Los esclavos, sombras de la historia de Espa?a
La memoria democr¨¢tica pasa por alto la experiencia m¨¢s cruel de nuestro pa¨ªs, que no est¨¢ ligada a la confrontaci¨®n pol¨ªtica pero cuya negaci¨®n es uno de los arquitrabes de la ideolog¨ªa espa?ola
En la abolici¨®n de la esclavitud convergen tres cuestiones: el inter¨¦s econ¨®mico de quienes se benefician, la experiencia social de quienes padecen cautividad y la vertiente moral sobre lo justo, lo humano, lo correcto. Naturalmente, la abolici¨®n, en tanto decisi¨®n gubernamental o parlamentaria que se traduce en una ley, es en todo momento un asunto pol¨ªtico.
En la historia del abolicionismo ha dominado el relato que lo presenta como un movimiento creciente desde finales del siglo XVIII, la Era de las Luces y la Raz¨®n, de la proclamaci¨®n de derechos y la irrupci¨®n de los principios liberales, de un nuevo comienzo de la civilizaci¨®n. Seguidores de varias Iglesias cristianas reformadas y defensoras de valores humanos se situaron a la cabeza¡ en el Reino Unido, pues fue un fen¨®meno local. En 1807, gracias a un giro en la pol¨ªtica del partido whig (m¨¢s tarde, Liberal), obtuvieron la prohibici¨®n del comercio de esclavos en el Atl¨¢ntico para los barcos y los s¨²bditos brit¨¢nicos. Comenz¨® una cruzada con el objetivo de extender la supresi¨®n de la trata, en la que se emple¨® la armada y se forzaron acuerdos con diversos pa¨ªses, como Espa?a en 1817. El Parlamento brit¨¢nico, bajo presi¨®n del lobby financiero, bloque¨® la proposici¨®n de prohibir a sus bancos participar en el negocio del esclavismo de otros pa¨ªses. El Reino Unido continu¨® siendo el principal consumidor de art¨ªculos producidos por esclavos: algod¨®n para sus f¨¢bricas, az¨²car para las refiner¨ªas y su reexportaci¨®n tras alcanzar el nivel m¨¢s elevado de consumo per c¨¢pita del mundo.
Cada abolici¨®n nacional posee su propia historia. La espa?ola tiene en su haber el r¨¦cord de haber sido el ¨²ltimo pa¨ªs en adoptar medidas efectivas para poner fin al comercio transatl¨¢ntico, en 1866, y de ser la ¨²ltima naci¨®n europea en acometer la prohibici¨®n de la esclavitud en sus colonias. Fue campeona, tambi¨¦n, en relaci¨®n con el tama?o de los territorios de destino y a su poblaci¨®n, en la introducci¨®n de africanos esclavizados mientras rigieron tratados internacionales que prohib¨ªan ese comercio: entre 1820 y 1866 se desembarc¨® de manera clandestina en torno a 700.000 africanos. Un negocio de esa magnitud jam¨¢s se hubiera podido llevar a cabo sin tejer una tupida red de complicidades administrativas y pol¨ªticas. Esto ¨²ltimo cre¨® un fuerte y temprano valladar ante las propuestas de abolici¨®n: el nutrido club de adversarios a la supresi¨®n del trabajo forzado. La corrupci¨®n econ¨®mica dej¨® su impronta y abarc¨® desde los capitanes generales a los modestos alcaldes de partido de Cuba y Puerto Rico.
Las Cortes espa?olas conocieron propuestas de abolici¨®n desde 1811. Cedieron al clamor contrario en el Gobierno y en los esca?os. Hasta 1865 no se autoriz¨® la existencia de una Sociedad Abolicionista. El grueso de los liberales (la corriente de ese nombre en C¨¢diz y el Trienio Liberal, el Partido Progresista entre 1836 y 1870) no solo se mostr¨® tibio ante la cuesti¨®n, sino que en 1837 sac¨® de su agenda cualquier menci¨®n al tema. Dirigentes como Mendiz¨¢bal o Salustiano Ol¨®zaga garantizaron a los hacendados de Cuba la conservaci¨®n de la esclavitud y de su principal sistema de reemplazo, la trata clandestina. Los conservadores se mostraron defensores ac¨¦rrimos del statu quo.
