La Iglesia rechaza indemnizar a las v¨ªctimas de pederastia en un marco estatal e independiente
Los obispos espa?oles dan la espalda a la propuesta del Defensor del Pueblo de crear un fondo de reparaci¨®n donde colaboren con dinero las di¨®cesis y ¨®rdenes
EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.
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La Iglesia espa?ola rechaza la idea de indemnizar a las v¨ªctimas de pederastia en un marco estatal e independiente y se agarra a seguir reparando a los afectados a trav¨¦s de sus procesos internos, un modelo duramente criticado por la mayor¨ªa de los denunciantes de abusos sexuales clericales. No obstante, los obispos han asegurado que van a pagar. ¡°Quien quiera una reparaci¨®n econ¨®mica, la tendr¨¢¡±, ha declarado este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), C¨¦sar Garc¨ªa Mag¨¢n, durante la rueda de prensa tras la ¨²ltima asamblea plenaria de este a?o de los prelados espa?oles. El tambi¨¦n portavoz ha comentado que los obispos han sido informados de los ¨²ltimos detalles del PRIVA (Plan de Reparaci¨®n Integral de V¨ªctimas de Abusos), el sistema de compensaci¨®n defendido por la Iglesia, espec¨ªficamente sobre los formularios que se utilizar¨¢n para iniciar los procesos de reparaci¨®n.
Las declaraciones de Mag¨¢n llegan al final de una de las semanas m¨¢s importantes para el esc¨¢ndalo de la pederastia en la Iglesia. Mientras los obispos se han reunido para zanjar el asunto con la puesta en marcha de su plan de reparaci¨®n, el Defensor del Pueblo defend¨ªa en el Congreso de los Diputados su informe sobre las agresiones sexuales a menores en el ¨¢mbito religioso. Lo hizo este jueves, un a?o despu¨¦s de terminarlo y publicarlo, para apremiar a los diputados que en 2022 le encomendaron el trabajo por amplia mayor¨ªa a que acojan las 24 recomendaciones que incluye en su estudio, sobre todo, aquellas que inciden en la urgencia de reparar econ¨®micamente a las v¨ªctimas.
?ngel Gabilondo, titular de la instituci¨®n del Defensor, propuso ante los diputados un modelo mixto en el que Estado e Iglesia cooperen para la creaci¨®n de un fondo estatal para pagar las indemnizaciones ¡°en aquellos casos que por prescripci¨®n del delito u otras causas¡± sea imposible denunciar penalmente. La idea es que un ¡°¨®rgano independiente¡± y ¡°estatal¡± (el defensor matiz¨® que ¡°estatal¡± no tiene que significar ¡°del Estado¡±) fije los baremos y los procedimientos para el reconocimiento de los delitos y la reparaci¨®n de las v¨ªctimas. ¡°Considero imprescindible que, por el bien de las v¨ªctimas, [la Iglesia y el Estado] adopten compromisos conjuntos¡±, dijo Gabilondo. La mayor¨ªa de los grupos parlamentarios compartieron la urgencia de reparar a las v¨ªctimas, aunque discreparon en si debe ser la jerarqu¨ªa eclesial la que deba pagar toda la factura millonaria de los abusos.
La Iglesia ve esta proposici¨®n (tanto la del Defensor como la de algunos partidos de obligar a las di¨®cesis y ¨®rdenes a pagar lo que dictaminen especialistas independientes) como un ataque. No quiere que un organismo ajeno recopile sus casos y decida lo que hay que abonar, sino que apuesta por sus tribunales can¨®nicos y un plan unilateral dirigido por los obispos y los superiores religiosos para reparar a las v¨ªctimas. Los prelados espa?oles aseguran que sus procesos de acogida y compensaci¨®n est¨¢n funcionando, y lo llevan haciendo desde 2019.
Una afirmaci¨®n que choca con el testimonio de decenas de afectados que ya han denunciado abusos ante las oficinas de la CEE, las di¨®cesis y las congregaciones. EL PA?S public¨® este mi¨¦rcoles una investigaci¨®n donde 108 v¨ªctimas acusaban con pruebas a la jerarqu¨ªa eclesial de no indemnizar por el da?o causado, de alargar los procesos, de no contestar a sus correos y de obligarlas a firmar cl¨¢usulas de confidencialidad.
Estas acusaciones ponen en duda las garant¨ªas del PRIVA. Dicho plan, seg¨²n ha explicado en varias ocasiones la CEE, girar¨¢ alrededor de una comisi¨®n nacional de arbitraje, cuyos miembros han sido elegidos por los obispos y la Confederaci¨®n Espa?ola de Religiosos (CONFER). No es ¨ªntegramente independiente. Este equipo verificar¨¢ cada caso que est¨¦ prescrito o si el acusado ha fallecido y fijar¨¢ una reparaci¨®n, siempre teniendo en cuenta lo que pida la v¨ªctima en cuesti¨®n. Luego enviar¨¢ la resoluci¨®n en un informe a la congregaci¨®n o di¨®cesis a la que pertenezca el pederasta para que esta la valore y decida si la ejecuta o no. Es decir, todo depender¨¢ al final si el prelado o el superior de la orden quiera acoger la propuesta de esta comisi¨®n de arbitraje.
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