¡°No habr¨¢ indultos a presos de ETA¡±

Llega a la cita con este peri¨®dico dos horas despu¨¦s de provocar en el Congreso su primer incendio como ministro. Ha justificado la reforma de la ley del aborto en la necesidad de proteger el derecho a ser madre. Y muchos que lo ve¨ªan como el miembro m¨¢s progresista del Gobierno lo est¨¢n acusando de ultra en Internet. Alberto Ruiz-Gallard¨®n (Madrid, 1958) se ha comprometido a impulsar una reforma total de la Justicia ¡ªcontrarreforma, la llama el PSOE¡ª en un plazo r¨¦cord, pero ha empezado con un giro imprevisto en su discurso. Durante la entrevista no matiza sus palabras sobre el aborto, las ratifica. Y avanza su postura en otros frentes.

Pregunta. ?ETA tiene una dimensi¨®n pol¨ªtica, como dijo el ministro del Interior?

Respuesta. ETA es una banda terrorista que ha protagonizado el mayor ataque a la democracia en la historia de esta naci¨®n. Esa es la realidad. Alrededor de eso hay multitud de factores que colateralmente pueden ser objeto de an¨¢lisis: penales, penitenciarios, sociol¨®gicos... La expresi¨®n ¡°pol¨ªtica¡± comprender¨¢ muchos de ellos. Pero distraer la atenci¨®n de lo que es ETA, una banda armada, es un error para cualquier Estado de derecho.

P. El Gobierno va a ¡°cumplir la ley¡± con los presos de ETA. ?Qu¨¦ permite exactamente la ley?

R. Los beneficios penitenciarios no competen a este ministerio. En lo que corresponde a este ministerio, que es el derecho de gracia, la ley da al Gobierno un amplio margen de discrecionalidad. Dicho esto, le digo que el Gobierno no va a ejercer el derecho de gracia con los presos de ETA.

P. ?No va a haber indultos a presos de ETA?

R. No.

P. ?Tampoco individuales?

R. No. El Gobierno no se plantea ning¨²n indulto a ning¨²n preso de ETA.

P. Ha afirmado que el cese definitivo de la violencia responde a razones ¡°estrat¨¦gicas¡± de ETA. ?No se lo cree?

R. No me lo creer¨¦ hasta que la banda se disuelva.

P. Hasta pocos d¨ªas antes del 20-N, el PP estuvo diciendo que hab¨ªa indicios de sobra para ilegalizar Bildu. Ahora sostiene que no hay ning¨²n indicio. ?Ha cambiado Bildu o ha cambiado el PP?

R. Es que entre ambos momentos lo que ha habido es una sentencia del Constitucional. El PP ten¨ªa un discurso discrepante con el Constitucional, pero esa es la ¨²ltima voz. Nos guste o no, estamos obligados a acatarla.

P. Esa sentencia dice que en cualquier momento se pueden recabar nuevos indicios para la ilegalizaci¨®n, indicios que el PP sosten¨ªa que exist¨ªan tambi¨¦n con las listas de Bildu/Amaiur y por eso ped¨ªa su ilegalizaci¨®n. Eso fue despu¨¦s de la sentencia.

R. Estamos pendientes de que el Constitucional resuelva la sentencia de Sortu. Esa sentencia nos dir¨¢ cu¨¢l es el camino que debemos seguir. El Gobierno estar¨¢ a lo que dictamine el Constitucional.

P. Defiende usted la reforma de la ley del aborto para proteger la maternidad. ?Qui¨¦n amenaza en Espa?a el derecho de las mujeres a ser madres cuando quieren?

R. Situaciones estructurales que, ante embarazos no deseados, les cierran puertas a la alternativa. Hay una violencia de g¨¦nero estructural. Si no existiese, la mujer podr¨ªa optar por alternativas a la interrupci¨®n del embarazo.

