• Un negocio centenario de palma aceitera en la RDC expone a la poblaci¨®n a toneladas de residuos t¨®xicos tras comprometerse con bancos de desarrollo europeos a respetar los derechos humanos a cambio de un recorte masivo de su deuda millonaria. Desde hace un a?o, Plantations et Huileries du Congo (PHC) pertenece a empresas offshore.
• La Agencia Espa?ola de Cooperaci¨®n al Desarrollo (AECID) ha perdido el dinero que invirti¨® en la PHC hasta noviembre de 2020. Admite carencias en la supervisi¨®n de la inversi¨®n y reconoce que no se cumplieron los objetivos.
• La PHC reincide a pesar de los mecanismos de control de los bancos de desarrollo, propiedad de gobiernos europeos. La opacidad de las instituciones financieras dificulta el seguimiento de las inversiones por parte de legisladores y sociedad civil.

El planeta conserva tres grandes bosques tropicales: Amazon¨ªa, sudeste asi¨¢tico y Cuenca del Congo. Pero el mejor conservado es el tercero. Sus selvas, del tama?o de siete Espa?as, alimentan r¨ªos en el cielo: flujos colosales de vapor de agua que emanan de las hojas y act¨²an como un termostato natural, regulando el clima de la regi¨®n y del mundo. Sin embargo, estas zonas de vital importancia para el clima y la biodiversidad son tambi¨¦n las tierras m¨¢s propicias para la expansi¨®n de cultivos como la palma aceitera, que es originaria de ?frica central y occidental.

La mayor¨ªa de las tierras aptas para la producci¨®n de aceite de palma, conocido como oro naranja, est¨¢n en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo (RDC, 90 millones de habitantes), un pa¨ªs rico con gente pobre, con el r¨ªo m¨¢s profundo del mundo, el mayor bosque tropical de ?frica y suelos id¨®neos para el caucho y el cacao. Posee la mayor producci¨®n mundial de cobalto, esencial para las bater¨ªas de coches el¨¦ctricos y de m¨®viles, y la segunda de diamantes. Y sus riquezas llevan atrayendo a extranjeros desde el siglo XV. Los belgas colonizaron la zona entre 1885 y 1960, llegando a reducir la poblaci¨®n congole?a a la mitad. La RDC conquist¨® su soberan¨ªa, pero hoy est¨¢ entre los pa¨ªses m¨¢s opacos y corruptos del mundo, seg¨²n el ?ndice de Transparencia Internacional. Con 2.345 millones de kil¨®metros cuadrados, tiene una extensi¨®n de m¨¢s de la mitad de la Uni¨®n Europea.

Y all¨ª, en las selvas de ?frica central, a orillas de estas aguas, se encuentra una de las plantaciones de palma aceitera m¨¢s extensas y m¨¢s antiguas del continente. En 1911, un vizconde ingl¨¦s adquiri¨® 750.000 hect¨¢reas en el Congo belga, pasando a controlar un ¨¢rea del tama?o de 50 veces la ciudad de Londres. Quer¨ªa hacer jab¨®n. William H. Lever fund¨® as¨ª Plantations et Huileries du Congo Belge (PHC) y muri¨® pensando en sus macro cultivos, origen del gigante alimentario Unilever, como un ejemplo de capitalismo moral. M¨¢s de cien a?os despu¨¦s, PHC se congratulaba de haber cuadruplicado los salarios en una d¨¦cada en un publirreportaje titulado Salvaci¨®n socioecon¨®mica en la RDC.

En realidad, las plantaciones coloniales de PHC prosperaron durante d¨¦cadas gracias al trabajo forzado e, incluso, lo que pagaban tras el aumento salarial en 2019 era apenas un euro al d¨ªa. Entre 2013 y 2020, el agronegocio estuvo controlado por bancos de desarrollo europeos, propiedad de gobiernos como el de Espa?a. Estos financiadores bilaterales invierten en el sector privado en pa¨ªses de renta media y baja a un inter¨¦s inferior al de mercado. Y tienen un triple objetivo: ganar dinero, promover el crecimiento econ¨®mico y aplicar la pol¨ªtica de Cooperaci¨®n de sus respectivos Estados.

