Tierra de saqueo
La Comunidad Valenciana se ha hundido. Con la mayor deuda de Espa?a, sin bancos ni cajas propios, con grav¨ªsimos casos de corrupci¨®n y un presidente dimitido y en el banquillo, la tierra que un d¨ªa fue pr¨®spera y envidiada se ha convertido en el s¨ªmbolo del desvar¨ªo pol¨ªtico y la mala gesti¨®n. Esta es la historia de su ca¨ªda
En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, dise?ado por el arquitecto brit¨¢nico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, euf¨®ricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patr¨®n del Alinghi, y flamante vencedor de la 32? Copa del Am¨¦rica. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos pol¨ªticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compa?eros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, pon¨ªa como ejemplo de buena gesti¨®n econ¨®mica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de Espa?a". M¨¢s recientemente, en enero del a?o pasado, cuando ya hab¨ªa estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andaluc¨ªa, todav¨ªa aseguraba: "Gobernar no es gastar m¨¢s, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El pol¨ªtico valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.
Cuatro a?os y medio despu¨¦s de tocar el cielo con la Copa del Am¨¦rica, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonom¨ªas, da la sensaci¨®n de ser la Grecia espa?ola, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y econ¨®mica. "Si fu¨¦ramos una caja de ahorros ya nos habr¨ªa intervenido el Banco de Espa?a", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".
Las arcas vac¨ªas no son el ¨²nico problema. Los esc¨¢ndalos por corrupci¨®n se suceden ininterrumpidamente desde hace a?os infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castell¨®n; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevol¨¢ndolo todo, el caso G¨¹rtel, en el que se investiga la supuesta financiaci¨®n irregular del PP, m¨¢s su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba I?aki Urdangarin para que el deterioro fuera a¨²n mayor. Y todav¨ªa hay esc¨¢ndalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de Espa?a. No nos beneficia nada".
La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ning¨²n valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretar¨ªas de Estado. Un veterano militante del PP est¨¢ convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cord¨®n sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojer¨ªa que todav¨ªa no se ha detectado".
La trama G¨¹rtel, a trav¨¦s de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, entr¨® a sac¨® en las arcas de la Generalitat y la televisi¨®n valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el ¨²nico m¨¦todo utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Pr¨¢cticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en p¨²blicas. Todo empez¨® en Terra M¨ªtica, el parque de atracciones que levant¨® Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que cost¨® 377 millones, ha sido un aut¨¦ntico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropi¨® 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra M¨ªtica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entr¨® en suspensi¨®n de pagos, que la empresa levant¨® cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos G¨¹rtel y Brugal. El pelotazo urban¨ªstico que se buscaba fracas¨® al estallar la burbuja inmobiliaria.
Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero p¨²blico siguieron el mismo patr¨®n de Terra M¨ªtica. Se presentaron como de inter¨¦s social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematogr¨¢ficos situados en Alicante, otro fiasco econ¨®mico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisici¨®n de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones est¨¢n siendo investigadas por la polic¨ªa.
El aeropuerto de Castell¨®n no es solo una instalaci¨®n sin aviones, fruto de la quimera y de la megaloman¨ªa del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operaci¨®n especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urban¨ªstico con garant¨ªa institucional que cubr¨ªa las posibles p¨¦rdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre vel¨® por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la l¨ªnea 2 del tranv¨ªa de Alicante tambi¨¦n se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversi¨®n realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranv¨ªa, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.
El saqueo de las arcas p¨²blicas, en la pr¨¢ctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corr¨ªan con ning¨²n riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, m¨¢s que un saqueo ha sido un aut¨¦ntico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explic¨® que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien dec¨ªa que se hiciera as¨ª". Gimeno evit¨® dar nombres, pero dej¨® pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sab¨ªan que recib¨ªa un cargo p¨²blico". En una conversaci¨®n interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro a?os regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los a?os no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colecci¨®n nueva".
