Bruselas sigue sin noticias de Euskadi

Las Diputaciones vascas no logran convencer a la Comisi¨®n Europea (CE) de que han hecho los deberes en el caso de las vacaciones fiscales. Pese a la insistencia con que siguen asegurando que la totalidad de las ayudas declaradas ilegales ya han sido reintegradas por las empresas beneficiadas, el Ejecutivo comunitario se?ala que ¡°no tiene los detalles¡± de la recuperaci¨®n de los incentivos fiscales que se concedieron en la d¨¦cada de los 90. Y por ello, sigue en pie la demanda interpuesta por Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE solicitando una multa multimillonaria para las instituciones vascas que rebasa ya los 40 millones de euros.

¡°Las autoridades espa?olas deber¨¢n recuperar sin demora la totalidad de las ayudas ilegales e incompatibles. La Comisi¨®n no tiene datos sobre el n¨²mero de empresas, el montante de las ayudas concedidas, ni las cantidades devueltas por las empresas¡±, declar¨® a este diario un portavoz de la Direcci¨®n General de la Competencia de la CE.

Despu¨¦s de m¨¢s de 10 a?os de pleitos, resueltos siempre en contra de los intereses de las tres Diputaciones, estas contin¨²an a d¨ªa de hoy sin hacer p¨²blicos los datos referidos a la cifra total de empresas bonificadas, la cuant¨ªa de los incentivos entregados y, sobre todo, la suma de las cantidades recuperadas. En medio de este hermetismo institucional, nunca se han dado como err¨®neos los c¨¢lculos extraoficiales que se han venido manejando: 300 empresas beneficiadas y unos 700 millones en ayudas concedidas.

Los ¨²nicos datos oficiales que han aflorado constan en las auditor¨ªas que el Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas ha realizado a las cuentas generales de las tres Diputaciones. De acuerdo con estos informes, se han recuperado 275,3 millones, de los que 134,8 corresponden a Bizkaia, 86,7 a ?lava y 53,8 a Gipuzkoa.

Bizkaia ha recuperado 134,8 millones de 21 empresas, de las 16 han recurrido ante el Tribunal Superior vasco. Otras 22 sociedades no devolvieron las ayudas porque estas no superaban el l¨ªmite establecido para ser compatible con el mercado com¨²n. Otras 21 empresas de este territorio no hicieron uso de las bonificaciones y 33 renunciaron a las ventajas. Dos beneficiarias alegaron no verse concernidas por tratarse de sider¨²rgicas.

En ?lava, 61 empresas bonificadas han devuelto 86,7 millones. Adem¨¢s, otras 59 no lo han hecho porque la cuant¨ªa recibida no exced¨ªa el importe conforme a las directrices comunitarias. Y Gipuzkoa ha ingresado nueve millones de 16 millones y otras 28 no se vieron obligadas. Existe un caso al que se le reclamaron 44,8 millones y 60,1 millones por sendos expedientes.

Los gobiernos provinciales siempre defendieron la legalidad de las ayudas y adujeron errores de derecho cometidos por los tribunales europeos durante el largo trasiego judicial, argumentos que fueron, uno a uno, desmontados por la Corte de Luxemburgo. En sus ¨²ltimas sentencias, conocidas en junio y julio pasados, los jueces declararon ilegales las ayudas y rechazaron la alegaci¨®n de que el proceso no hab¨ªa sido justo. Adem¨¢s, el m¨¢ximo tribunal comunitario no tuvo reparo en amonestar la actuaci¨®n de las haciendas por su falta de transparencia y obstruccionismo ante los continuos requerimientos de la Comisi¨®n.

En julio pasado se cumplieron 10 a?os desde la primera vez que Bruselas exigi¨® la recuperaci¨®n de las ayudas, una petici¨®n que fue ratificada por los tribunales europeos en sendas sentencias de 2006 y 2007, que obligaban a reintegrar las vacaciones fiscales, minivacaciones y el cr¨¦dito fiscal del 45%. Fue a partir de 2007 cuando las Diputaciones empezaron los tr¨¢mites para recobrar los incentivos, pero nunca cumpliendo a rajatabla las exigencias de Bruselas. En marzo de 2010, la Comisi¨®n lleg¨® incluso a entregar al Gobierno vasco un non paper (comunicaci¨®n no oficial, seg¨²n la terminolog¨ªa diplom¨¢tica) con ¡°consejos y pistas¡± sobre lo que tendr¨ªan que hacer las Diputaciones ¡°para recuperar las ayudas y as¨ª evitar una sanci¨®n pecuniaria¡±. Tampoco aquella recomendaci¨®n surti¨® efectos. El escapismo de las Diputaciones llev¨® finalmente a la CE a presentar en abril de este a?o una demanda para multar al Reino de Espa?a con 25.817,4 euros diarios hasta la fecha en que los tribunales ratifiquen la sanci¨®n.