P. ?Qu¨¦ violencia de g¨¦nero es esa?

R. Pienso en el miedo a perder el puesto de trabajo o a no obtener un empleo como consecuencia del embarazo; pienso en la presi¨®n [que sufren] muchas inmigrantes; pienso en mujeres que en este tipo de situaciones carecen de apoyos de los poderes p¨²blicos para poder libremente optar por una alternativa a la interrupci¨®n de su embarazo. Existe una dejaci¨®n de los poderes p¨²blicos, que se han conformado con establecer una despenalizaci¨®n y no la acompa?an de medidas de car¨¢cter laboral, asistencial, ayudas en vivienda o transporte...

P. El Gobierno puede mejorar esas ayudas, o poner controles para que las mujeres no sean despedidas por el hecho de estar embarazadas. Pero ?qu¨¦ tiene que ver todo eso con la ley del aborto?

R. Mucho. El legislador ha olvidado la necesidad de dar a la mujer ayudas que le permitan adoptar en libertad su decisi¨®n. Y me sorprende que una parte de la opini¨®n p¨²blica deval¨²e la defensa del derecho de la mujer a la maternidad por el hecho de presentarla simult¨¢neamente a una modificaci¨®n de la ley del aborto.

P. Las cr¨ªticas no son por presentarla simult¨¢neamente, sino por apelar al derecho a ser madre para recortar el aborto, y por eso de la ¡°violencia¡± que hace abortar.

R. Esa presi¨®n estructural se da en determinados casos. La inexistencia de ayudas lleva a muchas mujeres a perder la libertad de elecci¨®n. Por eso debe tratarse en un proyecto integral: no solo los supuestos de despenalizaci¨®n sino la ayuda a la maternidad.

P. ?Van a volver a una ley de supuestos o a una mezcla de supuestos y plazos?

R. El Tribunal Constitucional ha dicho tres veces, en 1985, 1996 y 1999, que el concebido y no nacido tiene derechos, como tambi¨¦n los tiene la mujer. Cuando entran en conflicto, el legislador debe resolverlo. Lo que no puede hacer la ley es desamparar absolutamente uno de los dos durante un n¨²mero de semanas.

P. La ley de 1983 ten¨ªa un supuesto, el de ¡°riesgo para la madre¡±, sin plazo, que en la pr¨¢ctica permit¨ªa abortar en cualquier momento. En ese sentido la ley actual es m¨¢s restrictiva: a partir de la semana 22 solo existe el supuesto de riesgo de muerte o enfermedad incurable del feto. Por eso le pregunto si van a volver a aquel sistema de supuestos o van a restringir el supuesto de ¡°riesgo para la madre¡± poni¨¦ndole un plazo.

R. Nos hemos dado un a?o para hacer esa ley. Yo tengo claro cu¨¢l es el proyecto que a m¨ª me gustar¨ªa. Rotundamente claro.

P. D¨ªgamelo.

R. No. Porque mi obligaci¨®n es escuchar antes a mucha gente.

P. Seg¨²n la Ley de Autonom¨ªa del Paciente de 2002, que aprob¨® el PP, una chica de 16 a?os puede renunciar a tratamiento m¨¦dico, o decidir si se opera, sin permiso de sus padres. ?Por qu¨¦ es madura para eso y no para abortar?

R. Por las consecuencias dram¨¢ticas que para la mujer tiene la interrupci¨®n del embarazo.

P. ?No puede tener consecuencias igual o m¨¢s graves renunciar a tratamiento m¨¦dico?

R. Yo creo que el aborto es un trauma. Inevitable a veces, pero un trauma. No creo que deba compararse con esos otros casos.

P. ?Por qu¨¦ en la ley de matrimonios homosexuales esperan a saber qu¨¦ dice el Constitucional y en la del aborto no esperan?

