Once horas de registro interrumpidas para avisar a un abogado que asistiera al fiscal general

Sobre las 12.00 del mediod¨ªa del mi¨¦rcoles, cuando el pa¨ªs diger¨ªa sobrecogido la magnitud de la dana en el este peninsular, un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaba a la Fiscal¨ªa General del Estado. Su presencia no llam¨® la atenci¨®n a casi nadie en un edificio custodiado por agentes de este cuerpo y donde las visitas de la UCO son relativamente frecuentes para intercambiar datos sobre investigaciones en curso. Pero en esta ocasi¨®n los agentes ven¨ªan a cumplir un mandato judicial sin precedentes: intervenir todos los dispositivos inform¨¢ticos y telem¨¢ticos del fiscal general del Estado. La orden la hab¨ªa dado el magistrado del Tribunal Supremo ?ngel Luis Hurtado, instructor de la causa abierta a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz por un delito de revelaci¨®n de secretos derivado de la supuesta filtraci¨®n de un correo electr¨®nico que el abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, envi¨® a la Fiscal¨ªa para intentar alcanzar un pacto que le librara de la c¨¢rcel.

El abogado de Gonz¨¢lez Amador hab¨ªa pedido que se intervinieran las comunicaciones del fiscal general, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Hurtado supera las expectativas de la pareja de D¨ªaz Ayuso. Su abogado solo hab¨ªa reclamado el cruce de correos entre Garc¨ªa Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodr¨ªguez, tambi¨¦n imputada en el caso, entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y aquellos mensajes que incluyeran el siguiente texto : ¡°Estudiado el asunto, y de com¨²n acuerdo con Alberto Gonz¨¢lez, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo ¨ªntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda P¨²blica¡±. Este era el contenido del correo que el abogado envi¨® a la Fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos el 2 de marzo y cuya filtraci¨®n a los medios de comunicaci¨®n considera delictiva el Supremo.

Pero el auto firmado por Hurtado autorizaba a ¡°la intervenci¨®n y/o copia, en su integridad o parcialmente¡± de cualquier tipo de material o soporte inform¨¢tico y telem¨¢tico ¡°que haya podido ser empleado o que pudieran servir como indicios o pruebas de la comisi¨®n de los hechos objeto de la investigaci¨®n¡±. La orden del instructor era que la UCO se hiciera con el control total de todos los dispositivos inform¨¢ticos y m¨®viles del fiscal general. El objetivo, seg¨²n precisaba Hurtado en su auto, era ¡°extraer la mayor informaci¨®n posible de los dispositivos m¨®viles¡±, incluida la almacenada en las cuentas de correo personales, los servicios de mensajer¨ªa o las redes sociales que pudiera tener activadas el fiscal.

Los agentes, seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, ense?aron la orden judicial al llegar a la sede del Ministerio P¨²blico y fueron dirigidos al despacho de Garc¨ªa Ortiz. All¨ª llegaron tambi¨¦n la letrada de la Administraci¨®n de Justicia del Supremo asignada al caso y la teniente fiscal del alto tribunal, Mar¨ªa ?ngeles S¨¢nchez Conde, que representa a la Fiscal¨ªa en este procedimiento y que no hab¨ªa sido informada del registro hasta ese momento. El juez, aunque acababa de declarar secreta la causa, estaba obligado a notificar a la Fiscal¨ªa la orden que hab¨ªa dado a la Guardia Civil. Hurtado lo hab¨ªa hecho con poca antelaci¨®n, reduciendo al m¨ªnimo el riesgo de que la operaci¨®n fuera conocida antes de tiempo por el propio fiscal general. La misma f¨®rmula se hab¨ªa empleado para notificar el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, realizado tambi¨¦n por la Guardia Civil de forma simult¨¢nea al de Garc¨ªa Ortiz.

Aviso a la Abogac¨ªa del Estado

Una vez iniciado el registro, la UCO y la letrada de la Administraci¨®n de Justicia fueron advertidos de que Garc¨ªa Ortiz ni siquiera ten¨ªa todav¨ªa abogado. Hac¨ªa menos de dos horas que el juez hab¨ªa notificado un auto en el que requer¨ªa al fiscal general para que nombrara a un letrado y un procurador que le representaran en la causa, por lo que esta designaci¨®n todav¨ªa no se hab¨ªa producido. Los responsables del operativo argumentaron que la ley no exige que el abogado est¨¦ presente en un registro, pero, finalmente, accedieron a suspender la operaci¨®n para avisar a la Abogac¨ªa del Estado, que va a llevar la defensa del jefe del Ministerio P¨²blico. La urgencia hizo que se desplazara a la Fiscal¨ªa General un abogado que estaba de guardia, que no va a ser el que lleve el caso.

