Convalidar penas a etarras

La probable salida de prisi¨®n de algunos de los terroristas m¨¢s sanguinarios de ETA ¡ªtras cumplir su condena, pero antes de lo previsto en Espa?a¡ª como consecuencia de una reforma legal urgente tramitada el 18 de septiembre a trav¨¦s de una enmienda de Sumar ha confirmado la conversi¨®n del Congreso en un plat¨® de televisi¨®n o en el escenario de m¨ªtines mientras se desatienden el estudio de las leyes, el verdadero control al Gobierno y el debate de alternativas. El tr¨¢mite parlamentario ha destapado la desidia laboral de la oposici¨®n. Vox y PP votaron a favor de esa reforma en el Congreso y no presentaron enmiendas en el Senado. Ahora, pese a que los populares firmaron que hab¨ªan ¡°estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa¡±, ambas formaciones tratan de tumbar la ley de forma torticera en la C¨¢mara Alta tras pedir disculpas a las v¨ªctimas del terrorismo.

Si la opacidad con la que PSOE, Sumar y Bildu han tramitado un asunto tan complejo como sensible es impropia de una democracia madura, tambi¨¦n hay que subrayar la grosera instrumentalizaci¨®n que el PP vuelve a hacer del terrorismo, afortunadamente superado en Espa?a como problema pol¨ªtico desde hace m¨¢s de una d¨¦cada.

La controvertida reforma legal solo viene a cumplir con una Decisi¨®n Marco aprobada por la Uni¨®n Europea en 2008 y que el Gobierno de Mariano Rajoy traspuso tarde ¡ªen 2014, es decir, tres a?os despu¨¦s de que ETA abandonara la violencia¡ª para evitar el esc¨¢ndalo que podr¨ªa suponer para su partido la excarcelaci¨®n de etarras antes del tiempo previsto de condena en Espa?a. El dictamen europeo obligaba al Estado espa?ol a calcular el cumplimiento efectivo de las penas de cualquier condenado teniendo en cuenta el tiempo de prisi¨®n que ya hab¨ªan cumplido en otro pa¨ªs comunitario, Francia en el caso de los etarras.

Los tribunales espa?oles aplicaron ese principio de equivalencia de las condenas europeas cuando el Tribunal Supremo ¡ªatendiendo a la obligaci¨®n contra¨ªda por Espa?a como miembro de la UE¡ª le convalid¨® los a?os que hab¨ªa pasado en las c¨¢rceles francesas a Jos¨¦ Luis Urrusolo Sistiaga, lo que permiti¨® al etarra ¡ªcondenado a m¨¢s de 500 a?os¡ª salir en libertad tras cumplir 19 a?os de c¨¢rcel entre los dos pa¨ªses.

Esa decisi¨®n del Supremo ¡ªen concreto de una Sala de lo Penal controlada por magistrados conservadores¡ª desat¨® una cascada de decisiones similares en la Audiencia Nacional hasta que el Gobierno de Rajoy, tres a?os despu¨¦s de obtener la mayor¨ªa absoluta, decidi¨® intervenir. As¨ª, tramit¨® una ley que inclu¨ªa una disposici¨®n adicional por la que se dejaba sin efecto la convalidaci¨®n de penas cumplidas en el extranjero.

Con ETA disuelta en 2018, la reforma legal aprobada ahora para suprimir esa disposici¨®n de Rajoy ¡ªalgo que el PNV intent¨® sin ¨¦xito el mismo 2018¡ª no puede interpretarse como un trato de favor al terrorismo etarra, ya desaparecido, sino como el cumplimiento estricto del derecho europeo. Una de las grandezas de la democracia reside en aplicar la ley con todas las garant¨ªas a todos los presos. Tambi¨¦n, por duro que resulte a veces, a aquellos que la combatieron de forma sanguinaria y fan¨¢tica. Otra cosa es la manera opaca en la que el Gobierno y sus aliados parlamentarios han tramitado esta iniciativa, que deber¨ªa haberse explicado con claridad y liderando el discurso jur¨ªdico y pol¨ªtico en un asunto que sigue siendo muy sensible para la sociedad espa?ola. Si con el disimulo se pretend¨ªa evitar el uso partidista de las consecuencias del terrorismo, como por desgracia hacen las derechas espa?olas, tampoco lo han conseguido. Porque, para asombro de nadie, PP y Vox contin¨²an, indiferentes a su propia negligencia, patrimonializando un dolor que es de todos.