El alcalde de Alhaur¨ªn, condenado por cohecho en el 'caso Troya'

El alcalde de Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga, 23.000 habitantes), Juan Mart¨ªn Ser¨®n, del PP, recibi¨® a ¨²ltima hora de la ma?ana de ayer en la Ciudad de la Justicia de M¨¢laga la sentencia por el caso Troya. Los 25 folios de razonamientos jur¨ªdicos redactados por la Secci¨®n Octava de la Audiencia Provincial de M¨¢laga desembocan en una pena leve desde el punto de vista penal ¡ª200.000 euros de multa y un a?o de suspensi¨®n por un ¨²nico delito de cohecho impropio¡ª. La sentencia recoge solo una parte las tesis finales de la Fiscal¨ªa, que acusaba a Mart¨ªn Ser¨®n de cobrar otros 13 sobornos a cambio de actos legales propios de su cargo.

Sin embargo, pese a su relativa benevolencia, el fallo tiene una dura lectura pol¨ªtica para el regidor alhaurino: supone otorgarle el certificado oficioso de dirigente corrupto. Mart¨ªn Ser¨®n, que durante todo el proceso y durante la fase de instrucci¨®n ha disfrutado del apoyo de su partido, anunci¨® a trav¨¦s de su abogado que recurrir¨¢ la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia ha condenado tambi¨¦n a la misma pena al concejal de Urbanismo alhaurino, Gregorio Guerra, quien de com¨²n acuerdo con Mart¨ªn Ser¨®n, reclam¨® bajo cuerda 122.000 euros a un promotor local a cambio de una licencia. Pasa a la p¨¢gina 2

El tribunal no halla pruebas de una gran trama corrupta en Alhaur¨ªn

La sala sopecha que Mart¨ªn Ser¨®n ten¨ªa "fuentes desconocidas de ingresos"

Para el tribunal, los ¨²nicos hechos probados en el juicio, que se desarroll¨® entre el 22 de septiembre y el 16 de diciembre de 2010, son los siguientes: El concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ¡°de com¨²n acuerdo¡± con Mart¨ªn Ser¨®n, y siguiendo las ¡°¨®rdenes¡± de este, ¡°exigi¨® con insistencia¡± al promotor Jos¨¦ Burgos Leiva el pago de 122.000 euros ¡°como contrapartida¡± a una licencia para la construcci¨®n de 14 viviendas. Tanto Mart¨ªn Ser¨®n como Guerra ¡°actuaron con ¨¢nimo de enriquecerse¡± y se ¡°sirvieron de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial¡±.

La sala considera, a rengl¨®n seguido, que ¡°no ha quedado acreditado¡± que en el municipio funcionara una trama para el enriquecimiento il¨ªcito de los dos ediles y que consist¨ªa en exigir a promotores con intereses en Alhaur¨ªn la entrega de dinero a cambio de licencias de obra. Esta posici¨®n es coherente con la decisi¨®n del fiscal del caso, Juan Calvo-Rubio, de retirar la acusaci¨®n que pesaba contra 18 de los 20 acusados con que se inici¨® la vista oral, la mayor parte empresarios locales.

En el caso del cohecho solicitado al promotor Burgos Leiva, conocido en Alhaur¨ªn como El Perola, Mart¨ªn Ser¨®n y Guerra ¡°actuaban de com¨²n acuerdo en su designio criminal¡±, seg¨²n la sentencia. ¡°Su plan de acci¨®n no era otro que aprovecharse de una confusi¨®n, en cierto modo promovida por ellos mismos, sobre la legislaci¨®n urban¨ªstica aplicable al Ayuntamiento (...) para exigir al particular la d¨¢diva ocult¨¢ndole que sin ella el asunto deber¨ªa legalmente resolverse de igual manera¡±. Guerra, que fue quien trat¨® directamente con el promotor, se negaba a negociar con ¨¦l por tel¨¦fono. Sin embargo, El Perola, que ya hab¨ªa vendido la finca objeto de la licencia a otro promotor, alert¨® a los agentes del intento de extorsi¨®n de que estaba siendo objeto. Con una orden judicial, la polic¨ªa coloc¨® un micr¨®fono en el principal testigo de la causa y las siguientes conversaciones con Guerra quedaron grabadas. En ella, el concejal volv¨ªa a reclamarle los 122.000 euros y le dec¨ªa que Juan [el alcalde] estaba de acuerdo con estas gestiones delictivas.

Las grabaciones, realizadas entre diciembre de 2006 y el 18 de enero de 2007, fueron el detonante para la detenci¨®n, al d¨ªa siguiente, de Juan Mart¨ªn Ser¨®n y Gregorio Guerra a la salida de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. En los registros practicados por la polic¨ªa en el despacho de Guerra y en su ordenador la polic¨ªa hall¨® notas manuscritas y archivos inform¨¢ticos en los que se calculaba el precio del soborno: 80 euros por cada metro cuadrado de incremento de edificabilidad en la licencia y 6.000 euros por cada vivienda en exceso.

En una de las casas del regidor, los agentes hallaron 64.780 euros en met¨¢lico. Mart¨ªn Ser¨®n atribuy¨® desde un principio esta cantidad a provisiones de fondos de su esposa, economista de profesi¨®n, para el pago del IVA de las empresas que gestionaba. El tribunal devuelve este dinero al regidor al entender que ¡°no tiene necesariamente que imputarse a un enriquecimiento que tenga su origen en la actividad delictiva investigada¡±.

Durante los a?os 2005 y 2006, ambos ediles apenas tienen gastos de bolsillo, ni se retiran fondos de sus cuentas ni existen cargos a sus tarjetas de cr¨¦dito. Sin poder atribuir este dinero a actos delictivos, la sala ¡°tiene la sospecha fundada¡± de que Mart¨ªn Ser¨®n y Guerra ten¨ªan en esa ¨¦poca ¡°unas fuentes de ingresos desconocidas¡±.