Indignados en zona gris

Las manifestaciones de ayer contra el Pacto del Euro habr¨ªan sido un acto de protesta m¨¢s si no fuera porque los convocantes, la plataforma Democracia Real Ya y otros grupos surgidos tras las elecciones del 22 de mayo, llevan varias semanas monopolizando gran parte del debate p¨²blico en Espa?a. Bajo el eslogan de ¡°no nos representan¡±, leg¨ªtimo si se refiere a los l¨ªderes y partidos pol¨ªticos, pero inquietante si se dirige a las instituciones, los indignados han ido adoptando causas diversas a medida que pasaban los d¨ªas, desde el boicot al desahucio judicial de viviendas hasta la acampada ante las puertas del Parlamento de Catalu?a en protesta por los recortes presupuestarios que se propon¨ªa aprobar el Gobierno de Mas.

Desde que los indignados aparecieron en escena, han sido numerosas las instancias que han intentado explicar el fen¨®meno, muchas veces proyectando sobre el movimiento un significado que, por lo dem¨¢s, no resulta f¨¢cil extraer de la amalgama de sus reivindicaciones. Ide¨®logos, soci¨®logos, polit¨®logos y especialistas en las m¨¢s variadas disciplinas, adem¨¢s de los dirigentes pol¨ªticos, han hecho decir a los manifestantes lo que, al parecer, estos no alcanzan a expresar por s¨ª solos. Desde ¨¢mbitos conservadores, se ha querido ver en las protestas la estrategia de un ente difuso, la izquierda, que no se encuentra en los partidos ni se expresa abiertamente en los medios de comunicaci¨®n, sino que forma parte de una especie de red clandestina desde la que se mueven no se sabe qu¨¦ peones para conseguir cualquier cosa, empezando, seg¨²n se dice, por el intento de deslegitimar por anticipado unas elecciones generales que con toda probabilidad ganar¨¢ el Partido Popular.

Frente a estas elucubraciones, lo que ide¨®logos, soci¨®logos, polit¨®logos y otros especialistas, adem¨¢s de los dirigentes pol¨ªticos, no han buscado es describir las protestas con los t¨¦rminos que ofrece el Estado de derecho ni, por tanto, encontrar una respuesta dentro del sistema institucional, donde est¨¢n previstos los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n que, a fin de cuentas, ejercen los indignados. A efectos del Estado de derecho y del sistema institucional, es indiferente que muchas de sus reivindicaciones traduzcan un sentimiento general acerca del mal uso que los dirigentes y partidos pol¨ªticos hacen de las instituciones y que otras, por el contrario, sean inviables. Y es indiferente porque los indignados, como ciudadanos que son, est¨¢n en su derecho de defender unas y otras dentro de los cauces legales.

Sucede, sin embargo, que la acampada de Sol y otras ciudades acabaron situadas en una zona gris de la legalidad durante la jornada de reflexi¨®n antes de las elecciones municipales. No solo a consecuencia de la deliberada desobediencia civil de los manifestantes, sino tambi¨¦n de una resoluci¨®n de la Junta Electoral Central que, ignorando la dificultad de disolver la multitud concentrada, no hubiera podido cumplirse sin provocar una alteraci¨®n de la jornada electoral m¨¢s grave que la que pretend¨ªa evitar. Hay quienes sostienen que ese riego deber¨ªa haberse corrido fuera cual fuera su coste. Pero tambi¨¦n es posible defender que la Junta, que no es un dispensador autom¨¢tico de resoluciones, debi¨® adoptar otra decisi¨®n, fijando los l¨ªmites necesarios para que la acampada no interfiriese en el desarrollo de las elecciones en lugar de ordenar disolverla. Ambas salidas eran posibles ateni¨¦ndose a la ley, como demuestra la existencia de precedentes anteriores, de forma que la opci¨®n por una u otra reclamaba una discusi¨®n pol¨ªtica, no una argumentaci¨®n acad¨¦mica. Todo esto es ya agua pasada, pero que, por desgracia, sigue moviendo molinos.

Los incidentes en el Parlamento de Catalu?a han marcado un punto de inflexi¨®n, puesto que un grupo de exaltados acos¨® a unos diputados en los que tal vez ellos no se sientan representados, pero que, no obstante, representan la voluntad democr¨¢ticamente expresada de miles de ciudadanos. Los convocantes de la acampada se han desmarcado de los incidentes. Es imposible entender qu¨¦ gana el Estado de derecho y el sistema institucional desoyendo esa declaraci¨®n, evitando al mismo tiempo dar explicaciones sobre qui¨¦nes eran esos exaltados y prefiriendo, en cambio, convertir el fen¨®meno de los indignados en una variante de la kale borroka y de la guerrilla urbana. Las especulaciones ideol¨®gicas, sociol¨®gicas, politol¨®gicas o de cualquier otra naturaleza sobre el significado de lo que est¨¢ ocurriendo en las calles espa?olas pueden ser ¨²tiles en el ¨¢mbito del conocimiento; en el de la pol¨ªtica democr¨¢tica, es necesario que, cuanto antes, el fen¨®meno se describa en los t¨¦rminos del Estado de derecho para decidir una respuesta dentro del sistema institucional, y acabar con la zona gris en la que, unos por otros, todos han acabado por instalarlo.