Los bancos de desarrollo invirtieron m¨¢s de 130 millones de euros en la PHC entre 2013 y 2020 cuando, arruinada y llena de conflictos sociales, entr¨® en bancarrota y pas¨® a manos de firmas de capital privado. Espa?a perdi¨® el dinero que hab¨ªa invertido a trav¨¦s del Fondo Africano para la Agricultura, al que aport¨® 35 millones de euros. El Gobierno brit¨¢nico se despidi¨® de m¨¢s de 65 millones de euros en acciones. Sin embargo, Europa sigue vinculada a las plantaciones congole?as.

La PHC debe 43 millones de euros a un consorcio de acreedores de Alemania, B¨¦lgica, Holanda y Reino Unido, cuyos miembros est¨¢n entre los diez mayores financiadores bilaterales de desarrollo del mundo. Para zanjar el tema, el consorcio ha decidido perdonar hasta el 80% de la deuda con una condici¨®n: que la PHC respete el medio ambiente y los derechos humanos tanto de sus 8.500 trabajadores como de las 100.000 personas que viven dentro o junto a sus concesiones. Pero las cosas no est¨¢n saliendo como se esperaba, ni con uno, ni con otro, tal y como EL PA?S ha podido constatar en vivo en el pa¨ªs africano.

Exposici¨®n a productos t¨®xicos, peligrosos y radiactivos

La PHC actual controla 107.000 hect¨¢reas. El 76% de la empresa pertenece a firmas de capital privado domiciliadas en las Islas Caim¨¢n, Mauricio y Delaware y, el resto, al Gobierno congole?o. El principal cliente de la PHC es Groupe Rawji, un conglomerado familiar que, adem¨¢s de procesar alimentos y detergentes en la RDC, controla el mayor banco del pa¨ªs y maneja negocios variopintos en lugares como Alemania, Dubai, India y China.

La mayor de las tres plantaciones de PHC, del tama?o de la ciudad de Madrid, est¨¢ a 13 horas de Kisangani, la capital de Tshopo, en canoa motorizada o a cinco en lancha r¨¢pida. Como un desierto verde, el palmeral de Lokutu se extiende desde la inmensidad del r¨ªo Congo hasta los confines del segundo mayor bosque tropical del planeta, atrapando poblados, escuelas y sepulturas.

En junio de 2021, la empresa y dos altos cargos del Gobierno provincial congole?o colaboraron en la ¡°destrucci¨®n de 20 toneladas de productos fitosanitarios, t¨®xicos, peligrosos y radiactivos caducados¡±, seg¨²n un acta de la Coordinaci¨®n de Medio Ambiente de la provincia de Tshopo a la que tuvo acceso EL PA?S. Pesticidas, fertilizantes qu¨ªmicos, sosa c¨¢ustica y bater¨ªas de plomo, cadmio y n¨ªquel acumulaban polvo en siete almacenes y un laboratorio de la plantaci¨®n en Lokutu; en algunos casos, desde la ¨¦poca de Unilever, que control¨® las plantaciones hasta 2009.

La compa?¨ªa eligi¨® un terreno junto a un camino, lo desbroz¨® y transport¨® los residuos en camiones abiertos. En presencia de la delegaci¨®n, los operarios rociaron desechos s¨®lidos con gasolina, les prendieron fuego y los enterraron en contacto directo con el suelo. Diluyeron l¨ªquidos corrosivos a ojo. Luego se fueron. Todos. Se marcharon sin informar a nadie, dejando el solar sin vallar, sin vigilar y sin se?alizar. ?Qui¨¦n se iba a enterar?

Los lugare?os, intrigados, sondearon el terreno con palos y desenterraron cuanto pudieron con la esperanza de venderlo o reutilizarlo. No es dif¨ªcil: el lugar est¨¢ a solo un kil¨®metro del barrio de trabajadores de Yalikito, a 900 metros de su fuente de agua y junto al atajo que lleva a los huertos de ma¨ªz y al barrio vecino. Luego llovi¨®, rebrotaron las plantas y empezaron a ir ni?as a recoger hojas de mandioca para la comida familiar, deambulando descalzas entre exudaciones qu¨ªmicas pestilentes, bidones de ¨¢cido en polvo resquebrajados y bater¨ªas de plomo escacharradas.

