Malaui: cuando el ¨²nico destino de miles de refugiados es regresar al infierno del campo

En chichewa, idioma oficial de Malaui, Dzaleka significa, ir¨®nicamente, ¡°no lo volver¨¦ a hacer¡±. As¨ª se llama el campo de refugiados del pa¨ªs, donde ya malviven 56.000 personas, un n¨²mero que aumentar¨¢, ya que el 1 de febrero expir¨® el plazo concedido por el Gobierno para que los 8.000 refugiados que residen en otros lugares del pa¨ªs regresen voluntariamente. A partir de ahora las autoridades pueden tomar medidas para la reubicaci¨®n progresiva de estas familias. La decisi¨®n, cuyas razones no se han explicado oficialmente, sorprende y preocupa a las organizaciones humanitarias, que no ven c¨®mo Dzaleka podr¨¢ asumir de manera segura a varios miles de personas adicionales, y llena de miedo a refugiados que han logrado construir una vida digna y ahora deben dar marcha atr¨¢s.

El Gobierno de Malaui declar¨® en 2021 que todos los refugiados, procedentes de otros pa¨ªses africanos, ten¨ªan que regresar al campo, pero la decisi¨®n fue impugnada ante la justicia por organizaciones de refugiados y logr¨® congelarse hasta agosto de 2022, cuando un tribunal fall¨® a favor de las autoridades, que dieron varios meses de plazo para que las familiares retornaran. ¡°Fue chocante o¨ªr que algunos funcionarios dec¨ªan que los refugiados que viv¨ªan fuera del campo deb¨ªan vender sus negocios y volver. Esto es cruel¡±, afirma Peter Chisi, Director de Derechos Civiles y Pol¨ªticos y Acceso a la Informaci¨®n de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Malaui (MHRC, por sus siglas en ingl¨¦s).

La decisi¨®n de las autoridades sobre esta reubicaci¨®n puede ser legal, pero ¡°la ley no es la panacea cuando se trata de derechos humanos¡±, agrega Habiba Osman, secretaria ejecutiva de la MHRC.

No se puede resolver un problema creando otro

Michael Kaiyatsa, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitaci¨®n

?Qu¨¦ explica esta orden? Las hip¨®tesis son varias: la seguridad nacional vinculada al terrorismo, las redes de tr¨¢fico de personas en los pa¨ªses vecinos, la amenaza que la actividad econ¨®mica de estas personas representa para los malau¨ªes o el deseo de enviar m¨¢s all¨¢ de las fronteras el mensaje de que los refugiados ya no son bienvenidos. La Convenci¨®n de 1951 sobre el estatuto de los refugiados les otorga el derecho a tener propiedades, dedicarse a sus profesiones o asistir a la escuela p¨²blica. Malaui present¨® nueve reservas a esta convenci¨®n, sobre todo relativas a la libertad de movimiento, y oficialmente estas personas que han buscado cobijo en el pa¨ªs tendr¨ªan que permanecer en el campo, pero estas observaciones exist¨ªan ¨²nicamente en el papel. Al menos hasta ahora.

¡°Xenofobia de Estado¡±

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que gestiona el campo, y otros organismos de derechos humanos est¨¢n de acuerdo en que reubicar en el campo a personas autosuficientes y productivas ser¨¢ contraproducente para todos, pero la polic¨ªa ya ha comenzado a identificar a las familias en sus casas. ¡°Se les ordena que comiencen a detectar o identificar a los refugiados que viven en su jurisdicci¨®n con efecto inmediato. Incluyan la ubicaci¨®n exacta, el n¨²mero de individuos por hogar y el tipo de negocio (que est¨¦n realizando)¡±, detall¨® Casper Chalera, subinspector general de la polic¨ªa, en un comunicado interno dirigido a todas las unidades, estaciones y puestos policiales del pa¨ªs. El Ministerio de Seguridad Nacional ha instado a que la reubicaci¨®n se haga de forma pac¨ªfica y ha pedido a la poblaci¨®n que no se implique en el proceso ni tome la justicia por su mano.

La ley no es la panacea cuando se trata de derechos humanos

Habiba Osman, secretaria ejecutiva de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Malaui

A Osman le preocupa que se violen los derechos de los refugiados si la polic¨ªa lleva a cabo la reubicaci¨®n: ¡°Hacer perfiles de las personas en sus casas puede conducir a una xenofobia de Estado¡±, afirma. Algunas familias de refugiados ya volvieron al campo en las ¨²ltimas semanas, aunque las cifras exactas son dif¨ªciles de calcular, ya que algunos vuelven a las que fueron sus casas y su retorno no se registra oficialmente, explic¨® Oliver Kumbambe, secretario de Seguridad Nacional, que confirm¨® ¨²nicamente el regreso de 35 personas. La prensa local ha publicado que el n¨²mero de familias retornadas es algo superior.

Este responsable admite tambi¨¦n ¡°protestas¡± de comerciantes locales, temerosos ante la idea de compartir el mercado local con los refugiados y considera que la reubicaci¨®n es ¡°muy importante¡± y los refugiados tendr¨¢n ¡°un lugar dado por el Gobierno para ejercer sus actividades¡±. Y ese lugar es Dzaleka.

