Baleares cierra las oficinas de las v¨ªctimas de delitos
El Ejecutivo de Bauz¨¢ asegura que la competencia es del Gobierno
El Ejecutivo de Baleares, gobernado por el popular Jos¨¦ Ram¨®n Bauz¨¢, ha decidido recortar a los m¨¢s desamparados, las v¨ªctimas de delito sin recursos. Un nuevo ¡°ajuste¡± anunciado hoy supondr¨¢ desmontar, a partir del 1 de enero, la red de diez oficinas de asistencia a las v¨ªctimas, que comenz¨® a funcionar en 1989 y que estaba implantada en todo el archipi¨¦lago. Los colegios de abogados y psic¨®logos no se avienen a renunciar a una parte de sus emolumentos estipulados, seg¨²n la f¨®rmula de rebaja a la que les emplaz¨® el Gobierno en su plan de limitaci¨®n de gastos.
"La competencia en materia de asistencia a las v¨ªctimas del delito es del Ministerio de Justicia y no de la Comunidad Aut¨®noma", es el argumento oficial esgrimido. La ra¨ªz est¨¢ en el desacuerdo con los colegios de psic¨®logos y abogados para rebajar la facturaci¨®n mediante ¡°el recorte de los horarios, horas de asistencia prestada en proporci¨®n a la rebaja de dinero disponible para el servicio¡±.
La web gubernamental anunci¨® el cierre dictado por la Direcci¨®n general de Interior, Emergencias y Justicia de Baleares. Las oficinas se crearon al amparo de la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia para asegurar el amparo legal y personal las v¨ªctimas de delitos violentos. Baleares fue la comunidad pionera en establecer las oficinas. Una de sus primeras profesionales fue la actual eurodiputada y ex l¨ªder del PP regional, Rosa Estar¨¢s.
El Gobierno balear se?ala que la atenci¨®n a las v¨ªctimas "est¨¢ garantizada" por los servicios que ofrecen otros organismos e instituciones. Una de las oficinas est¨¢n en las dependencias de los juzgados de instrucci¨®n y de lo penal de Palma. El Gobierno central se deb¨ªa hacer cargo de proporcionar el local y los servicios necesarios mientras que el Gobierno auton¨®mico se compromet¨ªa a proporcionar los recursos materiales y personales por atender a las v¨ªctimas.
Los colegios oficiales ten¨ªan el compromiso de ofrecer 202 horas de asistencia semanal (106 jur¨ªdicas y 96 psicol¨®gicas) por un importe de 265.000 euros. La rebaja presentada hasta los 150.000 euros. Con los recortes se propusieron 80.864 euros para 60 horas de asesoramiento legal semanal y 71.450 euros para 56 horas de apoyo psicol¨®gico, condiciones que han sido rechazadas por ambos colectivos profesionales.
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