Desproporci¨®n del Supremo

El magistrado del Tribunal Supremo ?ngel Hurtado orden¨® el pasado 30 de octubre una entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, para investigar un supuesto delito de revelaci¨®n de secretos por la filtraci¨®n a la prensa de unos correos electr¨®nicos que forman parte de la causa por delito fiscal contra Alberto Gonz¨¢lez Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso. El registro es ins¨®lito en la historia de la democracia en Espa?a. En las principales investigaciones por filtraciones de sumarios a la prensa (como en los casos G¨¹rtel, N¨®os o Tsunami Democr¨¤tic) ning¨²n juez se ha atrevido a ordenar una medida tan invasiva, ni a incautarse de los tel¨¦fonos m¨®viles o los ordenadores de fiscales, abogados o periodistas.

La orden firmada por Hurtado era tan gen¨¦rica ¡ª¡±la intervenci¨®n de todos aquellos dispositivos inform¨¢ticos, objetos, documentos y dem¨¢s efectos que pudieran tener relaci¨®n con un delito de revelaci¨®n de secretos¡± entre el 8 de marzo pasado y el 30 de octubre¡ª que la Guardia Civil estuvo 11 horas clonando los contenidos del ordenador, la tableta y el tel¨¦fono m¨®vil del fiscal general del Estado. La informaci¨®n incautada puede afectar a la seguridad del Estado y a otros intereses nacionales, adem¨¢s de a cuestiones personales del propio Garc¨ªa Ortiz que nada tienen que ver con lo investigado. El magistrado Hurtado rectific¨® una semana despu¨¦s y pidi¨® a la Guardia Civil que analizase solo los datos entre el 8 y el 14 de marzo.

El registro ¡ªm¨¢s propio de investigaciones sobre delitos terroristas o parecidos¡ª se produjo cuando las diligencias estaban secretas y cuando no hab¨ªa dado tiempo a que el fiscal general nombrase abogado para defenderse. Sin embargo, los medios conocieron en tiempo real la entrada de la Guardia Civil en el despacho y la parte dispositiva del auto secreto que dict¨® el juez Hurtado. Unos d¨ªas despu¨¦s, el instructor levant¨® parcialmente el secreto de sumario.

Estas rectificaciones de Hurtado apuntan a una muy mala praxis del Supremo que quedar¨¢ sin castigo pese al da?o irreparable hecho a Garc¨ªa Ortiz. Lo conocido hasta ahora apunta a una investigaci¨®n prospectiva contra el fiscal general del Estado. Una investigaci¨®n de indudable trascendencia pol¨ªtica, pero de dudoso contenido penal.

Una medida de ese tipo, por lo que supone de restricci¨®n de un derecho fundamental para quien la sufre, deber¨ªa estar basada en la persecuci¨®n de un delito de una gravedad incontestable, que no es el caso; y deber¨ªa estar suficientemente motivada para cumplir con el principio constitucional de la proporcionalidad, algo que tampoco parece cumplir el auto del instructor Hurtado.

Ni siquiera est¨¢ claro que nos encontremos ante un delito de revelaci¨®n de secretos, porque la informaci¨®n supuestamente filtrada ya se hab¨ªa publicado en los medios a los que facilit¨® los secretos Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, jefe de gabinete de D¨ªaz Ayuso. Ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que admiti¨® la querella del novio de Ayuso, ni el Tribunal Supremo, que sigue instruy¨¦ndola, han querido investigar el origen de esta filtraci¨®n.

Con estos antecedentes, la iniciativa del juez Hurtado parece claramente desproporcionada ¡ªla Abogac¨ªa del Estado ha pedido que se declare nula de pleno derecho y se suspenda el an¨¢lisis de la informaci¨®n incautada¡ª. La medida vulnera un derecho fundamental del fiscal general para perseguir un supuesto delito de revelaci¨®n de secretos consistente en hacer p¨²blica la propuesta de acuerdo de un defraudador confeso para librarse de la c¨¢rcel. Matar moscas a ca?onazos produce siempre da?os colaterales. En este caso, la v¨ªctima puede ser el Estado de derecho.