Existe la extendida creencia de que la esclavitud fue abolida en suelo espa?ol en 1836 o 1837, seg¨²n se cite. Constituye una fake news precursora de la actual. El Consejo Real, precedente del Consejo de Estado, fue consultado en la primera fecha sobre la petici¨®n de varios esclavos negros residentes en Madrid que solicitaban ser declarados libres. El Consejo recomend¨® que as¨ª se hiciera. En su lugar, el Gobierno dispuso que no se concedieran pasaportes a los esclavos para pasar a la metr¨®poli con sus due?os. En 1837 se deb¨ªa debatir en las Cortes una proposici¨®n del ministro de Gracia y Justicia suprimiendo la esclavitud en suelo peninsular. Admitida a tr¨¢mite, nunca se debati¨®, pues entre tanto el Parlamento acord¨® excluir a las ¡°provincias de ultramar¡± del marco de la Constituci¨®n espa?ola y de su representaci¨®n pol¨ªtica, con discursos basados en la diferencia de razas y el peligro que supon¨ªa la libertad o el reconocimiento de derechos a los libertos. El capit¨¢n general de Puerto Rico acord¨® que los esclavos que viajaran con sus amos quedar¨ªan en libertad al pisar suelo espa?ol. Las autoridades cubanas adoptaron una medida semejante en 1861. En 1866 se extendi¨® la prohibici¨®n mediante un decreto. Estas disposiciones ignoraron a los esclavos que ya resid¨ªan en Espa?a.
La abolici¨®n lleg¨® en medio de disputadas luchas pol¨ªticas. Y sigui¨® un procedimiento gradual, tan dilatado que consumi¨® 16 a?os ¡ªuna generaci¨®n, hubiera sostenido Ortega¡ª. En 1870 se aprob¨® una ley por la que los nacidos de mujer esclava ser¨ªan libres, aunque deb¨ªan permanecer bajo potestad de los due?os de sus madres mientras estas siguieran en esclavitud, hasta cumplir los 18 a?os, y trabajar para aquellos desde la edad que fuera habitual hacerlo. Se daba la libertad a los que tuvieran cumplidos 60 o m¨¢s a?os. En marzo de 1873, en medio de una monumental crisis pol¨ªtica ¡ªla proposici¨®n se hab¨ªa llevado por delante el trono de Amadeo de Saboya¡ª, se aprob¨® la abolici¨®n de la esclavitud en Puerto Rico. Unos 30.000 cautivos fueron liberados. En proporci¨®n a los habitantes de la isla, equival¨ªa a la actual poblaci¨®n de Madrid con respecto a la de Espa?a. La ley obligaba a los libertos a contratarse obligatoriamente durante los cuatro a?os siguientes y retrasaba el reconocimiento de sus derechos. Las Cortes aprobaron instalar en las paredes del Congreso de los Diputados una losa de m¨¢rmol con la siguiente leyenda: ¡°Este d¨ªa famoso, fue rota la cadena del esclavo¡±. El diputado que lo propuso record¨® al cl¨¢sico que hab¨ªa dicho: ¡°La vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos¡±. Sigue pendiente la ejecuci¨®n de ese acuerdo. La conmemoraci¨®n en 2023 de los 150 a?os de la ley pas¨® desapercibida mientras se despertaba la absurda discusi¨®n de si hab¨ªa tenido esclavos, si su trato hab¨ªa sido humano o, incluso, si nuestro pa¨ªs hab¨ªa pose¨ªdo colonias.
En 1880 se acord¨® la abolici¨®n gradual para Cuba: el esclavo era llamado ¡°patrocinado¡± sin cambiar su estatus; el sistema tendr¨ªa una duraci¨®n de ocho a?os y a partir del cuarto se sortear¨ªan las emancipaciones. En 1886, de forma vergonzante, con una enmienda a la ley de presupuestos, se autoriz¨® al Gobierno a anticipar dos a?os la supresi¨®n del patronato. Fue acordado tres meses despu¨¦s mediante Real Decreto.
La memoria democr¨¢tica pasa por alto la experiencia m¨¢s extensa, cruel y humanamente comprometida de la historia de Espa?a. No est¨¢ unida a relatos de confrontaci¨®n pol¨ªtica, los atraviesa y su negaci¨®n es uno de los arquitrabes de la ideolog¨ªa espa?ola. Los nombres de los beneficiarios de la trata y de la esclavitud conforman una escogida relaci¨®n muy presente en la alta sociedad y el empresariado espa?ol del siglo XIX. Sus descendientes han constituido una pl¨¦yade de los negocios, la aristocracia y el mundo de la pol¨ªtica y la cultura hasta nuestros d¨ªas. El abolicionismo es un recordatorio del nervio moral de una Espa?a olvidada. Es, ante todo, la evidencia pr¨¢ctica de la persistencia de la esclavitud en nuestro pa¨ªs hasta finales del siglo XIX. Quiz¨¢s ha llegado el momento de reconocer esta deuda y pensar en las reparaciones por principio moral y justicia retributiva.
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