La opacidad corrompe

Con una ley que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por la Generalitat de Valencia o por el Gobierno de Baleares, con una Ley de Transparencia que hubiera obligado a la Administraci¨®n andaluza a explicar detalladamente los gastos y financiaci¨®n de los ERE, si todas las administraciones p¨²blicas espa?olas hubieran estado obligadas a colgar de sus p¨¢ginas web las recalificaciones de terrenos y todo tipo de contratos esenciales, se hubiera podido luchar mucho mejor contra la corrupci¨®n que infecta nuestra sociedad, a todos los niveles, desde hace a?os.

La exigencia de que Espa?a contara con una ley similar a las Freedom Information Act, aprobada por pr¨¢cticamente todos los pa¨ªses de nuestro entorno, es antigua y ha sido ignorada durante a?os, Gobierno tras Gobierno, socialistas y populares, sin dar ninguna explicaci¨®n razonable. El resultado de ese gusto por el secretismo ha sido impedir que los ciudadanos (no solo los periodistas, sino los ciudadanos, en general) contaran con algunas de las mejores herramientas, internacionalmente reconocidas y contrastadas, en la lucha contra la eventual venalidad de los pol¨ªticos o la corrupci¨®n y corruptelas de las administraciones. No es casualidad que los pa¨ªses en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los pa¨ªses con menores ¨ªndices de corrupci¨®n y con mayor satisfacci¨®n ciudadana.

Las leyes de Transparencia, que obligan a los Gobiernos, nacional, auton¨®mico y local, a facilitar el libre acceso a toda la documentaci¨®n que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido, adem¨¢s, grandes impulsoras de administraciones eficaces y sociedades comprometidas. No se trata de una man¨ªa de los medios de comunicaci¨®n, sino de una garant¨ªa de los derechos ciudadanos y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organizaci¨®n, por muy democr¨¢tica que se proclame. Las nuevas tecnolog¨ªas permiten hoy d¨ªa el escrutinio de centenares, miles de datos, que, convenientemente relacionados y cruzados, en la mayor¨ªa de los casos por asociaciones ciudadanas y medios de comunicaci¨®n, permiten detectar r¨¢pidamente procesos dudosos o decisiones no justificadas.

En unos momentos de crisis y de desconfianza creciente hacia los pol¨ªticos, la transparencia se vuelve todav¨ªa m¨¢s imprescindible para un funcionamiento correcto de la vida p¨²blica. Abrumados por los recortes y los ajustes presupuestarios, los ciudadanos tenemos derecho a acceder f¨¢cilmente a los datos, documentos y estudios que llevan a nuestros pol¨ªticos a tomar las decisiones que adoptan.

?Por qu¨¦ no se pueden conocer en Espa?a, en un plazo razonable, los informes que elaboran los asesores econ¨®micos de La Moncloa y s¨ª se pueden analizar los que realiza el Consejo de Asesores Econ¨®micos del presidente de Estados Unidos? ?Por qu¨¦ no podemos conocer c¨®mo deliberan los miembros de la Comisi¨®n Ejecutiva del Banco de Espa?a y s¨ª leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos? ?Por qu¨¦ los suecos o los daneses pueden saber la lista de personas con las que se re¨²nen sus presidentes y ministros y los espa?oles deben permanecer en la ignorancia?

Es muy importante que la nueva legislaci¨®n alcance a todas las administraciones y todo tipo de organizaciones financiadas con dinero p¨²blico, porque la experiencia n¨®rdica ha demostrado que lo que resulta extraordinariamente ¨²til es poder controlar las decisiones que se adoptan en los niveles m¨¢s cercanos: ?Qu¨¦ ajuste se pedir¨¢ a cada hospital? ?Como los organizar¨¢ la administraci¨®n de cada centro sanitario? ?Est¨¢ justificado el recorte de programas sociales en cada ciudad y pueblo? ?En que se piensan emplear los recursos disponibles? ?C¨®mo y por qu¨¦ se deciden en Espa?a las prioridades de gasto, tanto a nivel estatal como de las autonom¨ªas?

La peor equivocaci¨®n posible ser¨ªa dejar el trabajo a medio hacer y que, despu¨¦s de tanto esperar, la ley no permitiera cumplir estos objetivos. La sociedad espa?ola necesita urgentemente un ba?o de transparencia, a todos los niveles, porque la situaci¨®n actual y el da?o causado por la opacidad de las distintas administraciones ha sido enorme. La informaci¨®n puede ayudar a mejorar la salud de nuestra democracia, fortaleciendo su responsabilidad. Si se va a exigir a los ciudadanos un sacrificio tan grande como el que se anuncia, lo m¨ªnimo es darle respuesta clara a preguntas elementales: ?Qui¨¦n ha tomado esa decisi¨®n? ?C¨®mo ha llegado a la conclusi¨®n de que es necesaria? ?Qu¨¦ datos se han manejado y que objetivos se persiguen?