La juez alega ¡°riesgo de fuga¡± al enviar a prisi¨®n al exdirector de los ERE

¡°Omiti¨® clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal¡±. Desvi¨® ¡°fondos p¨²blicos para su lucro personal¡±. Demostr¨® ¡°una absoluta falta de diligencia¡±. ¡°Permiti¨® el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces¡±. Estos argumentos sirvieron a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para decretar la madrugada de ayer prisi¨®n provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta de Andaluc¨ªa, Javier Guerrero. Alaya estima que podr¨ªa fugarse debido a las ¡°presiones externas¡± de terceros a los que podr¨ªa ¡°perjudicar claramente¡±.

Despu¨¦s de tres d¨ªas de declaraciones, prolongadas durante 20 horas, la juez justific¨® su decisi¨®n en la ¡°relevancia¡± del testimonio de Guerrero, dada la precaria situaci¨®n econ¨®mica y personal que padece y la gravedad de los delitos que le achaca. Para Alaya, pese a que el inculpado ha colaborado con la justicia, a¨²n conoce hechos delictivos que no ha desvelado a la investigaci¨®n.

La juez subraya en su auto de prisi¨®n que hay riesgo de fuga por ¡°las penas que llevan aparejadas¡± la malversaci¨®n y cohecho continuados (hasta 18 a?os de c¨¢rcel). Adem¨¢s, la magistrada subraya la ¡°repercusi¨®n medi¨¢tica del caso y la evidente alarma social creada¡±, y enfatiza la p¨¦rdida de ¡°cierto arraigo social y laboral¡±, al no poder incorporarse como funcionario de la Junta, que ha suspendido su reingreso. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa solicitado la prisi¨®n por las irregularidades que Guerrero cometi¨® durante casi una d¨¦cada (entre 1999 y 2008). A la fiscal¨ªa se le sumaron las acusaciones de la Junta, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscal¨ªa hab¨ªa pedido una fianza de 933 millones. Este dinero incluye las ayudas directas a empresas y para ERE concedidas por la Consejer¨ªa de Empleo, y que Anticorrupci¨®n considera est¨¢n dadas por un procedimiento ilegal. La Junta sigue defendiendo que el sistema (transferencias de financiaci¨®n en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control m¨¢s estricto) es legal.

Ante la petici¨®n de c¨¢rcel del fiscal, surgi¨® la unanimidad de las defensas, una circunstancia excepcional, que consideraron desproporcionada la medida por la clara colaboraci¨®n con la justicia que ha demostrado Guerrero y su nulo riesgo de fuga. Pero Alaya ignor¨® la unanimidad y dict¨® un auto en t¨¦rminos muy duros sobre los grav¨ªsimos delitos de los que le acusa.

La juez destaca c¨®mo ¡°en connivencia con otros¡± aprob¨® 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas a empresas pese a conocer su ¡°absoluta falta de competencia¡± para ello. La instructora destaca c¨®mo ¡°de manera manifiestamente injusta y arbitraria¡± concedi¨® ayudas p¨²blicas para favorecer a familiares y amigos, o personas pr¨®ximas al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE. Adem¨¢s, Alaya subraya c¨®mo estas ayudas contravienen la normativa europea y los empresarios no presentaron ni siquiera solicitud para recibirlas en la mayor¨ªa de los casos.

La concentraci¨®n de ayudas en la Sierra Norte sevillana, comarca de donde procede Guerrero, es muy llamativa: de 75 millones en subvenciones directas, 50 millones fueron a parar a sociedades de esta zona pese a contar con solo 30.000 habitantes. Alaya enumera c¨®mo favoreci¨® a familiares (su suegra percibi¨® una p¨®liza de 200.000 euros) y a numerosos amigos, adem¨¢s de beneficiar a su ch¨®fer, con quien supuestamente gast¨® parte de 900.000 euros en coca¨ªna y fiestas. ¡°Una distracci¨®n continuada de dinero p¨²blico, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo, para favorecer a personas o entidades¡±, concluye la magistrada.