La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los esc¨¢ndalos pol¨ªticos y la corrupci¨®n. Y donde el despilfarro del dinero p¨²blico ha sido la norma en los ¨²ltimos a?os. En noviembre de 2009, en una situaci¨®n de grave crisis econ¨®mica y con una deuda auton¨®mica que ya era la primera de Espa?a en relaci¨®n al PIB regional, la Consejer¨ªa de Cultura y Deporte se gast¨® 52.800 euros en la organizaci¨®n de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barber¨¢ aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompa?ados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patr¨®n de la escuder¨ªa italiana.
Francisco Camps nunca dej¨® de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un a?o antes de que las primeras se?ales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebraci¨®n de un gran premio de F¨®rmula 1, condicion¨¢ndolo a la victoria de Camps en las elecciones auton¨®micas. Lo que no contaron ni ¨¦l ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano minti¨® a la opini¨®n p¨²blica. Asegur¨® que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construir¨ªan el plan urban¨ªstico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebraci¨®n de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas p¨²blicas valencianas m¨¢s de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisi¨®n valenciana por retransmitir los grandes premios.
El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patr¨®n de la F1, pero se ha encontrado con que la penalizaci¨®n es casi tan cara como pagar la celebraci¨®n de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebraci¨®n de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Catalu?a, rechazada por este en su d¨ªa.
Los esc¨¢ndalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisi¨®n de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, d¨¦jalo estar", poniendo as¨ª punto final a una maratoniana reuni¨®n en la que tambi¨¦n estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este ¨²ltimo el presidente de las Cortes Valencianas.
La crisis institucional se solucion¨® con el paso del alcalde de Castell¨®n, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas auton¨®micos, no puede atribuir a otro partido pol¨ªtico, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sab¨ªamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", se?alan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.
?C¨®mo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiaci¨®n auton¨®mica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la poblaci¨®n de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media espa?ola. Era peor con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en el Gobierno y sigui¨® siendo mala con la reforma de Rodr¨ªguez Zapatero. Adem¨¢s, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterr¨¢neo (CAM), la tercera y cuarta caja espa?olas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de Espa?a. El Banco de Valencia se encuentra en id¨¦ntica situaci¨®n. ?C¨®mo se hab¨ªa llegado hasta ah¨ª?
Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento econ¨®mico al ladrillo y a una pol¨ªtica de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estrat¨¦gicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, aut¨¦nticas terminales de las decisiones pol¨ªticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra M¨ªtica, el circuito de F¨®rmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castell¨®n. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dej¨® en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una pol¨ªtica basada en la especulaci¨®n inmobiliaria y en el cr¨¦dito barato.
La p¨¦sima gesti¨®n arruin¨® a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial auton¨®mico; mientras que el intervencionismo pol¨ªtico en las cajas se volvi¨® como un bumer¨¢n contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de cr¨¦dito. La puesta en circulaci¨®n de 1.800 millones de euros en bonos patri¨®ticos fue un aut¨¦ntico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificaci¨®n Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".
La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en p¨²blico pero a la que tiene que hacer frente, es la econ¨®mica. Los compromisos de pago para las pr¨®ximas d¨¦cadas de la Administraci¨®n Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell m¨¢s sus empresas p¨²blicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al d¨¦bito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Adem¨¢s, durante el primer semestre del a?o pasado, la deuda financiera aument¨® en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.
En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que a?adirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas p¨²blicas, entidades aut¨®nomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector p¨²blico que esta controla se eleva a 62.000 millones.
De momento, en este a?o de 2012, la Generalitat tiene que devolver cr¨¦ditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, seg¨²n las fuentes consultadas. Y no tiene con qu¨¦ hacer frente a estos compromisos.
Durante a?os, Camps presumi¨® de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios p¨²blicos. Y ha anunciado una reducci¨®n del n¨²mero de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los cr¨¦ditos. Ni siquiera los hispanobonos, si alg¨²n d¨ªa se ponen en circulaci¨®n, bastar¨ªan para salvar las arcas valencianas.
A finales del a?o pasado, el Gobierno de Espa?a tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una p¨®liza de cr¨¦dito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigi¨® a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administraci¨®n, grandes y peque?os, van a tener dif¨ªcil recuperar su dinero, por m¨¢s que sean una prioridad para el actual Consell.
