Los controladores no est¨¢n legitimados para impugnar el estado de alarma

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado tramitar el recurso de amparo de 322 controladores a¨¦reos contra el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados que autoriz¨® prorrogar el estado de alarma decretado por el Gobierno ante el abandono masivo por los controladores de sus puestos de trabajo el 3 de diciembre de 2010. El fallo se conoci¨® hace una semana pero el auto con las argumentaciones ha sido enviado hoy.

Ante la huelga salvaje de los controladores, el Gobierno tuvo que decretar el cierre del espacio a¨¦reo y aprob¨® un real decreto por el que encomend¨® al Ministerio de Defensa y al jefe de Estado Mayor del Aire facultades laborales absolutas sobre los controladores. Al d¨ªa siguiente, 4 de diciembre, el Gobierno declar¨® el estado de alarma y militariz¨® a todos los controladores. El 14 de diciembre, el Gobierno solicit¨® al Congreso autorizaci¨®n para prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero de 2011 y la C¨¢mara lo acord¨® as¨ª.

Los controladores impugnaron la autorizaci¨®n de la pr¨®rroga pero el Constitucional ha dicho que todos los estados de emergencia y el de menor intensidad de entre ellos, que es el de alarma, suponen excepciones o modificaciones temporales en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente. Al tratarse de actos que no meramente autorizatorios, pues regulan las condiciones y t¨¦rminos del estado de alarma, tienen rango o valor de ley y el cauce para impugnarlos ante la jurisdicci¨®n constitucional es el recurso de inconstitucionalidad y no el de amparo.

Los controladores no est¨¢n legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad pues este solo pueden interponerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, y las Comunidades Aut¨®nomas.

El auto del pleno cuenta con el voto discrepante del magistrado Luis Ignacio Ortega, al que se adhieren Javier Delgado Barrio y Pablo P¨¦rez Tremps. Los tres disienten de que el acuerdo del Congreso de los Diputados sea un acto con valor de ley y dicen que la afectaci¨®n de los derechos concernidos por la declaraci¨®n del estado de alarma se produce por un decreto del Consejo de Ministros que en ning¨²n momento aparece como una norma con rango o valor de ley. En consecuencia, los tres jueces constitucionales creen que el recurso de amparo debi¨® ser admitido a tr¨¢mite.