La Junta prepara las reclamaciones de las subvenciones directas

Las subvenciones directas a las empresas concedidas entre 2001 y 2010 son uno de los mayores quebraderos que afronta la Consejer¨ªa de Empleo. Casi un a?o despu¨¦s de que saltara el esc¨¢ndalo de los ERE, la Junta ha modulado su posici¨®n inicial en defensa de la legalidad de las ayudas por 65 millones concedidas a discreci¨®n. Si hasta el mes pasado el Ejecutivo defend¨ªa la legalidad de todas las ayudas pese a que muchas carec¨ªan de estudio de viabilidad de la empresa y control a posteriori del destino del dinero, ahora reclama parte del dinero entregado.

Para la inmensa mayor¨ªa de las ayudas, el cambio de postura llega tarde puesto que la ley fija en solo cuatro a?os el plazo para iniciar el tr¨¢mite administrativo que exija el reintegro de una ayuda concedida de manera irregular. Es decir, todas las reclamaciones de subvenciones concedidas con anterioridad a 2007 (la mayor¨ªa) han prescrito seg¨²n la ley. A pesar de que hace meses que las irregularidades en la concesi¨®n de ayudas directas a las empresas saltaron a la luz en el caso de los ERE, hasta ahora la Junta no ha reaccionado y por fin ha visto conveniente reclamar el dinero.

"Desde que la Junta sospecha que estamos ante una causa de nulidad de la subvenci¨®n, debe iniciar el proceso. Todas las subvenciones igual de nulas que las incorporadas al caso y que no pasen por las manos de Alaya, prescribir¨¢n por culpa de la inacci¨®n. ?Cu¨¢nto tiempo lleva la causa? ?Un a?o? Pues un a?o que llevamos perdido de tiempo perdido", lamentan fuentes del caso que piden el anonimato.

El giro institucional lo escenific¨® la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, cuando hace 10 d¨ªas anunci¨® que la Junta hab¨ªa denunciado ante Alaya la existencia de una trama integrada por 18 empresas que habr¨ªan percibido de manera irregular unos 20 millones de euros. En el informe se cita a siete personas y figura el exconcejal socialista y empresario Jos¨¦ Enrique Rosendo, cuyas sociedades en torno a Matadero Sierra Morena percibieron al menos 13,7 millones. La Junta matiz¨® que todas las empresas operan en la Sierra Norte de Sevilla, epicentro de las ayudas directas y la presunta malversaci¨®n. En el escrito, el Ejecutivo describe la ausencia sistem¨¢tica del procedimiento administrativo seguido por Guerrero para conceder estas ayudas.

Numerosas ayudas han prescrito tras el plazo de cuatro a?os que fija la ley

Fuentes de la Consejer¨ªa de Empleo han confirmado de manera escueta que la reclamaci¨®n se iniciar¨¢ en breve: "S¨ª, vamos a pedir la devoluci¨®n". Todo apunta a que los servicios jur¨ªdicos de la Junta estaban esperando como agua de mayo el espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), que finalmente lleg¨® hace dos semanas. La Junta se neg¨® a pagar estas subvenciones y los supuestos beneficiarios recurrieron la decisi¨®n al TSJA, que las anul¨®. Fueron dos sentencias que confirmaban que el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, concedi¨® dos ayudas que carec¨ªan por completo de expediente "con total desprecio al Derecho y a los tr¨¢mites exigidos". La pelea judicial que se avecina entre la Junta y los empresarios beneficiados durante casi una d¨¦cada ser¨¢ ardua, pero la Junta tendr¨¢ muy dif¨ªcil rebatir el argumento clave: el art¨ªculo 39 de la Ley General de Subvenciones 38 /2003: "Prescribir¨¢ a los cuatro a?os el derecho de la Administraci¨®n a reconocer o liquidar el reintegro desde el momento de la concesi¨®n".