La enmienda a la totalidad que, por la v¨ªa de los hechos, est¨¢ haciendo Fabra a la pol¨ªtica de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barber¨¢, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortes¨ªa. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras cr¨ªticas a la gesti¨®n del ne¨®fito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie deber¨ªa extra?arse de esta afirmaci¨®n. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea f¨¢cil y "el cord¨®n sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "G¨¦nova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero G¨¦nova est¨¢ en La Moncloa.
PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga iron¨ªa que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana".
La trama G¨¹rtel se aliment¨® del PP valenciano
La trama corrupta de empresas que dirig¨ªa Francisco Correa se instal¨® en el coraz¨®n de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayor¨ªa absoluta que hab¨ªa logrado Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.
A trav¨¦s de Orange Market, la firma que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, G¨¹rtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presid¨ªa Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis a?os, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los m¨¢s cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabell¨®n de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a trav¨¦s de Canal 9. La trama logr¨® contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simult¨¢neamente, Orange Market asumi¨® el papel de suministrador ¨²nico de eventos de la direcci¨®n regional del PP y organiz¨® actos para distintas agrupaciones locales.
A ra¨ªz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano est¨¢ inmerso en causas judiciales.
Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compa?¨ªa de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia tambi¨¦n instruye la causa por supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obten¨ªan sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a trav¨¦s de Orange Market, que tambi¨¦n factur¨® en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa est¨¢n imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organizaci¨®n del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda Garc¨ªa, y la exconsejera Milagrosa Mart¨ªnez, entre otros.
El 'caso Brugal' pone en jaque al poder alicantino
El poder alicantino (pol¨ªtico, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos ¨²ltimos a?os al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario del caso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama pol¨ªtico-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.
La investigaci¨®n de la polic¨ªa, realizada sobre la base de tres a?os de escuchas, sit¨²a a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis D¨ªaz Alperi. Junto a los pol¨ªticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura ?ngel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.
La investigaci¨®n comenz¨® en 2007. En julio de 2010, el juez orden¨® una operaci¨®n policial que concluy¨® con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.
Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La polic¨ªa sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logr¨® 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de d¨¢divas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigaci¨®n cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.
El caso Brugal ha segado la longeva carrera pol¨ªtica de Ripoll, ahora confinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evoluci¨®n del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputaci¨®n.
Carlos Fabra, ese "pol¨ªtico ejemplar"
En diciembre de 2003, un empresario acus¨® al entonces presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores pol¨ªticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusaci¨®n de tr¨¢fico de influencias y cohecho.
Los populares copaban las administraciones de Castell¨®n, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no ten¨ªa mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricaci¨®n de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jes¨²s Posadas, Miguel Arias Ca?ete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentaci¨®n revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos p¨²blicos hicieron de intermediarios en la operaci¨®n.
La investigaci¨®n tom¨® impulso con la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante m¨¢s de ocho a?os. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.
Lo que s¨ª posibilit¨® la tramitaci¨®n de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habr¨¢ de responder adem¨¢s de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.
Pol¨ªticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calific¨® de "pol¨ªtico y persona ejemplar", hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial.
Los lodos del 'caso Emarsa' salpican a Barber¨¢
El juzgado n¨²mero 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que est¨¢ ubicada en el t¨¦rmino municipal de la ciudad de Valencia. A ra¨ªz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda P¨²blica, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.
Los responsables de la empresa p¨²blica que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que ten¨ªa mayor¨ªa el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.
La gesti¨®n se sald¨® con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podr¨ªa elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisi¨®n de investigaci¨®n en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades pol¨ªticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barber¨¢, que, pese al esc¨¢ndalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.
Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administraci¨®n de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidi¨® que se investigue la gesti¨®n desde 1991, cuando Barber¨¢ se hizo con la alcald¨ªa de Valencia. "Casi tres millones de euros al a?o se pagaban para mantener est¨®magos agradecidos del PP", asegur¨® Gimeno, quien a?adi¨®: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes".
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