¡°Yo estoy siempre aqu¨ª¡±, afirma el anciano jefe de Yalikito, Jean Buinga Ilanga, sentado bajo un cobertizo de barro y hojas de palma. ¡°Vi pasar a los camiones y a la delegaci¨®n, pero nadie vino a informarme y tampoco me atrev¨ª a preguntar. ?Qu¨¦ podemos hacer? Vivimos en su concesi¨®n y somos sus inquilinos¡± se pregunta, se?alando unas casas ennegrecidas y agrietadas de la ¨¦poca del imperio de Lever.

Arrojar desechos industriales a hogueras abiertas y vertederos no controlados contamina el agua y el suelo, y expone a las personas a productos t¨®xicos. ¡°En pa¨ªses con una gobernanza d¨¦bil, los operadores [econ¨®micos] son m¨¢s responsables que nunca de seguir buenas pr¨¢cticas¡±, afirma desde Brazzaville (Rep¨²blica del Congo) el experto en saneamiento e higiene de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), Guy Mbayo Kakumbi. ¡°Informar a las comunidades sobre el destino de los residuos, alertarlas de los riesgos y actuar con ¨¦tica es lo m¨ªnimo¡±.

La empresa sostiene que ella no destruy¨® ni inactiv¨® nada, sino que se limit¨® a confiar la gesti¨®n de los residuos a la Coordinaci¨®n Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¡°Todos los procedimientos en vigor han sido respetados¡±, respondi¨® el pasado noviembre a EL PA?S la gestora de Programas Ambientales, Sociales y de Gobernanza de la PHC, Fanny Salmon. ¡°La PHC lamenta constatar que la poblaci¨®n local no ha respetado la zona y ha ido a desenterrar bater¨ªas para recuperar el plomo y otros [materiales]. Se adoptar¨¢n de forma inmediata medidas para reforzar la seguridad¡±.

El plomo es un metal pesado altamente t¨®xico cuando se ingiere o se inhala. Se degrada muy despacio, de modo que los sitios contaminados pueden ser peligrosos durante d¨¦cadas. Seg¨²n la OMS, no se conoce un nivel seguro de exposici¨®n al plomo, cuyos efectos son especialmente graves en ni?os y embarazadas.

¡°Tanto las autoridades congole?as como la empresa tienen el deber de asegurar que los residuos t¨®xicos con plomo se desechan de una forma segura que no infrinja el derecho de las comunidades a la salud y a un medio ambiente sano¡±, afirma desde Nueva York la experta de Human Rights Watch (HRW) Luciana T¨¦llez Ch¨¢vez. Asimismo, ¡°los bancos de desarrollo tienen la obligaci¨®n de defender los compromisos internacionales de sus pa¨ªses sobre derechos humanos, tambi¨¦n en el extranjero¡±, remarca.

La PHC contest¨® a todas las preguntas excepto a dos. Una era si el transporte y destrucci¨®n de los productos, que ella misma facilit¨® y presenci¨®, cumple con los principios internacionales con los que dice alinearse, incluyendo los del Plan Ambiental y Social que acord¨® con los acreedores europeos. La segunda era qu¨¦ est¨¢ndares t¨¦cnicos segu¨ªan los m¨¦todos utilizados. La empresa no respondi¨®.

Los responsables de la Administraci¨®n congole?a encargados de la supervisi¨®n que viajaron a Lokutu a cuenta de la compa?¨ªa, tampoco.

El 98% de los inspectores, sin salario

El proceso que culmin¨® en este episodio hab¨ªa empezado un a?o antes, en 2020, cuando la polic¨ªa judicial precint¨® los almacenes y el laboratorio durante una inspecci¨®n rutinaria por albergar productos caducados desde hac¨ªa m¨¢s de una d¨¦cada.

Este junio, el entonces coordinador provincial de Medio Ambiente, F¨¦licien Malu, y el consejero pol¨ªtico en la materia, Dieu Merci Assumani, fueron a desprecintar las instalaciones, coincidiendo con la ausencia del nuevo gobernador, Maurice Abibu Sakapela. Cuando este se enter¨®, les orden¨® regresar de inmediato a Kisangani, la capital de Tshopo. En agosto, los dos funcionarios fueron relevados de sus puestos.

