Matrimonio forzado en Espa?a: claves para detectarlo y abordarlo
Los colectivos en riesgo son mujeres menores de edad o muy j¨®venes, mayoritariamente de nacionalidad espa?ola o con residencia legal, aunque sus familias proceden, sobre todo, del Magreb, ?frica subsahariana y sur de Asia
Asma tiene 15 a?os y acaba de asistir a una fiesta familiar. Le hab¨ªan dicho que era para celebrar que se ha hecho mayor, pero ha resultado ser su propia boda, con un primo lejano a quien hab¨ªa visto antes solo en un par de ocasiones. Sus padres le explican que estaba comprometida con ¨¦l desde peque?ita y que hab¨ªa llegado ya el momento de casarlos.
El matrimonio forzado constituye una manifestaci¨®n de violencia contra las mujeres por causa de honor todav¨ªa poco conocida en Espa?a. Apenas existen datos oficiales sobre su incidencia, m¨¢s all¨¢ de los que proceden del Ministerio de Interior en relaci¨®n con la trata de mujeres forzadas a casarse.
Sabemos que en Espa?a se producen estos matrimonios forzados gracias a diversas investigaciones acad¨¦micas. Entre ellas, un primer estudio cuantitativo basado en una encuesta en l¨ªnea a entidades que pod¨ªan haberse topado con estos casos, seguido de dos an¨¢lisis cualitativos con profesionales forenses y del ¨¢mbito asistencial y con v¨ªctimas. Dichos estudios han permitido confirmar la existencia de matrimonios forzados en la mayor parte de territorios espa?oles explorados ¡ªsobre todo, en Catalu?a, Madrid, Andaluc¨ªa, Valencia y Arag¨®n¡ª, establecer un perfil de la v¨ªctima, conocer su din¨¢mica, saber c¨®mo afloran estos casos y c¨®mo los viven las v¨ªctimas, determinar el grado de concienciaci¨®n profesional y la forma m¨¢s adecuada de abordarlos.
Los colectivos en riesgo son mujeres menores de edad o muy j¨®venes. Suelen estar todav¨ªa al cuidado de sus padres y son mayoritariamente de nacionalidad espa?ola o tienen residencia legal en Espa?a, aunque sus familias procedan sobre todo del Magreb, ?frica subsahariana y sur de Asia.
Los mecanismos para forzarlas a casarse son de baja intensidad, envolventes, relacionados con el apego a la tradici¨®n y con su pertenencia a determinada comunidad
Los mecanismos para forzarlas a casarse son de baja intensidad, envolventes, relacionados con el apego a la tradici¨®n y con su pertenencia a determinada comunidad. Est¨¢n vinculados a la observancia de dictados patriarcales, m¨¢s que al empleo de violencia o intimidaci¨®n evidentes. El matrimonio forzado es as¨ª una pr¨¢ctica consentida, cuando no directamente favorecida por las familias de estas chicas.
Los hechos que llegan a conocimiento de las entidades especializadas, que pueden ser solo la punta del iceberg, lo hacen cuando las mismas v¨ªctimas acuden en busca de ayuda. Esto sucede solo si se sienten suficientemente empoderadas, sobre todo cuando su situaci¨®n residencial en Espa?a es legal.
Los casos los detectan las entidades especializadas, normalmente cuando el matrimonio ya se ha contra¨ªdo y la situaci¨®n ha escalado hacia la violencia familiar. Adem¨¢s, las v¨ªctimas son reticentes a recurrir a la justicia penal para obtener protecci¨®n, puesto que esto las coloca en la encrucijada de tener que denunciar a su propia familia.
Respuestas institucionales y jur¨ªdicas
Tendr¨ªamos que situar el bienestar y la protecci¨®n de las v¨ªctimas como meta que gu¨ªe el dise?o de respuestas institucionales y jur¨ªdicas para abordarlo, como nos obliga a hacer el Derecho convencional.
Las v¨ªctimas son reticentes a recurrir a la justicia penal para obtener protecci¨®n, puesto que esto las coloca en la encrucijada de tener que denunciar a su propia familia
Desde un prisma institucional, deber¨ªamos evitar la culpabilizaci¨®n de las comunidades donde todav¨ªa se acepta el matrimonio forzado, adoptando una perspectiva interseccional. Todo ello sin dejar de atender a la relevancia que tienen ciertas din¨¢micas grupales y comunitarias para explicar su producci¨®n.
Convendr¨ªa, por tanto, emprender acciones para erradicar esta pr¨¢ctica patriarcal consensuadas con agentes clave dentro de las comunidades afectadas, recurriendo a mujeres y hombres pertenecientes a estas comunidades que puedan actuar como puentes para facilitar la comunicaci¨®n con estas.
La respuesta institucional deber¨ªa estar tambi¨¦n centrada en la formaci¨®n de profesionales de los ¨¢mbitos educativo, sanitario y de trabajo social y comunitario, sobre todo que puedan detectar estos casos e intervenir en situaciones de riesgo, antes de que el matrimonio se produzca, favoreciendo la delaci¨®n de las v¨ªctimas en entornos seguros.
No deber¨ªa descuidarse el trabajo preventivo, de incidencia en determinados colectivos, para que eviten recurrir al matrimonio forzado. El sistema tampoco tendr¨ªa que olvidar ofrecer alternativa adecuada a las mujeres ya atrapadas en un matrimonio forzado al que no saben c¨®mo poner fin.
No basta la inclusi¨®n de un delito espec¨ªfico en el c¨®digo penal, que es pr¨¢cticamente lo ¨²nico que han hecho hasta el momento los legisladores espa?oles
La respuesta normativa al matrimonio forzado debe atender a que afecta sobre todo a mujeres muy j¨®venes que pueden sentirse muy perdidas si se las separa de su familia de origen. Por eso, para afrontarlo no basta la inclusi¨®n de un delito espec¨ªfico en el c¨®digo penal, que es pr¨¢cticamente lo ¨²nico que han hecho hasta el momento los legisladores espa?oles.
Como se est¨¢ haciendo en otros pa¨ªses europeos, es preciso que recurramos a herramientas propias del Derecho civil y de familia para evitar la producci¨®n y el reconocimiento de estos matrimonios. Debe elevarse la edad m¨ªnima para contraer matrimonio a los 18 a?os sin excepci¨®n, limitar la posibilidad de casarse por poderes y de reconocer ciertos matrimonios celebrados en el extranjero.
Adem¨¢s, tendr¨ªan que introducirse mecanismos jur¨ªdicos de tutela similares a las ¨®rdenes de protecci¨®n frente al matrimonio forzado brit¨¢nicas, que puedan adoptar jueces civiles. Con esto evitar¨ªamos a las v¨ªctimas tener que denunciar a sus familias para obtener protecci¨®n.
Finalmente, la normativa de extranjer¨ªa tendr¨ªa que ofrecer regularizaci¨®n residencial a estas mujeres con independencia de que denuncien los hechos. Garantizar que su permanencia en Espa?a no corre peligro es la mejor herramienta para que estos casos afloren.
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