Ocho prevaricaciones en 16 a?os

Participaci¨®n en confabulaciones para acabar con un grupo empresarial, maniobras para absolver a amigos, aceptaci¨®n de sobornos, liberaci¨®n de delincuentes a cambio de dinero... Desde la entrada en vigor del actual C¨®digo Penal, el 1 de enero de 1996, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solo ha dictado 12 sentencias por prevaricaci¨®n contra jueces ¡ªpropias o en casaci¨®n de sentencias de tribunales superiores de justicia¡ª de las cuales, ocho fueron condenatorias.

El dato indica la buena salud del sistema judicial espa?ol, pero tambi¨¦n refleja la excepcionalidad del caso de Garz¨®n, con dos causas abiertas por ese delito casi simult¨¢neamente y juzgadas consecutivamente, una de las cuales acaba de apartarlo de la carrera. Las condenas, adem¨¢s, solo se han producido en casos especialmente flagrantes y graves. Entre las cuatro absoluciones, alguna ha producido un verdadero esc¨¢ndalo.

Javier G¨®mez de Lia?o, extitular del juzgado central 1 de la Audiencia Nacional, fue el primer caso sonado condenado con la nueva legislaci¨®n penal. El Supremo lo sentenci¨® a 15 a?os de inhabilitaci¨®n en octubre de 1999 por abrir en falso el caso Sogecable, en el que imput¨® por apropiaci¨®n indebida a varios dirigentes de Prisa (editora de EL PA?S), entre ellos a su presidente Jes¨²s de Polanco, y a su consejero delegado Juan Luis Cebri¨¢n, sin que lo denunciara ning¨²n damnificado.

Lia?o se permiti¨® llevar en secreto su investigaci¨®n burlando la decisi¨®n de la Sala Penal, que consideraba ese secreto ¡°innecesario, inid¨®neo y desproporcionado¡± y sac¨® adelante la instrucci¨®n en contra del criterio del fiscal. El exjuez, adem¨¢s, impuso a Polanco una fianza de 1,2 millones de euros a pesar de que el propio Lia?o afirm¨® que no exist¨ªa ning¨²n riesgo de fuga. Por eso, el Supremo consider¨® su instrucci¨®n ¡°contraria al derecho y sin sujeci¨®n a la ley vigente¡± y lo inhabilit¨® por 15 a?os, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo absolvi¨® despu¨¦s.

Dos a?os m¨¢s tarde, en diciembre de 2001, el Supremo confirm¨® la condena del Tribunal Superior de Catalu?a contra el magistrado de la Audiencia de Barcelona Jos¨¦ Manuel Raposo. Raposo archiv¨® una causa por delito fiscal al considerar que la infracci¨®n hab¨ªa prescrito, una actuaci¨®n que el tribunal consider¨® ¡°una grosera, clamorosa, flagrante y manifiesta vulneraci¨®n de la ley¡±. El juez condenado, adem¨¢s, mostr¨® un ¡°inter¨¦s especial y personal¡± en atribuirse ¡°por las razones que fueren¡±, la ponencia del caso sin que le correspondiera por turno.

Raposo no fue el ¨²nico magistrado de la Audiencia de Barcelona inhabilitado. En 2004, el Supremo confirm¨® la condena de Juan Poch, que formaba parte de ese mismo tribunal. Poch presion¨® a varios jueces para que favorecieran a un amigo suyo en un proceso en el que hab¨ªa en juego 600.000 euros. En una ocasi¨®n, ante una resoluci¨®n contraria a los intereses de su amigo, se present¨® como presidente de secci¨®n de la Audiencia en el despacho de la juez que la hab¨ªa redactado para decirle que su decisi¨®n era ¡°grave y err¨®nea¡± y ¡°que estaba llevando a la ruina a una familia¡±.

Otra de las conductas consideradas prevaricadoras por la Sala que acaba de condenar a Garz¨®n fue la de Justo G¨®mez Romero, exjuez de la Palma del Condado (Huelva). El magistrado recomend¨® un abogado a un hostelero al borde del desahucio. El letrado exigi¨® 4.808 euros que, seg¨²n le explic¨®, ir¨ªan destinados a que el propio juez paralizara su desalojo, que llevaba un juzgado que no le correspond¨ªa. El juez, tras conseguir paralizarlo unos meses, se plant¨® en el establecimiento del hostelero y le dijo que no pod¨ªa parar m¨¢s el lanzamiento.

Especialmente grave fue el caso de Antonio Vicente Fern¨¢ndez, un juez de instrucci¨®n de M¨¢laga que en agosto de 2004 puso en libertad a un narcotraficante y a su esposa despu¨¦s de que el abogado de ambos le ofreciera dinero para que los sacara de la c¨¢rcel y les devolviera los cerca de 150.000 euros de los que se incaut¨® la polic¨ªa durante uno de los registros. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa lo conden¨® a 10 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n y cuatro a?os de prisi¨®n por cohecho. El Supremo le levant¨® este ¨²ltimo delito, con lo que no fue a la c¨¢rcel, pero confirm¨® su expulsi¨®n de la carrera.

El ¨²ltimo caso analizado por el alto tribunal fue el del juez de Marbella Francisco Javier de Urqu¨ªa. Urqu¨ªa fue condenado por el Tribunal Superior andaluz en agosto de 2008 a dos a?os de prisi¨®n y a 17 de inhabilitaci¨®n por cohecho y prevaricaci¨®n. Urqu¨ªa, que ocupaba el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero dos de ese municipio, acept¨® 73.800 euros del cerebro del caso Malaya, el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento Jos¨¦ Antonio Roca, que utiliz¨® para comprar una vivienda. A cambio, el magistrado prohibi¨® la emisi¨®n de un programa de televisi¨®n en el que se alud¨ªa al inusitado patrimonio de Roca. Menos de un a?o despu¨¦s, el Supremo confirm¨® el cohecho, pero rechaz¨® la prevaricaci¨®n al entender que sus resoluciones, aunque compradas, no hab¨ªan sido ¡°manifiestamente injustas¡±.