La Abogac¨ªa del Estado pide anular el registro al fiscal general y borrar los archivos incautados

La Abogac¨ªa del Estado ha solicitado que se anule el registro que la Guardia Civil practic¨® en el despacho del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, y que se borre el material que se le intervino en la causa judicial abierta tras la denuncia impulsada contra ¨¦l por Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso. Los servicios jur¨ªdicos del Estado, que defienden en el procedimiento al m¨¢ximo representante del ministerio p¨²blico, consideran que esa iniciativa del magistrado instructor ?ngel Luis Hurtado estuvo repleta de ¡°defectos¡±, supuso una ¡°manifiesta y notoria desproporci¨®n¡±, y vulner¨® varios ¡°derechos fundamentales¡±.

¡°La ejecuci¨®n de estas diligencias de entrada, registro, incautaci¨®n o clonado o volcado de los dispositivos de almacenamiento masivo de informaci¨®n constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dir¨¢ si irreparable) que se ha causado a la Fiscal¨ªa General del Estado y a la Fiscal Jefe Provincial de Madrid¡±, afirma la Abogac¨ªa del Estado en un recurso enviado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, fechado este 8 de noviembre y al que tuvo acceso EL PA?S.

El pasado 30 de octubre, el juez Hurtado orden¨® a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entrasen en los despachos de Garc¨ªa Ortiz y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodr¨ªguez, e interviniesen todos los dispositivos inform¨¢ticos y telem¨¢ticos de ambos. El magistrado adopt¨® esa medida dentro de la causa impulsada para tratar de averiguar qui¨¦n filtr¨® a la prensa un correo electr¨®nico que la defensa de Gonz¨¢lez Amador envi¨® el 2 de febrero a la Fiscal¨ªa de Madrid, a trav¨¦s del que ofrec¨ªa un pacto para reconocer los delitos fiscales que se le atribuyen por urdir una trama de facturas falsas para defraudar 350.000 euros a Hacienda.

La Abogac¨ªa del Estado considera que esa iniciativa del juez Hurtado es ¡°irregular¡± y supone llevar a cabo una ¡°investigaci¨®n prospectiva que, previsiblemente, trata de aclarar determinadas sospechas del magistrado instructor, pero que son ajenas al ¨¢mbito objetivo de investigaci¨®n fijado¡± por la Sala de lo Penal del Supremo cuando dio luz verde a la apertura de la causa contra Garc¨ªa Ortiz. En este sentido, la defensa del fiscal general insiste en que el alto tribunal encaus¨® a los dirigentes del ministerio p¨²blico por lo ocurrido a partir de las 22.00 del pasado 13 de marzo, cuando el fiscal Juli¨¢n Salto (que llevaba la causa contra el novio de Ayuso) les remiti¨® el email con el pacto; y hasta su difusi¨®n en la prensa a las pocas horas. Sin embargo, seg¨²n el recurso, el magistrado instructor ampli¨® motu proprio el periodo bajo sospecha y orden¨® incautar comunicaciones que se produjeron durante siete meses (desde el 8 de marzo hasta el d¨ªa del registro) ¡ªaunque despu¨¦s, una vez que la Guardia Civil ya se hab¨ªa llevado todo el material, Hurtado rectific¨® y avis¨® a los agentes de que solo deb¨ªan analizar los correos y mensajes que abarcasen del 8 al 14 de marzo de 2024, ambos inclusive¡ª.