R. Porque el Constitucional ya se pronunci¨® sobre el aborto.

P. Pero si la ley de 2010 vulnera esa doctrina constitucional ser¨¢ el Constitucional quien tenga que decirlo. Y en eso est¨¢, ?no? Estudiando su recurso. ?Por qu¨¦ no esperan?

R. Su argumentaci¨®n nos llevar¨ªa a que el legislador podr¨ªa aprobar cualquier ley rotundamente contraria a la Constituci¨®n alegando que ya se pronunciar¨¢ el Constitucional. Si es que el Constitucional ya se ha pronunciado...

P. Se pronunci¨® sobre la ley de 1983. Si ahora avala la de 2010 y ustedes ya la han derogado, ?no ser¨ªa el PP el que vulnerar¨ªa la doctrina constitucional?

R. No es un supuesto que se pueda dar, porque, en el momento en que se modifique la ley, el Constitucional se pronunciar¨ªa sobre una ley que ya no existir¨ªa.

P. Entonces lo que diga el Constitucional ahora, no en 1985, ?le interesa o no?

R. Es que el Constitucional no tiene una doctrina variable, la Constituci¨®n no ha cambiado.

P. Parece que sepa ya lo que el Constitucional va a decir.

R. Lo que s¨¦ es lo que el Constitucional ya ha dicho.

P. Usted afirm¨® que, en su opini¨®n, la ley de matrimonios homosexuales es constitucional. ?Se equivoc¨® el PP al recurrirla?

R. Nunca solicitar al Constitucional que se pronuncie se puede considerar una equivocaci¨®n.

P. Si avala la ley, ?se compromete a dejarla como est¨¢?

R. S¨ª.

P. Si no la avala, ?quedar¨ªan anuladas las bodas de quienes se han casado en estos siete a?os?

R. Yo no entrar¨ªa en hip¨®tesis antes de conocer la resoluci¨®n.

P. ?Por qu¨¦ es necesario crear la pena de prisi¨®n permanente revisable cuando Espa?a tiene uno de los C¨®digos Penales m¨¢s duros, con cumplimiento ¨ªntegro de condenas y penas m¨¢ximas de 40 a?os para los delitos m¨¢s graves?

R. Porque no solo hay que pensar en el elemento retributivo de la pena, el ¡°esto hiciste y por esto tienes este castigo¡±. Es verdad que en Espa?a el m¨¢ximo de pena es suficientemente alto. Pero la prisi¨®n permanente revisable piensa, adem¨¢s, en si la reinserci¨®n se ha producido. Si se constata que la voluntad de un preso terrorista es reintegrarse en la banda para seguir matando, el Estado tiene derecho a defenderse.

P. ?En qu¨¦ casos se aplicar¨¢?

R. Excepcionales. Le he puesto el ejemplo del terrorismo. Tambi¨¦n delitos sexuales grav¨ªsimos si la previsi¨®n es que la excarcelaci¨®n llevar¨¢ a un nuevo delito.

P. ?C¨®mo se averigua si el preso est¨¢ reinsertado?

R. Es un proceso muy complejo en el que intervendr¨¢n muchos profesionales.

P. ?Va a endurecer los requisitos para tener justicia gratuita?

R. Es la tercera vez que usa la palabra ¡°endurecer¡±, que es peyorativa. No, lo que vamos a hacer es que accedan a la justicia gratuita aquellos que lo merezcan.

P. ?Con requisitos distintos?

R. Con una adecuaci¨®n de las cuant¨ªas. Que la utilicen quienes realmente no tienen recursos para litigar. Y que cada vez que se recurra a segunda instancia se vuelvan a evaluar las condiciones. A veces se producen abusos.

P. ?Qu¨¦ le parece que la Casa del Rey pidiera a I?aki Urdangarin que dejara sus negocios irregulares, cuando tuvo conocimiento de ellos, en lugar de denunciarlo?

R. En primer lugar, eso es algo que ha sido publicado pero no oficialmente comunicado por la Casa del Rey. Y, en segundo lugar, el Gobierno, en todos los casos, apoyar¨¢ siempre las actuaciones de la Casa del Rey.