¡°Aqu¨ª no hay infraestructuras para tratar residuos agroindustriales, y lo apropiado habr¨ªa sido llevarlos a Uganda¡±, explica el director de la Agencia Congole?a de Medio Ambiente en Kisangani, Guy Mondele. ¡°Lo que ocurre es que la Coordinaci¨®n Provincial de Medio Ambiente es, sobre todo, un servicio de caza de infracciones y de recaudaci¨®n. Lo que prioriza es el cobro¡±.

La Coordinaci¨®n tiene 138 empleados, de los que ¡°solo uno o dos cobran un salario¡±, seg¨²n fuentes de la misma. Como muchas otras entidades descentralizadas de la RDC, no recibe fondos del Gobierno nacional para gastos ordinarios, como comprar blocs de notas o bol¨ªgrafos. Debido a la falta de medios, los empleados tampoco se pueden desplazar por Tshopo, un tapiz de bosques tropicales primarios, ci¨¦nagas y turberas del tama?o de media Francia que constituye la mayor provincia boscosa del pa¨ªs.

¡°Se supone que debemos inspeccionar las concesiones agroindustriales y forestales de forma peri¨®dica¡±, explica un agente de la polic¨ªa judicial que prefiere no desvelar su nombre por temor a represalias. ¡°En la pr¨¢ctica, solo podemos ir si las propias empresas se hacen cargo del transporte y nos dan una paga diaria: la mitad del dinero es para nosotros y, el resto, para nuestros superiores. ?C¨®mo podemos hacer controles independientes en estas condiciones?¡±.

Y los bancos europeos de desarrollo, ?c¨®mo monitorizan el impacto ambiental y social de sus m¨¢s de 2.000 inversiones, valoradas en miles de millones de euros, en lugares cr¨ªticos para la biodiversidad y el clima como la Cuenca del Congo?

Inversiones dif¨ªciles de controlar

La PHC da por cerrado el episodio de los desechos. Indica que abon¨® la multa correspondiente a la Direcci¨®n Provincial de Recaudaci¨®n en abril de 2021, mostrando el recibo de un importe equivalente a 28.000 euros. Tambi¨¦n rechaza haber realizado pagos directos a ning¨²n funcionario.

Los acreedores europeos conoc¨ªan la infracci¨®n, seg¨²n afirm¨® el banco de desarrollo alem¨¢n (DEG) por correo electr¨®nico en nombre del consorcio. Tambi¨¦n sab¨ªan que, en un principio, las autoridades hab¨ªan intentado imponer unas multas ¡°abusivas¡± a la PHC, en palabras de la propia empresa. Lo que los bancos alem¨¢n (DEG), belga (BIO), holand¨¦s (FMO) y brit¨¢nico (CDC Group) desconoc¨ªan era el destino de las 20 toneladas de productos fitosanitarios, t¨®xicos, peligrosos y radiactivos caducados.

?C¨®mo pod¨ªa ser?

EL PA?S pregunt¨® a esas instituciones c¨®mo supervisan el cumplimiento del Plan de Acci¨®n Ambiental y Social, del que depende la reducci¨®n de la deuda. ¡°Realizamos un seguimiento regular y dialogamos con el cliente sobre su implementaci¨®n¡±, a?adi¨® el DEG alem¨¢n, se?alando que se toman muy en serio la cuesti¨®n de los residuos t¨®xicos y que la van a examinar. Seg¨²n la web de la entidad holandesa (FMO), los bancos tambi¨¦n encargan auditor¨ªas a consultores locales y visitan las plantaciones cada dos a?os.

En esta ocasi¨®n, el di¨¢logo con el cliente no bast¨®. ¡°En la PHC no sentimos la necesidad de indicar a las instituciones financieras de desarrollo (IFD) que la continuaci¨®n del proceso [el vertido de los residuos] se hab¨ªa realizado respetando las leyes nacionales¡±, apunt¨® la empresa.

