Berm¨²dez arrebata ¡°por su complejidad¡± 'el Fais¨¢n' a los jueces que le dieron alas

La especial complejidad jur¨ªdica del chivatazo a ETA en el bar Fais¨¢n de Ir¨²n ha propiciado que el recurso contra el procesamiento de los tres cargos policiales imputados ¨Cel ex director de la Guardia Civil, V¨ªctor Garc¨ªa Hidalgo, el jefe superior de Polic¨ªa del Pa¨ªs Vasco, Enrique Pami¨¦s, y el inspector de Vitoria Jos¨¦ Mar¨ªa Ballesteros- vaya a ser estudiado por el pleno de la Sala de lo Penal y no por su secci¨®n segunda que, en contra del criterio del fiscal, dio alas al caso y apreci¨® colaboraci¨®n con banda armada (hasta 10 a?os de c¨¢rcel) en la conducta de los procesados.

La decisi¨®n la ha tomado esta ma?ana el presidente de la Sala, Javier G¨®mez Berm¨²dez una vez que el progresista Pablo Ruz ha desestimado los recursos de reforma de Hidalgo, Pami¨¦s y Ballesteros contra su procesamiento. Su relevancia es alta porque supone apartar a los magistrados que, hasta el momento, han dado alas a la investigaci¨®n de Ruz avalando todas sus resoluciones. Ahora, la decisi¨®n no corresponder¨¢ ¨²nicamente a ellos. Tambi¨¦n al resto de magistrados de lo penal de la Audiencia. Para muchos de ellos, los indicios de colaboraci¨®n con banda armada vistos por Ruz y avalados por la secci¨®n tercera, no est¨¢n tan claros.

La decisi¨®n, que podr¨ªa suponer el env¨ªo del caso a un juzgado de lo penal de Ir¨²n al no existir delito de terrorismo, lo que desinflar¨ªa enormemente el caso dej¨¢ndolo en una mera revelaci¨®n de secretos, se tomar¨¢ despu¨¦s del verano y podr¨ªa coincidir con la precampa?a o la campa?a electoral, siempre en el supuesto de que se adelantaran las elecciones a noviembre. Tras la dimisi¨®n de Francisco Camps como presidente valenciano, el PP ha convertido el caso Fais¨¢n en su principal caballo de batalla contra el candidato del PSOE, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, al que se?alan como cerebro del chivatazo, producido en mayo de 2006, en pleno proceso de paz.

La decisi¨®n se tomar¨¢ despu¨¦s del verano y podr¨ªa coincidir con la precampa?a o la campa?a electoral

De la secci¨®n que queda apartada forma parte el pol¨¦mico magistrado conservador Enrique L¨®pez, ex vocal a propuesta del PP en el Consejo del Poder Judicial y eterno candidato a magistrado del Tribunal Constitucional por ese partido. ?l fue el ponente de la primera resoluci¨®n en la que el chivatazo fue considerado colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista, en febrero de 2010, antes incluso de que el entonces instructor del caso, Baltasar Garz¨®n, apreciara esos indicios de delito.

L¨®pez fue acusado de endurecer el auto sin el permiso de los otros dos miembros del tribunal ¨C?ngel Hurtado y Julio de Diego- incluyendo frases que afirmaban que el soplo a ETA era "de una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo" o llamando al juez a "agotar la investigaci¨®n hasta los extremos que fueran necesarios".

Esa misma secci¨®n, formada esta vez por los magistrados conservadores Fernando Garc¨ªa de Nicol¨¢s y Julio de Diego, y el progresista Jos¨¦ Ricardo de Prada, volvi¨® a avalar la existencia de la colaboraci¨®n en un auto de finales de abril. El fiscal Carlos Bautista asegur¨® en su informe verbal que, para la existencia de ese delito, era necesario partir de ¡°cierta adscripci¨®n ideol¨®gica¡± con los fines de ETA de los presuntos colaboradores, algo dif¨ªcil de achacar a los cargos policiales imputados.

L¨®pez fue acusado de endurecer el auto sin el permiso de los otros dos miembros del tribunal incluyendo frases que afirmaban que el soplo a ETA era "de una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo" ?

La resoluci¨®n, sin embargo, dio alas a la investigaci¨®n, aunque fue muy criticada. Se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo que amparaba la tesis del ministerio p¨²blico, aunque el pasaje en que lo hac¨ªa no fue recogido en ella. De Prada hizo un dur¨ªsimo voto particular en el que afirm¨® que sus compa?eros de tribunal alentaban ¡°la instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica¡± del caso.

Ahora, la decisi¨®n corresponder¨¢ a todos los magistrados de la Sala. Juntos tendr¨¢n que determinar de nuevo si el caso corresponde a la Audiencia al existir indicios de colaboraci¨®n o a Ir¨²n, en caso de que no. El fiscal vuelve a argumentar lo que sostuvo en abril, que el delito exige compartir de alguna manera los fines terroristas de la banda, algo que no se da en el caso. Lo hace en un escrito en el que recoge todas las sentencias del Supremo al respecto desde mediados de los a?os noventa.