P. Si lo hizo, ?lo apoya?

R. El Gobierno apoya, por supuesto, cualquier actuaci¨®n que realice la Casa del Rey.

P. ?Lamenta que Baltasar Garz¨®n haya sido apartado de la judicatura?

R. El Gobierno no se pronuncia sobre resoluciones del Supremo. Formule como formule la pregunta, no voy a pronunciarme.

P. Las v¨ªctimas del franquismo que acudieron al Supremo a pedir ayuda, ?deben recibirla?

R. Cualquier v¨ªctima de cualquier hecho delictivo tiene acceso a la tutela judicial efectiva.

P. ?Deben investigarse esos cr¨ªmenes?

R. Esa no es una decisi¨®n que corresponda al Gobierno.

P. ?Comparte la decisi¨®n del fiscal de no recurrir el veredicto del caso Camps?

R. Entiendo perfectamente los motivos que aleg¨®: en las sentencias dictadas por jurado es muy limitada la viabilidad del recurso.

P. ?Queda algo por investigar del 11-M?

R. Tenemos una sentencia. No pueden volver a juzgarse los hechos que fueron juzgados. Si aparecen datos nuevos, lo normal es que se investiguen.

P. ?Qu¨¦ va a hacer su ministerio para dar prioridad a la investigaci¨®n de los robos de ni?os ocurridos durante d¨¦cadas?

R. Vamos a coordinar el trabajo. Tienen que intervenir Interior, Sanidad, Justicia, las comunidades ¡ªporque muchos de los registros en sede sanitaria son custodiados por ellas ahora¡ª, la Agencia de Protecci¨®n de Datos y el Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa. Es un asunto de enorme complejidad, pero hay que ayudar a estas personas y lo vamos a hacer.

P. Varias sentencias del Supremo y del Constitucional obligan a que el castellano sea lengua vehicular en Catalu?a junto al catal¨¢n, aunque no dicen c¨®mo, y al final esa obligaci¨®n no se cumple. ?Hay forma de hacer que se cumpla??Prepara alguna medida el Gobierno o las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano solo tienen la salida de acudir cada vez a los tribunales?

R. Existen ya, como dice, varias sentencias que, como siempre, hay que respetar. Desde el Gobierno defenderemos siempre un biling¨¹ismo integrador en las escuelas y en las instituciones, el mismo que se vive en las calles.

P. En Espa?a hay tres millones de pleitos por resolver, cientos de miles de sentencias por ejecutar. En plena crisis, hay decenas de miles de millones de euros retenidos en los juzgados por casos sin resolver. ?Qu¨¦ har¨¢ para combatir ese atasco?

R. En este momento de crisis, la soluci¨®n no puede ser aumentar el n¨²mero de jueces. Hay que adecuar la justicia al siglo XXI, sacarla de los anclajes del XIX. Vamos a sacar de los juzgados todas las actividades no judiciales.

P. Ya apunt¨® a los matrimonios y los divorcios. ?Algo m¨¢s?

R. Vamos a presentar un proyecto de ley de Jurisdicci¨®n Voluntaria y ah¨ª se decidir¨¢. En Espa?a se resuelven al a?o 9,5 millones de asuntos; en Francia, seis millones. En otros pa¨ªses hay sistemas alternativos para resolver conflictos. Tenemos que introducir un cambio de cultura en Espa?a, con proyectos como el de la mediaci¨®n. La actuaci¨®n jurisdiccional debe ser el ¨²ltimo recurso.

P. En el caso de los matrimonios y divorcios, ?c¨®mo va a evitar que hacerlo en una notar¨ªa encarezca el tr¨¢mite?

R. Se pondr¨ªa un precio p¨²blico m¨¢ximo. Pero para el ciudadano esto no es un problema de coste. Casarse y divorciarse no es algo que se haga muchas veces.