En 2019, el FMO holand¨¦s se preguntaba ¡°qu¨¦ pasa cuando la compa?¨ªa est¨¢ verdaderamente comprometida a ejecutar el Plan de Acci¨®n Ambiental y Social, pero carece del presupuesto porque los precios [del aceite de palma] est¨¢n por los suelos¡±. Pero informar a las comunidades locales no cuesta dinero. Se?alizar un vertedero de productos peligrosos, tampoco.

Casos como el de la PHC muestran la dificultad de los inversores para controlar proyectos de alto riesgo en pa¨ªses con instituciones d¨¦biles. Pa¨ªses donde los propios financiadores no est¨¢n presentes para supervisar, directamente, el desempe?o de clientes a quienes han inyectado millones de euros.

El ejemplo de la PHC tambi¨¦n pone de relieve lo que se conoce como ¡°distanciamiento de la responsabilidad¡±, una idea que est¨¢ empezando a sonar, y a preocupar, en foros como el Parlamento Europeo.

El concepto es simple: cuanto m¨¢s complejas son las redes de inversi¨®n transnacionales, cuantos m¨¢s intermediarios y jurisdicciones hay, m¨¢s dif¨ªcil es determinar qui¨¦n es responsable de las infracciones sobre el terreno. All¨ª lejos, en bosques tropicales a orillas del Congo, el Sarawak o el Orinoco... A horas de avi¨®n, barca y mototaxi del Paseo de La Castellana, de los despachos enmoquetados de La Haya y de la Quinta Avenida de Nueva York...

Seis grados de separaci¨®n

En 2008, un estudio demostr¨® la hasta entonces leyenda urbana de los seis grados de separaci¨®n: cualquier persona del planeta est¨¢ conectada con otra a trav¨¦s de una media de seis intermediarios. Lo mismo ocurre en las telara?as financieras globales.

Sin los cortafuegos adecuados, inversores bienintencionados pueden acabar respaldando proyectos muy alejados de sus principios: desde la deforestaci¨®n de bosques tropicales hasta la explotaci¨®n laboral, pasando por la optimizaci¨®n fiscal en beneficio de oscuras ¨¦lites mundiales.

Las ni?as que trabajan cogiendo hojas de mandioca en el vertedero de la plantaci¨®n congole?a poco se imaginan qui¨¦n est¨¢ en el otro extremo de la cadena de inversi¨®n.

Para empezar, est¨¢n los fundadores de algunas de las firmas de capital privado que adquirieron la PHC en 2020: Wal¨¦ Adeosun, ex asesor de Obama para el comercio entre Estados Unidos y ?frica que gestiona el capital de clientes ultra-ricos; Kalaa Mpinga, un magnate congole?o del oro y los diamantes, sobrino de un ministro del petr¨®leo de Kabila; y Larry Seruma, que dirigi¨® un hedge fund (fondo de inversi¨®n libre) del BBVA y Vega, y que, como otros muchos, inici¨® su carrera con Bernard Madoff, el art¨ªfice de la mayor estafa piramidal de la historia.

A su vez, la catarata de fondos conectada a la PHC se ha alimentado del capital de grandes universidades norteamericanas como Northwestern, Washington in Saint Louis y Michigan. Tambi¨¦n se ha nutrido en momentos determinados de la Fundaci¨®n Gates y de fondos de pensi¨®n sudafricanos, tal y como se refleja en las declaraciones fiscales de los inversores consultadas por EL PA?S y por el Oakland Institute.

Espa?a, Francia y Estados Unidos invirtieron en las plantaciones a trav¨¦s del Fondo Africano para la Agricultura (AAF por sus siglas en ingles), y pa¨ªses como Suiza y Suecia entraron a trav¨¦s del Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), a cuya hucha contribuyen el Banco de Desarrollo Africano, el banco brit¨¢nico Standard Chartered y la multinacional alemana de servicios financieros Allianz. Las responsabilidades se diluyen a medida que los intermediarios aumentan.

?Qui¨¦n debe rendir cuentas?

Cuando hay un problema en una inversi¨®n, los bancos de desarrollo llaman a sus gestores de fondos. Estos trasladan la responsabilidad a los directivos de la empresa. El equipo ejecutivo culpa a las autoridades locales, que acusan a la compa?¨ªa. Y vuelta a empezar. Y en el caso de la PHC, todav¨ªa hay otra vuelta de tuerca.

