Inhabilitaci¨®n de 10 a?os para los cargos que falseen y oculten datos

La obsesi¨®n del Gobierno es la credibilidad. Pero no tanto frente a los ciudadanos, sino frente a los mercados internacionales. La deuda espa?ola vivi¨® este viernes una nueva jornada dif¨ªcil, con la prima de riesgo disparada sobre 350 puntos y muy por encima de la italiana, algo que no suced¨ªa antes de la llegada de Rajoy al Gobierno. Una de las principales dudas de esos mercados es la capacidad del Ejecutivo para forzar a las comunidades a hacer un brutal recorte de 15.000 millones este a?o. El Gobierno quiso este viernes lanzar un nuevo gesto, en l¨ªnea con lo planteado hace unas semanas por Crist¨®bal Montoro, ministro de Hacienda, y present¨® una ley que crea un nuevo delito: el de ocultaci¨®n de facturas o falseamiento de datos contables, que llevar¨¢ aparejada una pena de inhabilitaci¨®n de hasta 10 a?os.

El anteproyecto que estudi¨® este viernes el Consejo de Ministros, y que ser¨¢ publicado el lunes, no contempla expresamente penas de c¨¢rcel, aunque s¨ª indirectamente: la pena m¨¢xima lleva aparejadas inhabilitaci¨®n y multa. Si esta ¨²ltima no se paga, la pena se transforma en c¨¢rcel.

La norma es fruto de un empe?o del Gobierno, en especial de Montoro, para ofrecer esta imagen de dureza, al margen de que finalmente tenga alguna efectividad y este delito llegue a aplicarse. La propia vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, dej¨® muy claro que precisamente se estaba intentando lanzar un mensaje a los mercados con esta nueva norma.

Se le pregunt¨® por la prima de riesgo, que precisamente est¨¢ evolucionando peor desde que el Gobierno anunci¨® el nuevo objetivo de d¨¦ficit del 5,8%, que despu¨¦s Bruselas oblig¨® a rectificar hasta el 5,3%. Y S¨¢enz de Santamar¨ªa contest¨® con la reforma: ¡°Lo que estamos haciendo es agilizar las reformas estructurales, y esta ley que presentamos hoy garantiza que se va a cumplir el d¨¦ficit. Desde que estamos en el Gobierno ha habido 11 subastas que no han ido mal. Es verdad que la prima esta ah¨ª, y con los Presupuestos acentuaremos nuestra credibilidad. Pero Espa?a cumple y va a cumplir, aunque el incumplimiento de otros nos arrastra. Por eso presentamos hoy frente a los que no gestionan bien y nos llevan a situaciones como las que hemos vivido¡±, sentenci¨®. Despu¨¦s aclar¨® que la ley no es retroactiva, como cualquier ley penal, pero s¨ª tir¨® contra el anterior Ejecutivo.

En realidad, fuentes del Gobierno admiten que la ley est¨¢ pensada para que no se repitan situaciones como las de algunas Administraciones, tambi¨¦n del PP, como el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad Valenciana, que ha dejado a deber centenares de millones de euros a proveedores ¡ªm¨¢s de 1.000 en el caso de Madrid¡ª.

Lo cierto es que la prima de riesgo obsesiona al Ejecutivo, como sucedi¨® antes con el ¨²ltimo gobierno del PSOE, y sin duda influir¨¢ en que los Presupuestos sean a¨²n m¨¢s duros de lo previsto. En estos d¨ªas se est¨¢n cerrando las ¨²ltimas batallas, en las que todos los ministros luchan para que a ellos les toque una carga menor del tajo. Oficialmente se siguen descartando grandes medidas pol¨¦micas, como la subida del IVA, aunque la soluci¨®n definitiva llegar¨¢ el viernes 30, ya con las elecciones andaluzas y asturianas resueltas.

Lo m¨¢s novedoso es el delito que se crea a trav¨¦s de una reforma del C¨®digo Penal incorporada en la llamada Ley de Transparencia. El delito no lo cometer¨¢n los funcionarios p¨²blicos, que ya tienen su propio r¨¦gimen, sino los responsables pol¨ªticos. S¨¢enz de Santamar¨ªa no aclar¨® si se est¨¢ pensando en presidentes auton¨®micos, consejeros o alcaldes. Dijo que, en cada caso, el que tenga la competencia para tomar la decisi¨®n de ocultaci¨®n.

La redacci¨®n de la ley dejar¨¢ claro que para que haya delito en la ocultaci¨®n o falseamiento de contabilidad tiene que ser ¡°a sabiendas y de forma id¨®nea para causar perjuicio econ¨®mico¡± a la Administraci¨®n ¡°o a su calificaci¨®n¡±. La pena ser¨¢ de uno a diez a?os de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico y una multa de seis a 12 meses.

El mensaje es muy duro, pero la condici¨®n de que la ocultaci¨®n tenga intenci¨®n de perjudicar hace pensar que el delito apenas se aplicar¨¢. S¨¢enz de Santamar¨ªa tambi¨¦n plante¨® otros comportamientos que, sin ser delito, acarrear¨¢n sanciones, entre ellas la destituci¨®n del cargo y la imposibilidad de volver a ser elegido por 10 a?os. Asumir compromisos sin presupuestar, el incumplimiento deliberado y reiterado de los objetivos de d¨¦ficit o deuda o no presentar planes de ajuste cuando se reclamen podr¨ªan llevar a esa destituci¨®n. Son, de nuevo, casos muy extremos.

Rajoy prometi¨® que habr¨ªa norma antes de cumplir 100 d¨ªas al frente de la Presidencia