Fais¨¢n pol¨ªtico

El 4 de mayo de 2006, un polic¨ªa alert¨® a un miembro del aparato de extorsi¨®n de ETA de que se preparaba una redada ordenada por un juez contra ese entramado. Los indicios incluidos en el auto son convincentes al respecto. Su conclusi¨®n de que quien dio el soplo y sus jefes, incluyendo el entonces director general de la polic¨ªa, cometieron un delito de colaboraci¨®n con banda armada es m¨¢s cuestionable. Aunque se han insinuado otras razones (proteger a infiltrados, no entorpecer operaciones de m¨¢s entidad), los indicios se?alan como m¨¢s veros¨ªmil que se intent¨® evitar dar a ETA un pretexto para romper el proceso de paz iniciado en marzo de aquel a?o y que atravesaba por momentos cr¨ªticos.

Se habr¨ªa tratado de elegir entre los evidentes riesgos asociados al ins¨®lito m¨¦todo empleado y los de ruptura de un proceso de retirada pactada de ETA que el Gobierno consideraba factible: un dilema de naturaleza pol¨ªtica.

Es defendible la idea de que lo decidido no fue impedir sino aplazar una operaci¨®n que de todas formas se produjo poco despu¨¦s, aunque no es cierto que ese aplazamiento careciera de efectos negativos: posibilidad de destruir pruebas, etc¨¦tera. Pero la valoraci¨®n de ese riesgo tambi¨¦n es pol¨ªtica, no jur¨ªdica. Y los jueces aplican la ley al margen de consideraciones pol¨ªticas.

Pero deben hacerlo con responsabilidad. ?Pod¨ªa la justicia haber actuado de otra forma que procesando a los responsables policiales? S¨ª pod¨ªa, y seguramente deb¨ªa, a la luz de la resoluci¨®n del Supremo que orden¨®, a fines de 2006, el archivo de la querella presentada por Manos Limpias contra el presidente Zapatero y su Gobierno por haber autorizado la reuni¨®n de los socialistas Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares con dirigentes de Batasuna en julio de ese a?o. El auto consideraba ¡°un fraude constitucional que alguien pretendiera mediante la acci¨®n penal corregir la direcci¨®n de la pol¨ªtica interior o exterior del Gobierno¡±.

Intentar una retirada pactada de ETA era una responsabilidad del Gobierno, cuya valoraci¨®n corresponde al Parlamento, que fue quien autoriz¨® el di¨¢logo. Hoy sabemos que la percepci¨®n que ten¨ªa el Gobierno de la disposici¨®n de los terroristas era err¨®nea, y que tambi¨¦n lo fue el chapucero procedimiento empleado para evitar la ruptura con que amenazaba la banda. Pero es absurdo considerar que intentar ganar tiempo de esa torpe manera suponga cometer un delito, y precisamente de colaboraci¨®n con banda armada.?