Las firmas de capital privado se est¨¢n enfrentando en los tribunales de Delaware y Nueva York (Estados Unidos), Toronto (Canad¨¢) y Kinshasa (RDC) por la propiedad de la empresa, que valoran en 88 millones de euros. Centenares de p¨¢ginas de documentos judiciales examinados por EL PA?S describen las maniobras de estas firmas: pr¨¦stamos mutuos al 17,5% de inter¨¦s, acusaciones de resucitar planes de evitaci¨®n fiscal en la PHC e inversiones en misteriosas empresas agr¨ªcolas.

Hasta lo sugieren los correos electr¨®nicos entre los acreedores y los fondos: el entramado corporativo detr¨¢s de la PHC es tan enrevesado que, incluso, los bancos de desarrollo se muestran confundidos.

Fondos p¨²blicos, finanzas opacas

La sociedad civil (ONG y otras organizaciones) es un vig¨ªa crucial de las inversiones. Sin embargo, ¡°las instituciones financieras de desarrollo (IDF) europeas son incre¨ªblemente opacas: solo tres de ellas publican sus subinversiones¡±, explica una fuente del sector que pide anonimato para evitar represalias. ¡°Compiten entre ellas y con los bancos comerciales, de modo que la prioridad de quienes trabajan all¨ª no es siempre el desarrollo¡±.

Lo corrobora un informe reciente de la Iniciativa de Transparencia de Instituciones Financieras de Desarrollo (DFI Transparency Initiative), de la campa?a global Publish What You Fund (Publica lo que financias): ¡°La falta de transparencia [sobre las subinversiones] significa que es casi imposible comprender su impacto en el desarrollo. (...) Esto es inaceptable, sobre todo, cuando estas instituciones emplean dinero p¨²blico y, en algunos casos, ayuda oficial al desarrollo¡±.

ONG, legisladores, ciudadanos y contribuyentes tienen complicado seguir las actividades de los bancos de desarrollo de sus pa¨ªses. Lo mismo les ocurre a las comunidades afectadas. ¡°Es cr¨ªtico que las instituciones financieras mejoren el aporte de informaci¨®n desglosada sobre cada una de sus inversiones¡±, afirma el experto de la Iniciativa, Paul James.

Los compromisos de los pa¨ªses en materia de clima, biodiversidad y derechos humanos ¨Ccomo los anunciados en la COP26¨C dependen de la capacidad de seguir el dinero desde los bolsillos de los inversores y consumidores internacionales hasta lugares como Tshopo. A medida que las tierras del sureste asi¨¢tico van quedando saturadas de plantaciones, seg¨²n un estudio del Centro para la Investigaci¨®n Forestal Internacional (CIFOR), los agronegocios empiezan a buscar alternativas en los bosques pr¨ªstinos del ?frica central.

Agronegocios a la conquista de ?frica

Los bosques de ?frica central son menores que los de la Amazon¨ªa, pero absorben m¨¢s di¨®xido de carbono. Tambi¨¦n albergan la mayor turbera tropical del planeta, una bomba de carbono del tama?o de Inglaterra. Las turberas son humedales con una espesa capa de materia org¨¢nica que ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, pero almacenan el 20% del carbono del suelo a nivel mundial.

En Asia, millones de hect¨¢reas de turberas ya han desaparecido frente al avance de la palma y, a los efectos de la deforestaci¨®n, se suman los de la poluci¨®n y el crecimiento demogr¨¢fico en torno a las macro plantaciones.

Indonesia y Malasia producen el 90% de un aceite presente en cosm¨¦ticos, chocolatinas, alimentaci¨®n animal y detergentes. Pero el aumento del consumo global, la escasez de tierras en Asia y el ¨ªmpetu econ¨®mico de ?frica apuntan al inicio de un nuevo auge del aceite de palma en la Cuenca del Congo.