P. En los casos de divorcios en los que hay menores, ?se har¨ªa tambi¨¦n por notario?

R. No. Si hay menores interviene el fiscal y eso debe ser ante un juez. Y en caso de conflicto tampoco se har¨¢ con notario. Hablamos solo de divorcios con mutuo acuerdo y sin menores.

P. ?Van a subir todas las tasas judiciales?

R. Se adecuar¨¢n todas, aunque solo en las de segunda instancia [para presentar recurso] la modificaci¨®n ser¨¢ sustancial. La justicia puede ser gratuita pero nunca es gratis: cuando el coste no lo soportan las partes, lo soportan todos los contribuyentes...

P. Eso se podr¨ªa decir de todos los servicios p¨²blicos.

R. Sin duda.

P. ?Hay que poner tasas en todos los servicios p¨²blicos?

R. No. Pero en este caso hablamos de cuando el ciudadano no se conforma con el servicio que ya se le ha dado. La segunda oportunidad, el recurso, no debe ir con cargo a impuestos. Si luego la segunda instancia da la raz¨®n al ciudadano, recupera el dinero.

P. ?Cu¨¢nto costar¨¢ poner recurso? ?El doble que ahora? ?Diez veces m¨¢s? ?Qu¨¦ tope se pone?

R. Lo estableceremos en los Presupuestos.

P. El modelo de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial que quiere cambiar porque dice que politiza la justicia lo pactaron PP y PSOE en 2003.

R. El modelo no ha funcionado como se pretend¨ªa, el sistema ha fracasado.

P. ?Se corre el peligro de pasar de la politizaci¨®n al corporativismo, porque las asociaciones de jueces tendr¨¢n mucho peso con el nuevo modelo?

R. En modo alguno. Estableceremos un sistema de elecci¨®n que garantice igualdad absoluta para todos los jueces, tanto si est¨¢n afiliados como si no.

P. ?Por qu¨¦ en un Estado aconfesional sigue habiendo crucifijos en colegios y edificios p¨²blicos?

R. Porque la libertad religiosa permite la existencia de s¨ªmbolos religiosos.

P. Pero solo est¨¢n los s¨ªmbolos cat¨®licos.

R. Yo hago m¨ªa la respuesta de Tierno Galv¨¢n cuando era alcalde y el PCE le pidi¨® que quitara el crucifijo del sal¨®n de plenos. Dijo: ¡°Por encima de cualquier creencia, este es un s¨ªmbolo de paz¡±. A nadie le puede molestar si se ve as¨ª.

P. ?El ministro Gallard¨®n es m¨¢s de derechas que el alcalde Gallard¨®n?

R. No (sonr¨ªe). Pensar eso es caer en la trampa del monopolio que se atribuye la izquierda sobre lo ¡°progresista¡±. Yo tengo el mismo impulso de rebeld¨ªa que he tenido siempre.

P. Usted fue la cabeza de algo que se llam¨® el gallardonismo. ?Lo echa de menos?

R. Echo de menos a las personas. El gallardonismo es m¨¢s literatura period¨ªstica. Yo he estado toda mi vida liderando proyectos, pero, cuando el presidente me ofreci¨® ser ministro, supe que eso era un cambio trascendente y definitivo. S¨¦ que este es mi ¨²ltimo espacio en pol¨ªtica. Cuando Mariano Rajoy abandone la pol¨ªtica, yo la abandonar¨¦ tambi¨¦n.

P. ?Renuncia definitivamente a intentar ser un d¨ªa presidente?

R. S¨ª, rotundamente. La sucesi¨®n de Mariano Rajoy est¨¢ en otra generaci¨®n.

P. Y aquello del verso suelto est¨¢ definitivamente enterrado.

R. Yo siempre dije que el verso suelto formaba parte del poema. Nunca he dejado de formar parte del poema.