Para conceder la mayor¨ªa de ayudas no exist¨ªa un estudio de viabilidad de la empresa ni control posterior del destino del dinero

Porque la Junta conf¨ªa en que la juez depure responsabilidades e investigue todas las ayudas, una por una, a lo largo de la instrucci¨®n penal. En ese caso el Tribunal de Cuentas ordenar¨ªa el reintegro del dinero. Sin embargo, obviamente ser¨¢ un trabajo de chinos, puede que ciertas ayudas escapen a la instrucci¨®n judicial por falta de indicios, y adem¨¢s la devoluci¨®n se puede retrasar a?os.

Al margen de esta reclamaci¨®n de las ayudas directas, Empleo inici¨® en su d¨ªa el tr¨¢mite administrativo para lograr la devoluci¨®n del dinero que cobraron los intrusos de manera fraudulenta, al margen de la instrucci¨®n penal que dirige la juez Alaya. El tr¨¢mite ha ido avanzando y ya se ha iniciado la fase de presentaci¨®n de alegaciones por parte de los beneficiados. "La Junta empez¨® el tr¨¢mite en consonancia con su tesis", subrayan fuentes de Empleo.

Pagos sospechosos

Durante nueve a?os, entre 2001 y 2008, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero manej¨® un fondo para empresas en crisis de 647 millones de euros de manera discrecional. Esas ayudas p¨²blicas fueron definidas por el propio Guerrero como "fondo de reptiles", aunque luego se desdijo.

Pero el cap¨ªtulo del fondo m¨¢s espinoso fueron las subvenciones directas a empresas: 87 millones para un aut¨¦ntico caj¨®n de sastre repleto de pagos sospechosos. La contabilidad del fondo revela c¨®mo este sirvi¨® para ayudar a empresas en dificultades pero tambi¨¦n contentar, de manera discrecional, a alcaldes, presidentes de asociaciones y fundaciones a trav¨¦s de 130 ayudas. La provincia de Sevilla acumula la gran mayor¨ªa de abonos y concentra 10 de los 13 Ayuntamientos beneficiados.

El acuerdo firmado en 2001 por la Consejer¨ªa de Empleo para agilizar el rescate de grandes empresas en crisis despej¨® el problema de la eterna burocracia, pero tambi¨¦n inici¨® un escenario con decisiones sospechosas de amiguismo. La Intervenci¨®n General envi¨® tres informes cuestionando el proceso, pero estos cayeron en saco roto porque no eran vinculantes.

Para conceder la mayor¨ªa de ayudas no exist¨ªa un estudio de viabilidad de la empresa ni control a posteriori del destino del dinero. "Hab¨ªa un inter¨¦s por saber c¨®mo funcionaba la empresa a trav¨¦s de contacto telef¨®nico", reconoci¨® Guerrero. Ante la falta de control, hubo empresarios que invirtieron sus subvenciones de manera reglada en maquinaria y contrataciones, otros que destinaron solo una parte de los fondos a inversi¨®n empresarial, y otros que cerraron su firma al poco tiempo de recibir una ayuda millonaria.

Entre los casos m¨¢s llamativos figuran cuatro empresas participadas por ?ngel Rodr¨ªguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra durante 20 a?os y hermano del expresidente de la Junta andaluza Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla, que percibieron 7,8 millones. En ese pueblo, una gasolinera percibi¨® 60.000 euros. Guerrero siempre se preocup¨® por la econom¨ªa de la Sierra Norte sevillana, donde naci¨®, y concedi¨® ocho millones a un grupo de sociedades vinculado al empresario y exedil socialista Jos¨¦ Enrique Rosendo. El padre del empresario, Rafael Rosendo, fue alcalde de El Pedroso al igual que Guerrero y es uno de los 70 intrusos identificados en los ERE.

M¨¢s tarde, la Junta transfiri¨® 300.000 euros para pagar los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidi¨® el exministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel. La subvenci¨®n se concedi¨® pese a que Taller de Libros ya estaba en concurso de acreedores, y Empleo incluso sugiri¨® a los trabajadores que se asociaran para recibir el abono al margen de los administradores concursales.

Ante los reparos de la Intervenci¨®n General, Guerrero admiti¨®: "Hicimos borradores de decreto, de ¨®rdenes y nos tiraron todos para atr¨¢s. Por eso seguimos con el mismo sistema".