El registro se prolong¨® durante 11 horas, las que necesit¨® la UCO para copiar ¨ªntegramente el contenido del ordenador de mesa del fiscal general, el port¨¢til, sus dos tel¨¦fonos m¨®viles (uno oficial y otro personal), la tableta y varios pendrive. Miembros de las fuerzas de seguridad especializados en este tipo de diligencias (conocida como volcado o, m¨¢s tecnicamente, clonado) explican que el objetivo es hacer una copia exacta y fidedigna del contenido de un equipo para que los investigadores puedan trabajar con ¨¦l en busca de indicios del delito que se investiga. Aunque el juez puede delimitar lo que se busca a archivos o carpetas muy concretas ¨Dlo que se conoce como ¡°copia selectiva¡±¨D, lo habitual es que reclame a los agentes el denominado ¡°clonado bit a bit¡±, es decir, copiar toda la memoria del dispositivo, incluida aquella parte que puede estar vac¨ªa. ¡°Se copia todo, incluido los gigas que aparentemente no tienen ning¨²n archivo para, precisamente, buscar en ellos el rastro de documentos que pudieran haber sido borrados¡±, explica uno de estos agentes.

Para ello, los agentes disponen de clonadores, dispositivos que cuentan con una herramienta inform¨¢tica forense ¨Dla m¨¢s utilizada es una desarrollada por la empresa israel¨ª Cellebrite¨D que permite trasladar copias exactas de los equipos inform¨¢ticos a discos duros externos acompa?ados de un c¨®digo alfanum¨¦rico ¨²nico que garantice que su contenido no puede ser manipulado. Todo este proceso, individual con cada uno de los dispositivos, puede durar varias hora. En el caso de los tel¨¦fonos m¨®viles, se realiza tambi¨¦n con este software lo que se conoce como rooteo -el juez del Supremo que orden¨® el registro del despacho de Garc¨ªa Ortiz lo mencionaba expresamente en su auto- para poder acceder a toda la informaci¨®n del dispositivo, tambi¨¦n la que se almacena en aplicaciones de geolocalizaci¨®n como Google Maps o las de mensajer¨ªa instant¨¢nea Whatsapp. ¡°Esto nos permite entrar ¡®por la puerta de atr¨¢s¡¯ de la carpeta del sistema del tel¨¦fono m¨®vil y nos hace visible mucha m¨¢s informaci¨®n de la que tiene un usuario convencional¡±, destaca uno de estos agentes especializados. Los agentes fueron devolviendo al fiscal general cada uno de los dispositivos a medida que terminaban de clonarlo.

En el despacho de Garc¨ªa Ortiz, la UCO estuvo asistida por inform¨¢ticos de la Fiscal¨ªa, que les guiaron para, por ejemplo, acceder al servidor de correo electr¨®nico corporativo. El juez hab¨ªa reclamado espec¨ªficamente los enviados y recibidos por el jefe del Ministerio P¨²blico desde el 8 de marzo. Esta fecha coincide con el d¨ªa posterior al que la fiscal jefa provincial se dirigi¨® al fiscal encargado de investigar a Gonz¨¢lez Amador, Juli¨¢n Salto, para que le enviara una copia de todo el expediente relacionado ¡°con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid¡±.

Los correos recabados por la Guardia Civil por orden del juez abarcan hasta el mismo d¨ªa del registro, lo que puede incluir mensajes de Garc¨ªa Ortiz relativos a la causa que el Supremo ha abierto contra ¨¦l. Ahora ser¨¢ la UCO la que tenga que cribar qu¨¦ informaci¨®n env¨ªa al instructor. ¡°En cualquier investigaci¨®n, solo aquellos archivos que tienen que ver con las pesquisas, se trasladan a la causa. El resto no se utiliza¡±, aclara el agente. En esta ocasi¨®n, el juez autoriz¨® a la Guardia Civil a requisar toda la documentaci¨®n ¡°en soporte digital o papel¡± que consideraran relevante para la investigaci¨®n, pero los agentes no se llevaron ning¨²n documento impreso del despacho de Garc¨ªa Ortiz. Del de la fiscal provincial, s¨ª requirieron, en cambio, una copia en papel del correo del abogado de Gonz¨¢lez Amador al fiscal de delitos econ¨®micos cuya filtraci¨®n investiga el Supremo.