?Una sentencia prevaricadora?
Alguien se podr¨ªa preguntar si no es tambi¨¦n injusta a sabiendas la resoluci¨®n del Supremo
El juez Baltasar Garz¨®n, cuyo trabajo de investigaci¨®n permiti¨® desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotr¨¢fico m¨¢s poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las c¨¦lulas del terrorismo islamista m¨¢s peligrosas que operaban en Espa?a y la red de corrupci¨®n masiva m¨¢s extensa vinculada al PP, ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red G¨¹rtel con sus abogados en la c¨¢rcel.
Las ¨®rdenes para intervenir esas conversaciones que le han retirado de la carrera judicial fueron avaladas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que investigaba la extensa trama corrupta; por el juez Antonio Pedreira, que retom¨® el caso cuando Garz¨®n se inhibi¨® por la participaci¨®n en los hechos delictivos de numerosos cargos p¨²blicos del Partido Popular: por el magistrado Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, que firm¨® un voto particular cuando otros dos jueces decidieron anular esas escuchas por considerar que se hab¨ªa vulnerado el derecho de defensa de los corruptos.
Pero ni los fiscales, ni el juez Pedreira ni el magistrado Robledano cometieron un delito de prevaricaci¨®n. Simplemente entendieron que el Estado de derecho y la legislaci¨®n vigente permit¨ªa la intervenci¨®n de las comunicaciones de los corruptos cuando hablaban con sus abogados en la c¨¢rcel. En esas comunicaciones, entre otros detalles, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos hab¨ªan acumulado como consecuencia de su rapi?a en colaboraci¨®n con dirigentes del PP.
La investigaci¨®n judicial que Garz¨®n desarroll¨® entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dej¨® fuera de juego a dos decenas de pol¨ªticos del PP (alcaldes, diputados auton¨®micos, consejeros, directores generales¡) cuyas pr¨¢cticas corruptas quedaron demostradas gracias a los hallazgos de la polic¨ªa dirigida por el juez de la Audiencia Nacional.
Siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido ahora que Garz¨®n sab¨ªa, cuando estaba ordenando las escuchas en la c¨¢rcel de los jefes de la trama corrupta, que era ilegal y por tanto, estaba dictando una resoluci¨®n injusta a sabiendas. Y eso que durante el desarrollo de la causa abierta a Garz¨®n nadie ha acreditado que al juez le advirtieran en ning¨²n momento que su pr¨¢ctica era ilegal. Y eso pese a que otros jueces han defendido la legalidad de las escuchas. Alguien se podr¨ªa preguntar si los siete magistrados del Supremo sab¨ªan, cuando estaban dictando la sentencia condenatoria, que se trataba de una resoluci¨®n injusta a sabiendas. En ese caso, alguien podr¨ªa pensar que se trata de la primera condena prevaricadora de la historia.
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