Una de las que han vuelto es Adele Sabimana, una refugiada burundesa que hace cuatro a?os abandon¨® Dzaleka para empezar una nueva vida en Lilong¨¹e, la capital del pa¨ªs. All¨ª viv¨ªa con su marido y sus cuatro hijos, donde regentaba un peque?o negocio de venta de fruta hasta que se vio obligada a marcharse: ¡°Sab¨ªamos que ten¨ªamos que volver a Dzaleka porque los lugare?os nos dijeron que nos fu¨¦semos. Nos amenazaron con llevarse todo lo que hab¨ªa en nuestra casa si no lo hac¨ªamos¡±, dice en un susurro. Adele considera que su vida fuera era mucho mejor porque ten¨ªa independencia, pero no todos los que vuelven comparten la misma opini¨®n. Miria, de la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, que tambi¨¦n ha regresado, admite que se siente m¨¢s segura en el campo porque est¨¢ rodeada de miembros de su comunidad: ¡°La gente nos discriminaba y nos recordaba constantemente que no ¨¦ramos de all¨ª, que ten¨ªamos que volver a nuestro pa¨ªs. En la ciudad sent¨ªa que no estaba en paz¡±. Su marido se ha quedado en Lilong¨¹e, pero tendr¨¢ que volver al campo si los planes de reubicaci¨®n del Gobierno se mantienen.

Dzaleka est¨¢ lejos de poder hacer frente a las nuevas llegadas. El traslado de 8.000 personas requiere fondos que el Gobierno no tiene. Primero, se necesita dinero para transportar a los refugiados desde donde est¨¦n, y posteriormente, refugio, comida y acceso a la atenci¨®n sanitaria.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya ha advertido de que se est¨¢ quedando sin comida y solo tiene recursos suficientes para prestar asistencia a los refugiados hasta este mes. Los habitantes del campo sol¨ªan tener acceso a alimentos del PMA, pero desde 2020 y debido a la falta de fondos, la ayuda se cambi¨® por una transferencia en efectivo de unos siete euros al mes. Andrew Amisi, un joven de 32 a?os de la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo (RDC), explica que esta cantidad no es suficiente para comer: ¡°En 2020, 50 kilogramos de ma¨ªz costaban 6.500 kwachas malau¨ªes (unos 5,8 euros) y hoy cuestan casi cuatro veces m¨¢s. El dinero que recibimos no se corresponde con el aumento del precio de los alimentos. Tenemos hambre¡±, se queja.

Kenyi Emmanuel Lukajo, un responsable de ACNUR, confirma que ¡°la financiaci¨®n se ha reducido mucho en comparaci¨®n con a?os anteriores¡±. ¡°Proporcionar servicios b¨¢sicos a los reci¨¦n llegados y a los que ya est¨¢n en el campo se est¨¢ convirtiendo en un gran reto¡±, explica. Tambi¨¦n aclara que las familias que han regresado y las que lo har¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas tendr¨¢n que permanecer en el centro de recepci¨®n durante mucho tiempo porque no hay fondos ni espacio para construirles refugios. La rehabilitaci¨®n de Luwani, otro campo de refugiados que actualmente est¨¢ vac¨ªo, a¨²n queda lejos, ya que ACNUR todav¨ªa no ha conseguido los fondos para rehabilitarlo. ¡°En estos momentos, Luwani no es un campo de refugiados. Necesitamos una alternativa o un nuevo campo¡±, reconoce Kumbambe.

Brote de c¨®lera, pobreza y violencia

¡°En Dzaleka escasea el agua, el saneamiento e incluso la comida. No se puede resolver un problema creando otro¡±, afirma Michael Kaiyatsa, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitaci¨®n. Seg¨²n ¨¦l, la situaci¨®n actual no es sostenible: ¡°Algunos de los que ahora regresan llevan fuera casi 30 a?os. Estas personas han establecido sus negocios, trabajado, creado familias, etc¨¦tera. ?Qu¨¦ pasar¨¢ con sus negocios o con sus propiedades?¡±, se pregunta.

La gente nos discriminaba y nos recordaba constantemente que no ¨¦ramos de all¨ª, que ten¨ªamos que volver a nuestro pa¨ªs. En la ciudad sent¨ªa que no estaba en paz

Miria, refugiada de la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo

La llegada de 8.000 personas m¨¢s al ya superpoblado campo tambi¨¦n preocupa a los habitantes de Dzaleka. A Suwavisi Ntakirutaimana, una vendedora de verduras ruandesa de 36 a?os, le angustia que la llegada de 8.000 personas afecte a su negocio porque habr¨¢ m¨¢s competencia, ya que todos realizar¨¢n actividades similares. Lwitela Musa, un vendedor de verduras de 52 a?os de la RDC, no oculta su recelo ante la idea de que ¡°al llegar m¨¢s gente haya m¨¢s problemas de enfermedades, alimentaci¨®n, seguridad o vivienda¡±.

Dzaleka tampoco es un lugar seguro. Con el peor brote de c¨®lera de los ¨²ltimos 10 a?os en curso y unas autoridades incapaces de controlarlo, el alto riesgo de transmisi¨®n de enfermedades se multiplica en un entorno con condiciones insalubres.

Y el c¨®lera no es el ¨²nico riesgo al que se enfrentan los refugiados en el campo. En las ¨²ltimas semanas, se han registrado violentos incidentes, a veces provocados por la falta de recursos, que preocupan a los responsables. Butoyi Fedeli, l¨ªder de la comunidad burundesa, result¨® gravemente herido tras una explosi¨®n causada por un artefacto explosivo casero el pasado 14 de diciembre. Unas semanas antes, el 22 de noviembre, la polic¨ªa dispar¨® gases lacrim¨®genos y se enfrent¨® a los refugiados cuando estos saquearon algunos art¨ªculos de un almac¨¦n tras descubrir que sus nombres faltaban en una lista de distribuci¨®n de material de construcci¨®n. Dentro y fuera de Dzaleka, los refugiados congole?os, et¨ªopes, ruandeses o somal¨ªes se preguntan qu¨¦ ocurrir¨¢ a partir de ahora y c¨®mo el gobierno planea obligarlos a regresar a este lugar en el que nunca quisieron estar.

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