En 2009, la PHC declar¨® que dejar¨ªa de deforestar y se limitar¨ªa a replantar, pero en la regi¨®n hay otro medio centenar de plantaciones industriales de palma aceitera. Varias de ellas tienen planes de expansi¨®n. Y sobre otras, como Socfin, de Luxemburgo, y Olam, de Singapur, pesan acusaciones de acaparamiento de tierras y tala de bosques comunitarios. Socfin se benefici¨® de fondos de Francia (Proparco) y del Banco Mundial, y Olam, del Banco Africano de Desarrollo.

En los ¨²ltimos 30 a?os, el ¨¢rea destinada al aceite de palma en la Cuenca del Congo y otros cinco pa¨ªses productores de la regi¨®n ha aumentado un 40%, seg¨²n CIFOR. Y todav¨ªa quedan 280 millones de hect¨¢reas aptas para el cultivo, la mayor¨ªa de ellas en la RDC, Camer¨²n y la Rep¨²blica del Congo. ¡°Si no se interviene, los aumentos de producci¨®n vendr¨¢n de la expansi¨®n, m¨¢s que de la intensificaci¨®n, de los cultivos (¡­) posiblemente, a expensas del bosque¡±, alerta Denis Sonwa, cient¨ªfico del CIFOR.

?Y ahora, qu¨¦?

En Lokutu, no saben d¨®nde enterrar a sus muertos. Este a?o, la polic¨ªa congole?a arrest¨® a un lugare?o por intentar sepultar un cuerpo en una cancha de f¨²tbol. ¡°Las casas est¨¢n bajo las palmas; las letrinas est¨¢n bajo las palmas; incluso nuestras tumbas est¨¢n bajo las palmas¡±, explica el vecino Joseph Meia.

En las entra?as verdes de RDC, las comunidades viven de la selva. ¡°Pero aqu¨ª todo es importado. En el bosque que rodea las plantaciones ya no hay caza y hasta la le?a para cocinar es un problema¡±, lamenta Meia.

La PHC engull¨® tierras ancestrales que hoy corresponden a siete entes locales. En Bolesa, hay 23 pueblos que son islas en un oc¨¦ano de palmas. Para llegar al bosque, hay que cruzar este mar. ¡°En febrero, mi hermano Blaise Mokwe, sali¨® a por ramas para hacer una escoba¡±, dice Eddy Baitita. ¡°Como llevaba un machete, los guardianes pensaron que quer¨ªa robar frutos de palma y lo mataron¡±. Ten¨ªa 33 a?os.

Manu Efolalofa, de 20 a?os, desapareci¨® el mismo mes tras ser arrestado por guardianes de la plantaci¨®n. Su madre, Ogeno Losana, tiene otras nueve bocas que alimentar: ¡°Intent¨¦ cultivar un huerto en el bosque, y las comunidades locales me echaron. Me traslad¨¦ a otra parcela, y la empresa puso palmas. Ahora vendo garrafas de aceite para sobrevivir¡±. Losana espera que la compa?¨ªa la compense alg¨²n d¨ªa, por lo menos, empleando a alguno de sus hijos.

Seg¨²n la empresa, la poblaci¨®n de Lokutu podr¨ªa estar hurtando el equivalente a 10.000 toneladas de aceite al a?o en frutos de palma. Lo calculan en funci¨®n de un rendimiento te¨®rico basado en la edad de las palmas, su estado de mantenimiento y la fertilizaci¨®n empleada. La producci¨®n actual de PHC Lokutu ronda las 17.000 toneladas.

¡°Si pagaran bien a los trabajadores, estos no se ver¨ªan obligadas a robar frutos ni carburantes¡±, opina un empleado. A pesar de sus 30 a?os de antig¨¹edad, solo gana 1,4 euros al d¨ªa, y su familia subsiste por debajo del umbral de la extrema pobreza. Nunca ha visto la crema de chocolate ni las lociones hidratantes producidas con los frutos que cosecha. Ninguno de sus tres hijos va a la escuela.

En teor¨ªa, la empresa podr¨ªa convertirse en un ejemplo a seguir. ¡°Rejuvenecer las plantaciones existentes y mejorar su rendimiento, en lugar de expandirlas, es una buena forma de responder a la demanda de aceite de palma y reducir la deforestaci¨®n¡±, se?ala Roc¨ªo D¨ªaz Ch¨¢vez, la vicedirectora en ?frica del Stockholm Environment Institute (SEI), un referente global en investigaci¨®n y pol¨ªticas ambientales. ¡°Pero pagar 30 d¨®lares al mes a alguien no es ayuda; es neocolonialismo¡±.

