Las v¨ªctimas de abusos merecen m¨¢s inter¨¦s

El informe que el Congreso de los Diputados encarg¨® al Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia cat¨®lica, y sobre el papel que tienen los poderes p¨²blicos al respecto, lleg¨® el jueves a sede parlamentaria, lamentablemente de manera harto deslucida. El defensor ?ngel Gabilondo reclam¨® a los diputados que apoyaran las 24 recomendaciones de su trabajo. La m¨¢s importante es indemnizar a las v¨ªctimas de pederastia. La mayor¨ªa de los grupos pol¨ªticos comparte la idea de reparar a las v¨ªctimas, pero el diablo est¨¢ en los detalles. La presentaci¨®n del informe no concluye nada, solo significa iniciar una nueva fase, con otro tipo de dificultades: la Iglesia rechaza colaborar con un marco estatal independiente para las reparaciones y los pol¨ªticos transmitieron la impresi¨®n de remolonear. No puede ser as¨ª: el informe se encarg¨® con un fuerte apoyo de las fuerzas parlamentarias, as¨ª que estas tienen que traducir ahora sus conclusiones en pol¨ªticas concretas.

Por el bien de las v¨ªctimas, explic¨® el Defensor, es imprescindible que la Iglesia y los poderes p¨²blicos trabajen juntos para procurar reparar tanto sufrimiento. Es precisamente esa colaboraci¨®n la que la Iglesia rechaza, para que queden en su terreno las reparaciones y se pongan en marcha a partir de sus propios informes, que desde?an numerosos casos ya publicados y tienen llamativas lagunas: muchas v¨ªctimas consideran el esfuerzo insuficiente y denuncian que las ayudas no se est¨¢n ejecutando. La Iglesia lleva a?os poniendo trabas, incluso frente a las recomendaciones del papa Francisco de actuar con ¡°decisi¨®n y firmeza¡± ante esta lacra. Ante su palmaria pasividad, EL PA?S puso en marcha la investigaci¨®n m¨¢s exhaustiva que se ha hecho sobre los abusos sexuales en la Iglesia espa?ola, que fue la que empuj¨® al Congreso a encargar el informe al Defensor del Pueblo.

Una de las recomendaciones de Gabilondo es crear un fondo estatal para atender a las indemnizaciones de aquellos casos que, por la prescripci¨®n del delito o por otras causas, no puedan tener un desarrollo penal. Las indemnizaciones las gestionar¨ªa un ¨®rgano independiente, temporal y espec¨ªfico para este cometido. Es este fondo el que provoca m¨¢s diferencias entre los grupos pol¨ªticos: algunos entienden que todas las indemnizaciones debe pagarlas la Iglesia. Tambi¨¦n hay diferencias en cuestiones como la reforma para la imprescriptibilidad del delito sexual contra menores o la revisi¨®n de los Acuerdos con el Vaticano. La intensidad del debate pol¨ªtico desdibuj¨® en el Congreso la presentaci¨®n de este importante informe, que se realiz¨® en un tono falto de vigor y en ausencia de cargos importantes ¡ªni el presidente del Gobierno, ni el l¨ªder de la oposici¨®n, ni la ministra de Infancia, ni el de Justicia¡ª para arropar a las v¨ªctimas. Son estas las que de verdad importan y ante las que, con el informe del Defensor en sus manos, el Parlamento tiene que poner en marcha respuestas concretas.