Fiscal imputado, bulos impunes

Cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, han abierto una investigaci¨®n contra el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. Es la primera vez que ocurre en la reciente etapa democr¨¢tica. El Supremo encausa al fiscal general por un supuesto delito de revelaci¨®n de secretos relacionado con la difusi¨®n de correos electr¨®nicos vinculados a procedimiento judicial. La informaci¨®n sobre esos correos permiti¨® desmentir un grave bulo contra la Fiscal¨ªa que difundi¨® Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, jefe de gabinete de Isabel D¨ªaz Ayuso, para defender al novio de la presidenta madrile?a, defraudador fiscal confeso.

El bulo de Rodr¨ªguez consisti¨® en distribuir el 12 de marzo pasado un correo electr¨®nico del fiscal ofreciendo iniciar la negociaci¨®n de un acuerdo de conformidad a Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Ayuso, quien hab¨ªa declarado dos a?os consecutivos (2021 y 2022) gastos inexistentes por 1,8 millones de euros para ahorrarse el pago de impuestos a Hacienda por m¨¢s de 350.000 euros: dos graves delitos fiscales que conllevan penas de c¨¢rcel. En la misma operaci¨®n de intoxicaci¨®n informativa, aireada por medios que no hicieron nada por contrastar la noticia, Rodr¨ªguez incluy¨® la idea de que ese ofrecimiento de acuerdo al novio de Ayuso hab¨ªa sido frenado en la Fiscal¨ªa ¡°por ¨®rdenes de arriba¡±, algo que nunca ocurri¨®.

Unas horas despu¨¦s de aquella maniobra del jefe de gabinete de Ayuso, el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, orden¨® distribuir a todos los medios una nota informativa con los principales hitos de un procedimiento judicial que situaba a la pareja de Ayuso al borde de una condena de c¨¢rcel. Esa cronolog¨ªa desment¨ªa el bulo y, a la vez, defend¨ªa el honor de la Fiscal¨ªa al descubrir que quien ofreci¨® un acuerdo de conformidad para evitar su ingreso en prisi¨®n fue el novio de Ayuso el pasado 2 de febrero. Esa nota atend¨ªa a los medios que en cumplimiento de su obligaci¨®n profesional intentaron contrastar la desinformaci¨®n que propagaba sobre el caso el Gobierno de D¨ªaz Ayuso.

El Supremo sostiene que la difusi¨®n de la nota no constituye una revelaci¨®n de secretos ¡ªporque lo que contaba ese escrito estaba ya publicado horas antes en distintos medios de comunicaci¨®n¡ª, pero quiere investigar qui¨¦n filtr¨® los correos del procedimiento a algunos medios. Y para hacer esa averiguaci¨®n, ha decidido imputar nada menos y por primera vez en democracia, a un fiscal general del Estado. En otras circunstancias, esa imputaci¨®n deber¨ªa causar el inmediato cese de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. ?C¨®mo puede seguir desempe?ando el trabajo de fiscal general del Estado, principal garante de la legalidad en Espa?a, alguien que est¨¢ investigado por un delito de revelaci¨®n de secretos? La respuesta l¨®gica ser¨ªa: de ninguna manera, debe dimitir. Pero el contexto de toda esta historia hace que esa respuesta l¨®gica se convierta en otra pregunta: ?C¨®mo es posible que pueda acabar imputado quien lleva al delincuente ante los tribunales de justicia con pruebas y defiende de un bulo a toda la Fiscal¨ªa? Alguien a quien el jefe de Gabinete de la presidenta regional, que proteg¨ªa con su mentira a un defraudador confeso, lleva d¨ªas anunciando p¨²blicamente que la justicia se lo llevar¨ªa ¡°pa¡¯lante¡±, arrog¨¢ndose una ins¨®lita portavoc¨ªa de un alto tribunal.

Los cinco magistrados del Supremo recuerdan que la ley no permite difundir correos electr¨®nicos de un procedimiento judicial porque puede causar indefensi¨®n al delincuente. Expertos consultados por este peri¨®dico sostienen que esa prohibici¨®n no afecta a las negociaciones entre abogados y fiscales y que incluso ser¨ªa deseable la transparencia de ese tipo de arreglos fuera del procedimiento. El Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de resolver con urgencia este caso cuyos instigadores persiguen la desestabilizaci¨®n de una instituci¨®n capital y opacar un delito confeso.