Voracidad. Opacidad. Descontrol. Responsabilidades diluidas. Cuando William H. Lever fund¨® Plantations et Huileries du Congo en 1911, el conocido como Napole¨®n del jab¨®n aspiraba a crear un negocio limpio. Y, sin embargo, lo que PHC ha acabado ofreciendo son cien a?os de lecciones sobre los fallos de los sistemas agr¨ªcolas, financieros y de gobernanza en un mundo globalizado.

Son errores que los inversores, los gobiernos y las compa?¨ªas deber¨¢n enmendar.

Inversi¨®n espa?ola en la RDC: ¡°Objetivo no cumplido¡±

España invirtió en las plantaciones de palma aceitera de la RDC durante ocho años, hasta noviembre de 2020. El objetivo era reflotar un negocio desfasado e improductivo, manteniendo los empleos y mejorando las condiciones generales de trabajo. “Está claro que los objetivos finales de esta inversión individual no se han cumplido”, responde a EL PAÍS Miguel Goméz-Pavón, coordinador de Sector Privado, UE y Administración del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode).

El Fonprode invirtió en la PHC a través del Fondo Africano para la Agricultura (AAF), al que había inyectado 35 millones de euros a  repartir entre 16 proyectos en 13 países. Entre los inversores estaban Francia (Proparco) y Estados Unidos (DFC). Cuando la empresa canadiense propietaria de las plantaciones se declaró en bancarrota el año pasado, el AAF tenía el 13% de las acciones. “La participación del AAF fue liquidada con la empresa [Feronia Inc.], sin que el fondo haya recibido compensación alguna, según nos informa el gestor”, explica Gómez-Pavón. En otras palabras, España perdió el dinero.

El Fonprode depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que en 2020 sacó un aprobado justo en el índice de transparencia de la campaña Publica lo que financias. El fondo también recibe apoyo de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), una empresa estatal que sigue su cartera de proyectos.

La responsabilidad es del gestor de fondos

“La decisión última de invertir en la PHC fue responsabilidad del gestor del fondo AAF, Phatisa, como es habitual en los vehículos de inversión colectiva”, señala COFIDES sobre esta entidad domiciliada en Isla Mauricio, en respuestas a EL PAÍS por correo electrónico sobre esta entidad domiciliada en Isla Mauricio, en respuestas a EL PAÍS por correo electrónico. 

España “tampoco tuvo la capacidad de decidir la venta o salida de la inversión, pero sí influyó para mejorar las deficiencias” con “un volumen de recursos financieros y humanos importante”, añade COFIDES. El historial de fallos es largo. Acaparamiento de tierras, contaminación de aguas, exposición a pesticidas que causan impotencia y salarios de ocho euros al mes —sí, al mes— para mujeres de pueblos autóctonos, mientras el equipo directivo se embolsaba, por lo menos, 900.000 euros al año.

Según COFIDES, la entrada del AAF y los bancos de desarrollo europeos en el accionariado mejoraron las cosas: “La empresa pasó a contar con una política de recursos humanos acorde con los estándares del Banco Mundial y se implantó un Plan de Acción Social y Ambiental”. Menciona otras mejoras como la rehabilitación de viviendas, un programa de participación de las comunidades locales y mayor transparencia.

En la práctica, los salarios siguen estando por debajo del umbral de la pobreza extrema, que el Banco Mundial fija en 1,6 euros al día; las viviendas siguen siendo decrépitas —agujeros en el techo, derrumbamientos—; se inauguran dispensarios vacíos; los enfermeros y los maestros trabajan sin cobrar, el bosque circundante se está quedando sin fauna, y uno de cada tres niños del territorio sufre desnutrición crónica, según Acción Contra el Hambre. “Las plantaciones se encuentran en lugares de difícil acceso”, dice Gómez-Pavón por su parte. “Ello dificultó el acceso a mercados, así como la supervisión de la aplicación de las políticas de la compañía en todas las plantaciones”.

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