Los presupuestos de la Xunta comprometen gastos hasta 2039

Sume 27 a?os a su edad. Cuando los cumpla, la Xunta de Galicia todav¨ªa deber¨¢ pagar 3,4 millones del ¨²ltimo plazo de la A52 entre la frontera portuguesa y Celanova. Es la cara B de la colaboraci¨®n p¨²blico-privada, la f¨®rmula estrella del programa electoral del Partido Popular, que el bipartito PSdeG-BNG utiliz¨® para financiar carreteras con los llamados peajes en sombra. El Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o profundiz¨® en estas operaciones para sufragar infraestructuras sanitarias, emulando a lo que hizo Esperanza Aguirre en Madrid o Francisco Camps en Valencia.

Por primera vez, los acuerdos aparecen reflejados con sus correspondientes cuadros de amortizaci¨®n en el proyecto de Presupuestos que tramita el parlamento gallego. La AG-56 entre Santiago-Bri¨®n-As Galanas, la V¨ªa R¨¢pida del Saln¨¦s, la del Barbanza, el tramo de la A52 citado y la autov¨ªa de la Costa da Morte costar¨¢n, junto con el hospital de Vigo, m¨¢s de 3.000 millones de euros en aportaciones que no se empezar¨¢n a cancelar hasta que corra el a?o 2033. ¡°Los gobiernos van a tener cada vez m¨¢s dif¨ªcil vender este tipo de proyectos cuando se est¨¢n cancelando servicios b¨¢sicos como la asistencia a domicilio. En el Hospital de Vigo nos han reconocido que la inversi¨®n alcanza los 1.794 millones para una infraestructura que iba a costar 400¡±, reflexiona Manuel Mart¨ªn, portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad P¨²blica. En el proyecto de presupuestos 2012, sumados el canon y las inversiones, la infraestructura para el ¨¢rea sanitaria de Vigo suma 1.328 millones, que empezar¨¢n a pagarse en 2014. Las obras ya han comenzado aunque Concessia, empresa que forma parte de la UTE ganadora y que se encargaba de la financiaci¨®n, se neg¨® ayer a decir a este peri¨®dico si ha cerrado o no la operaci¨®n ¡°por la pol¨¦mica que se ha levantado¡±, la ausencia de un acuerdo con la banca. La empresa est¨¢ formada por varias cajas de ahorros, entre ellas la CAM, intervenida por el Banco de Espa?a, y otras que han necesitado recursos p¨²blicos para alcanzar los niveles m¨ªnimos de solvencia.

¡°Hay que valorar como un acto de transparencia importante que por primera vez se detalle esta informaci¨®n en las cuentas¡±, analiza el catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada, Santiago Lago. ¡°A partir de ah¨ª, debemos reflexionar si tienen sentido ciertas inversiones y si no habr¨ªa sido mejor optar por la financiaci¨®n tradicional¡±. La legislaci¨®n allana el camino para que cualquier gobierno use ¡ªy abuse¡ª de las llamadas CPP (colaboraciones con empresas privadas para hacer obras p¨²blicas) que ayudan al pol¨ªtico de turno a cortar la cinta roja de un centro de salud o una autov¨ªa sin haber pagado el primer euro. Es el caso de la infraestructura sanitaria de Vigo, cuyo pago se realizar¨¢ desde el 2014, tras las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas.

¡°Deja a las generaciones futuras una hipoteca espantosa y plantea muchos problemas, porque ahora mismo las empresas tampoco tienen acceso a los recursos para invertir. En el caso de Concessia es m¨¢s sangrante, porque por una parte el Gobierno est¨¢ ayudando a las cajas que indirectamente participan en la UTE y que van a cobrar un sobreprecio por conseguir la financiaci¨®n. Es una estafa, como m¨ªnimo, moral. Un dispendio inaceptable¡±, ataca Manuel Mart¨ªn.

La deuda reconocida por Galicia suma 6.923 millones de euros seg¨²n los registros del Banco de Espa?a. Es el 12,4% del Producto Interior Bruto. Si sumamos los compromisos adquiridos por el Gobierno gallego hasta el a?o 2039, esa misma cifra se disparar¨ªa hasta los 10.000 millones, el 17,7% del PIB. Pero el pago diferido no computa en los presupuestos dentro del d¨¦ficit, sino en el cap¨ªtulo de las inversi¨®n. Una v¨ªa legal que, como record¨® el diputado del BNG, Carlos Aymerich, en el Parlamento, ¡°materialmente es deuda¡±.

El debate lleva tiempo instalado en el seno de la Uni¨®n Europea. ¡°Las autoridades p¨²blicas, debido a las dificultades presupuestarias a las que se enfrentan, recurren cada vez m¨¢s a ellas, y de esta forma se benefician de los conocimientos t¨¦cnicos del sector privado¡±, se?ala el libro verde que analiza la CCP. Ese documento defiende que ¡°implica un ahorro, en la medida en que integra todas las fases de un proyecto¡±.

Pero grupos sociales dudan seriamente de sus ventajas y hacen n¨²meros: dentro de 20 a?os la Xunta tendr¨¢ que pagar 157 millones por c¨¢nones. El 45% del presupuesto en infraestructuras del pr¨®ximo ejercicio.