de la ONU de 2018.

Como bien dec¨ªa Jos¨¦ Manuel Salazar-Xirinachs en un art¨ªculo publicado en este mismo diario el 13 de junio del pasado a?o con el t¨ªtulo Migraci¨®n en Am¨¦rica Latina y el Caribe. El imperativo de los derechos y el desarrollo sostenible, una mirada ¨¦tica al problema de la migraci¨®n forzada debe contemplar todas las etapas del proceso migratorio en su integridad, sin olvidar ninguna, empezando por la primera. Esta es tambi¨¦n la perspectiva que asume el pacto mencionado, que recorre cuidadosamente las distintas fases del proceso y se compromete a llevar a cabo acciones concretas en cada una de ellas.

En el caso de la primera de esas fases asegura que se trata de ¡°minimizar los factores adversos y estructurales que llevan a las personas a abandonar su lugar de origen¡± (Objetivo 2 del pacto) y, para lograrlo, se atreve a asumir un compromiso muy exigente para los firmantes del acuerdo: ¡°Nos comprometemos a crear condiciones pol¨ªticas, econ¨®micas y sociales adecuadas para que las personas puedan vivir de manera pac¨ªfica, productiva y sostenible en su propio pa¨ªs¡±. Nada menos. Pacta sunt servanda, hay que cumplir los pactos. Y no es preciso hacer un gran esfuerzo de imaginaci¨®n para percatarse de que entre las condiciones pol¨ªticas se encontrar¨ªan la construcci¨®n de aut¨¦nticas democracias y el rechazo de las autocracias, dictaduras y tiran¨ªas. Un caso de libro, entre otros, es el de Venezuela.

Un pa¨ªs de grandes riquezas naturales y humanas se ha convertido en un pa¨ªs de emigraci¨®n. Se dice que la crisis migratoria en Venezuela es el m¨¢s significado ¨¦xodo masivo en los ¨²ltimos 50 a?os en el hemisferio occidental. Seg¨²n ACNUR, son al menos 7,7 millones de venezolanos los que han salido de su pa¨ªs y se han desplazado fundamentalmente a Colombia, Per¨², Ecuador, Estados Unidos, Chile y Espa?a. En nuestro pa¨ªs es la cuarta nacionalidad de emigrantes, tras Marruecos, Rumania y Colombia. No es extra?o que Marruecos vaya en cabeza, ni tampoco que aumente la migraci¨®n venezolana forzada, la que tiene que abandonar su tierra, en este caso por la situaci¨®n pol¨ªtica, que anula la libertad y genera miseria.

Que para los pa¨ªses receptores sea un juego de suma positiva contar con los migrantes, que los necesitamos por razones demogr¨¢ficas, econ¨®micas, laborales y culturales, que las remesas resultan muy valiosas para las familias de los migrantes que quedaron en el pa¨ªs de origen y tambi¨¦n para el propio pa¨ªs, como ocurri¨® en Espa?a a mediados del siglo pasado, no oculta el hecho palmario de que la migraci¨®n forzosa es una cuesti¨®n de injusticia en el siglo XXI.

El 22 de abril, se cumplieron 300 a?os del nacimiento de Kant, el fil¨®sofo que dise?¨® un proyecto de paz duradera basado en tres principios, que hoy en d¨ªa mantiene Naciones Unidas: la dignidad y, por lo tanto, la libertad e igualdad de las personas concretas; la necesaria cooperaci¨®n internacional a trav¨¦s de pactos que en ocasiones son jur¨ªdicamente vinculantes, y en otras, su autoridad procede de algo tan valioso como su car¨¢cter consensuado y cooperativo, y un tercer principio que subraya la soberan¨ªa nacional de los Estados. Que estos principios pod¨ªan entrar en conflicto es un peligro que el mismo Kant apunt¨®, pero en realidad no es este el caso de Venezuela, porque la soberan¨ªa nacional descansa en el pueblo, que en esta ocasi¨®n necesita el apoyo de la comunidad internacional para hacer o¨ªr su voz. Es injusto hurtarle ese apoyo: los pactos deben cumplirse.