El Supremo establece que el di¨¢logo para el fin de ETA no es delito
La querella acusaba, entre otros, a Jes¨²s Eguiguren de haber incurrido en conductas ilegales
La Sala Segunda del Tribunal Supremo rechaz¨® ayer la querella presentada por el pseudo sindicato Manos Limpias contra los enviados del Gobierno encargados de negociar con ETA y buscar el fin de la violencia terrorista por no ser los hechos constitutivos de delito.
La querella acusaba a Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez, consejero del Poder Judicial; Jes¨²s Eguiguren, parlamentario vasco; y al exfiscal del Estado Javier Moscoso de haber incurrido en conductas ilegales al realizar la misi¨®n encomendada.
Sin embargo, el alto tribunal confirma que la direcci¨®n de la pol¨ªtica corresponde al Gobierno, ¡°sin que puedan ser, en principio, criminalizadas las posiciones de di¨¢logo para la b¨²squeda de la mejor opci¨®n de Gobierno que garantice la ordenada convivencia social¡±.
Adem¨¢s, el alto tribunal recuerda que ¡°el ejercicio del control judicial sobre la actuaci¨®n de los otros poderes del Estado ¡ªy concretamente sobre la actuaci¨®n del Ejecutivo¡ª nunca podr¨¢ realizarse haciendo abstracci¨®n de la primac¨ªa que tiene el principio democr¨¢tico en el sistema constitucional (...), a cuyo tenor son las Cortes Generales que representan al pueblo espa?ol, las que controlan la acci¨®n del Gobierno, de suerte que vendr¨ªa a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese mediante el ejercicio de la acci¨®n penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la direcci¨®n de la pol¨ªtica interior o exterior que el art. 97 de la CE encomienda al Gobierno democr¨¢ticamente legitimado¡±.
Querella contra el TC
Por otro lado, la Sala Segunda ha rechazado tambi¨¦n la querella presentada por Manos Limpias y otras organizaciones pr¨®ximas a la ultraderecha contra el presidente y otros cinco magistrados del Constitucional, por haber permitido que la coalici¨®n Bildu concurriera a las elecciones.
Los querellantes acusaban a los magistrados del alto tribunal de prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas sentencia injusta), pero el alto tribunal, que ha condenado a los querellantes a pagar las costas del proceso por su ¡°patente voracidad litigiosa¡±, estima que la conducta de los jueces del Constitucional no constituye delito. ¡°No se est¨¢ en presencia de una resoluci¨®n objetivamente injusta¡±, dice el Tribunal Supremo.
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