Las reflexiones en torno al Movimiento 15-M

Reforma electoral. El modelo espa?ol proporciona estabilidad pol¨ªtica pero perjudica a las minor¨ªas estatales y distorsiona el peso de la poblaci¨®n. Los indignados reclaman un sistema que permita equiparar el valor de los votos independientemente de donde procedan. PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios, son los principales beneficiados por la ley actual y no parecen dispuestos a emprender la reforma.

Los privilegios de la clase pol¨ªtica. El 15-M ha canalizado la decepci¨®n de la sociedad espa?ola con la clase pol¨ªtica por su lejan¨ªa, las prebendas de las que goza (salarios, jubilaciones, coche oficial, dietas, asignaciones de libre disposici¨®n) y la corrupci¨®n pol¨ªtica. La ciudadan¨ªa presiona para que se produzca una regeneraci¨®n de las instituciones p¨²blicas y reclaman candidaturas abiertas. El Senado ya emplea este sistema, pero no permite alterar el orden. Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias de los partidos y las c¨²pulas dirigentes, que no parecen dispuestos a renunciar a su actual cuota de poder.

Descongelaci¨®n de la Ley de Transparencia. Espa?a es uno de los pa¨ªses m¨¢s opacos de la Uni¨®n Europea en lo que se refiere a las cuentas de los organismos p¨²blicos. Existe una norma sobre la reutilizaci¨®n de la informaci¨®n p¨²blica que se queda corta y la ciudadan¨ªa reclama una mejora sustancial en este ¨¢mbito. El pleno del Congreso pidi¨® la semana pasada al Gobierno que presente antes de agosto la Ley de Transparencia, que lleva meses atascada, y el Ejecutivo se ha comprometido a hacerlo.

Control de la banca. Se acusa al sector financiero de colaborar en el origen de la crisis con pr¨¦stamos hipotecarios que alimentaron la burbuja inmobiliaria, una mala gesti¨®n que ha costado millones al contribuyente y que se ha traducido en un recorte de cr¨¦ditos a familias y a pymes, mientras los bancos mantienen las altas retribuciones a sus directivos. La ciudadan¨ªa propone que se proh¨ªban los rescates, la nacionalizaci¨®n de entidades en dificultades y se sancione la mala praxis bancaria. Los expertos, m¨¢s comedidos, piden una supervisi¨®n, pero se muestran reticentes a la creaci¨®n de una banca p¨²blica.

Imputados en las listas. Un imputado no es m¨¢s que alguien sujeto a indagaci¨®n judicial y, por lo tanto, esta condici¨®n no es sin¨®nimo de condena anticipada, pero la opini¨®n p¨²blica no entiende de denuncias falsas contra ellos, y los integrantes del Movimiento 15-M exigen que salgan de las listas electorales.

Alternativas al desahucio. La burbuja inmobiliaria unida al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Las plataformas ciudadanas han parado pac¨ªficamente 42 desahucios en toda Espa?a y piden que se aplique la daci¨®n en pago o que se convierta el parque inmobiliario en un banco de alquiler social. El sector financiero se muestra contrario a reformar las leyes, ya que considera que el cambio hundir¨ªa a¨²n m¨¢s el mercado del ladrillo.

Crisis de representatividad. Los indignados pusieron de relevancia las debilidades de la democracia, basada en el liderazgo de la clase pol¨ªtica. Algunos polit¨®logos dudan de la viabilidad de un sistema organizativo en el que cada decisi¨®n tenga que ser refrendada por la asamblea. Los indignados abogan por que los ciudadanos puedan votar mediante un mensaje de texto o por medio de las redes sociales.

Democracia directa. Las consultas vinculantes hacen al ciudadano due?o de su destino, pero la experiencia de Suiza y California aconseja manejar con cautela las iniciativas populares y los referendos, donde se han aprobado cuestiones inconstitucionales. La Constituci¨®n prev¨¦ la iniciativa legislativa popular mediante la presentaci¨®n de 500.000 firmas.?