La Abogac¨ªa del Estado reprocha igualmente al juez que la ¡°primera medida¡± adoptada en esta instrucci¨®n haya sido un registro de tal calado. ¡°La desproporci¨®n denunciada es a¨²n mayor si se valora que la resoluci¨®n recurrida en nada ha considerado las funciones constitucionales que ejerce el Ministerio Fiscal¡±, insiste el recurso enviado al alto tribunal: ¡°Cuanto menos, hubiera sido preciso delimitar su extensi¨®n de un modo m¨¢s exhaustivo y proporcionado, a la vista de los intereses concurrentes¡±. ¡°En la agenda del fiscal general, en sus contactos, correos, en toda la actividad desplegada a trav¨¦s de los medios [intervenidos] hay informaci¨®n que puede comprometer la seguridad del Estado, la actividad de otras instituciones, intereses nacionales, compromisos con terceros y, en definitiva, a la estructura de la Fiscal¨ªa en su conjunto¡±. ¡°Este inter¨¦s p¨²blico no ha sido objeto de consideraci¨®n alguna¡±.

Para entender estas pesquisas hay que remontarse ocho meses atr¨¢s. Tras conocerse el esc¨¢ndalo que rodea a la pareja de Ayuso, sus asesores y su jefe de gabinete, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, comenzaron a maniobrar para atacar a la Fiscal¨ªa. El 13 de marzo, el equipo de la presidenta empez¨® a difundir el bulo de que el ministerio p¨²blico le hab¨ªa ofrecido un pacto. De hecho, en la misma noche de ese d¨ªa, El Mundo public¨® esa informaci¨®n tergiversada. Rodr¨ªguez se hizo eco de ello con el objetivo de construir su tesis de que la supuesta oferta de la Fiscal¨ªa, que despu¨¦s se habr¨ªa retirado, formaba parte de una especie de chantaje con fines pol¨ªticos para desgastar a la dirigente del PP. Sin embargo, la realidad era distinta. Hab¨ªa sido el propio novio de Ayuso quien, m¨¢s de un mes antes, hab¨ªa tomado la iniciativa para tratar de alcanzar ese acuerdo a trav¨¦s de ese correo que su abogado Carlos Neira envi¨® el 2 de febrero al ministerio p¨²blico.

Ese detalle, que desmontaba la tesis del PP de Madrid, lo desvelaron varios medios (entre ellos EL PA?S y la Cadena SER) entre la misma noche del 13 de marzo y la primera hora de la ma?ana del 14, publicando adem¨¢s ese correo originario de la pareja de la presidenta. A las 10.20 horas del d¨ªa 14 de marzo de 2024 y ante la avalancha de peticiones de informaci¨®n por parte de los medios de comunicaci¨®n, la Fiscal¨ªa tambi¨¦n emiti¨® una nota de prensa que echaba por tierra las mentiras que el equipo de la presidenta propagaba.

Gonz¨¢lez Amador denunci¨® entonces los hechos. El fiscal general del Estado ha defendido siempre que ¨¦l no filtr¨® el cruce de emails y que la nota de prensa no revel¨® ning¨²n dato que no se supiese ya por la prensa. En ello insiste la Abogac¨ªa del Estado en este recurso, que a?ade que existen suficientes indicios de que varios medios ten¨ªan esos correos antes, incluso, de que el fiscal Juli¨¢n Salto se los enviase a sus superiores en la noche del 13 de marzo: ¡°No existe dato o hecho objetivo alguno que pueda considerarse indicio de la existencia de delito y de la conexi¨®n de las personas investigadas con el mismo¡±. ¡°Exist¨ªan otras muchas personas que tuvieron a su disposici¨®n estos correos¡±, incluida personas del entorno de Gonz¨¢lez Amador, alega la defensa de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz.

La Abogac¨ªa reprocha a Hurtado que ¡°obvie o silencie aspectos fundamentales¡±, como que ¡°el origen de esta causa se encuentra en unas informaciones tergiversadas¡± que se hab¨ªan difundido previamente. ¡°El ministerio fiscal estaba siendo v¨ªctima de un juicio pol¨ªtico paralelo¡±, subraya. A trav¨¦s de otros escritos, los servicios jur¨ªdicos del Estado han solicitado que se cite a declarar como testigo a Miguel ?ngel Rodr¨ªguez y que se suspenda el an¨¢lisis de la informaci¨®n intervenida al fiscal general hasta que se resuelvan los recursos pendientes.